El hermano del expresidente formalizó la presentación de su candidatura a la presidencia de la República por el Partido Político Perú Primero para las Elecciones Generales del 2026. Lleva al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Carlos Illanes Calderón, como candidato a la primera vicepresidencia y a Judith Carla Mendoza Díaz para la segunda vicepresidencia.
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El ingeniero y empresario también postula como cabeza de lista para el Senado en el próximo Congreso Bicameral.
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Mario Vizcarra, como se recuerda, entró al escenario político en medio del proceso judicial y posterior juicio oral de su hermano Martín Vizcarra, quien terminó condenado a 14 años de cárcel por el delito de cohecho. El exmandatario venía haciendo campaña política con miras a las Elecciones Generales de 2026.
Sin embargo, el Poder Judicial lo halló culpable de haber cobrado S/2,3 millones en sobornos por parte de las constructoras Obrainsa e ICCGSA, implicadas en el Club de la Construcción, a cambio de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.
Fue allí que Mario Vizcarra ocupó oficialmente el lugar dejado por el exmandatario, quien actualmente cumple condena en el Penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.

El Comercio se comunicó con Vizcarra Cornejo, quien de manera escueta señaló que todo sus temas judiciales estaban “aclarados”.
“Todo mis temas judiciales están totalmente aclarados. Hoy priorizo las festividades Navideñas”, dijo.
Una condena y otras investigaciones
La situación judicial de Mario Vizcarra no es distinta a la de su hermano Martín. Y es que, de acuerdo a su hoja de vida, presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el candidato presidencial del Partido Político Perú Primero consignó que fue condenado por el Poder Judicial (PJ) por delito contra la Administración Pública en la modalidad de “Peculado”.
Según el registro, su condena se tramitó en el Expediente Nro. 015 – 05 ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia Moquegua. Fue una sentencia “suspendida” que quedó firme en octubre del 2005.


Actualmente la pena se encuentra cumplida, por lo que Vizcarra Cornejo precisó en su hoja de vida que se encuentra “rehabilitado”.
¿Pero de qué trata el caso? Si bien el candidato presidencial no ha detallado el plazo de la condena y tampoco los hechos, El Comercio pudo conocer que Vizcarra Cornejo fue procesado junto a Luis Dante Zubia Cortez como exfuncionarios del desaparecido Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua-CTAR Moquegua (Hoy Gobierno Regional) por haber cobrado doble remuneración.
El caso se desprendería de un proceso administrativo que ha quedado registrado en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 570-2003-GR-MOQ del 10 de noviembre del 2003, cuando se dispuso sancionar a Vizcarra Cornejo y otros con la medida de destitución.
Además, en ese momento, se les aplicó la sanción de inhabilitación para el desempeño en la administración pública, bajo cualquier forma o modalidad, por un período de cinco años.
Según se determinó en el proceso el ahora candidato presidencial “cobró irregularmente” por concepto de remuneraciones por S/.6,114.54, Incentivo Laboral por S/. 6,033.24, Bonificación Escolar S/.300.00, haciendo un monto total de S/.12, 447.78.
Señala el documento, Vizcarra tuvo una relación contractual con el PNUD desde el 2 de enero del 2001 al 31 de julio del 2001, percibiendo mensualmente durante este período de tiempo la suma de US$ 2,000, con la prohibición expresa en la cláusula XIII, de no aceptar ningún honorario, favor o presente de cualquier forma ajena al proyecto.
Pese a ello, de acuerdo al informe administrativo, Vizcarra Cornejo cobró “indebidamente sus remuneraciones, bonificación especial remuneración administrativa entregas del CAFAE”, haciendo un monto total de S/. 12.447.78, que según la cláusula XIII del contrato estaba prohibido de cobrar.
Luis Dante Zubia Cortez, uno de los implicados y sancionados en dicho proceso administrativo, ha participado en procesos electorales desde el 2010, también consignó en sus hojas de vida presentadas al JNE, haber sido condenado en el Expediente Nro. 015 – 05 por el delito de peculado. Es decir, el mismo expediente consignado por Vizcarra Cornejo.

Zubia Cortez da más detalles y precisa que se le impuso dos años de pena privativa de libertad suspendida. Incluso, llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional (TC) cuando se le impidió participar en las elecciones del 2018, puesto que debido a la sentencia, declararon improcedente su solicitud para inscribirse como candidato a alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en las Elecciones Municipales del 2018.

Allí también detalló haber sido condenado por el delito de peculado en perjuicio del Estado, al haber cobrado doble remuneración.
La sanción administrativa fue dada a conocer por el portal “Territorio Tomado” semanas atrás, sin embargo, en ese momento Vizcarra Conejo no señaló que fue condenado por el delito de peculado.
En declaraciones al programa “La Verdad a Fondo”, el candidato Vizcarra refirió que se trató de un tema administrativo. Aseguró que en ese momento el sueldo era muy poco y que el PNUD daba un bono adicional a la remuneración estatal y que todos los expresidentes del CTAR lo recibieron.
“(Pero, ¿lo sancionaron?) Por un tema administrativo, me sancionaron, porque decían que no me correspondía. Pero no me sacan por eso. Es una investigación que va años después y hay una sanción administrativa”, dijo Vizcarra Cornejo.

Mario Vizcarra, además, viene siendo investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y peculado doloso, por un posible direccionamiento para la contratación de maquinaria de la empresa CyM Vizcarra, para la habilitación de una obra de defensa ribereña en el río Ilabaya y Locumba, a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.
De acuerdo a informes de la época, en el 2021, el fiscal anticorrupción Ludwing Flores Valdivia, formalizó la investigación preparatoria por 36 meses, un año después de abrir la investigación Además, solicitó comparecencia restringida en contra del ahora candidato presidencial.
También fue implicado en un investigación por presunto tráfico de influencias vinculado a un favorecimiento de una empresa constructora con el Fondo Mi Vivienda y cuyos dueños son conocidos suyos.
Esto quedó consignado en la Carpeta Fiscal N.° 251-2020 de Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima, conformada por 56 tomos. Durante su declaración a la fiscalía, Vizcarra Cornejo negó haber tenido alguna participación en la inscripción de la empresa de sus conocidos en el Fondo MiVivienda.

El pasado mes de noviembre la fiscalía anticorrupción solicitó al Poder Judicial el archivo de la investigación.
El pedido de archivo se vincula a la imposibilidad de la fiscalía para incorporar nuevos datos a la investigación, por lo que no existen elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento.













