La fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, tomó la decisión tras una denuncia formulada por el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y revelaciones del periodista Carlos Paredes, director del programa “Contracorriente”, de Willax Televisión.
La investigación busca determinar si Barreto divulgó de manera indebida las identidades de un testigo protegido y colaboradores eficaces en investigaciones bajo su cargo. Además, si incumplió con mantener la reserva de esas investigaciones, por presuntamente haber filtrado información.
Espinoza estableció un plazo de 60 días para realizar la investigación preliminar.
Los hechos denunciados
Bermejo formalizó denuncia contra Barreto el último martes mediante su abogado.
La acusación del congresista da cuenta de un testimonio del periodista Paredes. Este reveló que la fiscal le entregó información reservada sobre investigaciones en su contra en el 2023.
El congresista señaló en la denuncia que la presunta información entregada a Paredes podría contener la identidad de colaboradores eficaces. Además, implicaría que la fiscal no ha respetado la reserva de la investigación.
Bermejo – quien enfrenta un juicio por presunta afiliación a organización terrorista – dijo esperar que la fiscal sea retirada de su cargo mientras duren las investigaciones.
Entre otros detalles, el congresista destacó que Barreto ha respondido públicamente al periodista. Y en sus declaraciones no ha negado haberse reunido con este. Tampoco ha desmentido que sea su voz la que se escucha en audios grabados por Paredes subrepticiamente.
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En tanto, Paredes dijo el último lunes que Barreto también reveló su identidad como testigo protegido en otra investigación relacionada a un caso de corrupción. Señaló que ha puesto en peligro su integridad.
El artículo 409-B del Código Penal establece que quien revela indebidamente la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, agente encubierto o especial, o información que permita su identificación, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Además, cuando el delito lo comete un funcionario o servidor público, que por el ejercicio de su cargo tiene acceso a la información, la pena será de entre cinco y siete años años de cárcel, e inhabilitación.
En tanto, el funcionario que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa.
Acciones urgentes
La fiscal suprema dispuso recoger, con urgencia, la declaración testimonial del periodista. Lo ha convocado para este viernes 4 y el próximo miércoles.
En esas citaciones, le pedirá que entregue los medios probatorios que sustentan las sindicaciones que realizó contra Barreto. Recientemente, Paredes precisó que ya entregó a la Autoridad de Control del Ministerio Público un audio de 18 minutos, que incriminaría a Barreto.
“He entregado el audio íntegro, seguro que lo sometarán a peritaje y verán que no está editado. Lo he entregado porque la autoridad me lo ha solicitado formalmente”, dijo a RPP el último lunes.
El audio, según precisó el periodista, data de septiembre del 2023. Se trata de una conversación que sostuvo con Barreto sobre – según su versión – la entrega de un dispositivo USB con información reservada de investigaciones contra Bermejo.
“Teníamos una relación fluida y con respeto. La mala relación empieza cuando nosotros, como programa, empezamos a criticar al Eficcop. […] Ella me manda a denunciar penalmente con una fiscal de Eficcop”, dijo.
Barreto será citada a declarar para el viernes 11 de octubre.
La fiscalía también dispuso realizar con urgencia la visualización, escucha y transcripción del programa “Contracorriente” emitido el último 29 de septiembre, así como las entrevistas que Paredes y Barreto concedieron a RPP el último lunes.
Por último, entre otras diligencias, citará para el miércoles 9 y jueves 10 de octubre al fiscal Jorge García Juárez, autor de un informe que presuntamente Barreto entregó al periodista.
Rechaza las acusaciones
Barreto ha negado las sindicaciones en su contra. El último lunes rechazó haber filtrado información y dijo ser víctima de una campaña que busca su salida del Ministerio Público.
“Durante varios meses vengo siendo perseguida, insanamente diría yo […]. Se ha tocado mi honor, se ha tocado mi reputación, fácilmente se endilga hechos totalmente ajenos a la verdad”, dijo en diálogo con RPP.
Este Diario buscó contactarla sin éxito tras conocerse el inicio de la investigación preliminar en su contra.
Barreto es coordinadora del Eficcop desde que ese equipo especial de fiscales fue creado en el 2022.
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En noviembre del 2023, la otrora fiscal de la Nación Patricia Benavides, investigada por presuntamente integrar una organización criminal, la retiró del cargo. No obstante, semanas después fue reincorporada por Pablo Sánchez.
Más información
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha pedido a la Universidad Alas Peruanas información sobre la obtención del grado académico de Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la fiscal Barreto. Esto tras una denuncia periodística sobre presuntas irregularidades y favorecimientos indebidos.
La Sunedu dio 10 días hábiles a la universidad para que remita la información. El pedido incluye, entre otros documentos, la relación de los académicos que evaluaron la tesis de la fiscal y el acta de la sustentación de ese trabajo.
