La decisión fue adoptada por el juez Rafael Fernández Ríos, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Locumba, quien declaró fundada la solicitud presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna. La medida cautelar alcanza un monto de S/ 1.3 millones y busca asegurar una eventual reparación civil en caso de que el proceso penal concluya con una sentencia condenatoria.
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Entre los bienes afectados figura un inmueble de propiedad de Mario Vizcarra, ubicado en Moquegua. Sobre este predio, el juzgado ordenó trabar un embargo en forma de inscripción hasta por S/ 100 mil, además de imponer una inhibición que impide al candidato presidencial disponer o gravar el bien mientras dure la medida.
La resolución también alcanza tres bienes de César Vizcarra: un predio valorizado en S/ 100 mil, un inmueble por S/ 40 mil y el 50% de los derechos sobre un predio rural valorizado en S/ 1.1 millones.
El caso
El proceso penal que da origen a esta decisión judicial se refiere a presuntos actos de colusión agravada cometidos en la Municipalidad Distrital de Ilabaya en el 2018, durante la ejecución de la obra denominada “Construcción de Defensa Ribereña y Encauzamiento del Río Ilabaya y Locumba en los sectores de Chejaya, Ilabaya, Mirave y Oconchay”.
Según la investigación fiscal, los hermanos Vizcarra habrían participado, junto con autoridades y funcionarios municipales, en una serie de actos concertados destinados a defraudar al municipio mediante contrataciones irregulares de alquiler de maquinaria pesada.
El juzgado resume las imputaciones en tres hechos. El primero se refiere a la aprobación irregular de una declaratoria de emergencia en el distrito de Ilabaya, sustentada en reportes de puntos críticos de inundación emitidos por la Autoridad Nacional del Agua. Esta situación de emergencia, declarada por 80 días, habría sido utilizada para justificar contrataciones directas sin proceso de selección.
Según la hipótesis fiscal, las contrataciones fueron direccionadas a favor del proveedor Isladio Castro Barrios, quien habría actuado como postor debido a que los hermanos Vizcarra no podían contratar directamente con el Estado por su vínculo familiar con el entonces presidente Martín Vizcarra.
El segundo hecho se refiere al presunto pago irregular de servicios de alquiler de maquinaria que no habrían sido prestados conforme a lo estipulado en los contratos. En este punto, se sostiene que funcionarios municipales habrían concertado con Mario y César Vizcarra para autorizar pagos por servicios inexistentes o incompletos, ocasionando un perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Ilabaya.
El tercer hecho está relacionado a un nuevo direccionamiento del alquiler de maquinaria durante el primer semestre del 2018, en el que se habría vuelto a utilizar a Isladio Castro como proveedor, eludiendo procesos de licitación pública y priorizando su contratación pese a presuntos incumplimientos contractuales.
Para el juzgado, estos hechos, evaluados de manera conjunta, configuran indicios racionales de la comisión del delito de colusión agravada, ya que evidenciarían una concertación ilícita entre funcionarios públicos y particulares para defraudar al Estado.
Elementos de convicción
En su solicitud, la procuraduría acompañó diversos elementos de convicción, entre ellos declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, actas de corroboración fiscal, documentos contractuales y registros hoteleros.
La resolución menciona, por ejemplo, la declaración del testigo N° TC-003-2019, quien relató reuniones previas entre los hermanos Vizcarra y funcionarios municipales en hoteles de Moquegua, vinculadas al alquiler de maquinaria a nombre de Isladio Castro. Además, mencionó un acta de corroboración del testigo N.º 04-2019 y una carta de la administradora de un hotel que acredita el hospedaje de autoridades de Ilabaya en el 2018.
También se valoraron declaraciones de colaboradores eficaces identificados con los códigos 09-2019, 11-2019, 14-2019 y 15-2019, que describen la supuesta concertación para declarar la emergencia, direccionar las contrataciones y autorizar pagos indebidos.
A ello se suman los contratos suscritos con Isladio Castro para el alquiler de maquinaria pesada, por montos que superan el millón de soles en conjunto, lo que permite al juzgado dimensionar la magnitud económica del presunto perjuicio al Estado.
El juez concluyó que el monto total del embargo es congruente con la pretensión civil formulada por la procuraduría al constituirse como actor civil. Además, señaló que la medida es idónea y proporcional para garantizar que, de establecerse responsabilidad penal y civil, el Estado pueda ejecutar la sentencia y resarcir el daño ocasionado.
Mario Vizcarra registra una condena por el delito de peculado, antecedente que consignó en su declaración jurada de hoja de vida. Pese a ello, Perú Primero lo presentó como su candidato presidencial en reemplazo del exmandatario Martín Vizcarra, quien cumple actualmente una pena de 14 años de prisión por el delito de cohecho.
Descargos
El exministro Alejandro Salas, candidato al Senado por Perú Primero, aseguró que el caso responde a una “intromisión del sistema de justicia” en la campaña electoral.
“No es extraño que operadores del sistema de justicia se metan en las campañas políticas. Ahora lo hace un procurador, y le hacen caso y le dan pie a esta solicitud”, señaló en diálogo con El Comercio.
Salas argumentó que los hermanos Vizcarra no contrataron con el Estado.
“Ellos subarrendaron maquinarias a quien se las pidió, que era un privado. Que este privado haya tenido contratos con el Estado y haya cumplido o no, es problema de él”, señaló.
De acuerdo con Salas, la maquinaria fue alquilada “sin preguntar para qué”.
El Comercio buscó directamente a Mario Vizcarra para obtener sus descargos, pero hasta la publicación de esta nota no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
