Luz Ibáñez fue designada en el 2025 como candidata del Perú para integrar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, pero señala que las recientes declaraciones del canciller Hugo de Zela, quien afirmó que el gobierno no apoyará la postulación, son únicamente a título personal. El funcionario argumentó que esto se debía a amonestaciones internacionales, haciendo alusión a las sanciones impuestas por Estados Unidos a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), entre los que se encuentra Ibáñez.
La abogada peruana apunta a presuntos intereses de un pequeño sector del Poder Ejecutivo para anular su candidatura.
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Ibáñez también se refirió a la coyuntura internacional, que en el inicio de este año estuvo marcada por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, indicando que esta no tiene relación alguna con los casos por los que el caído dictador venezolano viene siendo investigado en la CPI.
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—¿Cómo describiría en este momento el estado de su candidatura para la corte internacional de La Haya?
Después de que el nuevo gobierno de transición asumió funciones, no volví a tener ninguna comunicación con Cancillería y había un proceso detenido. Hace 15 días vine al Perú para hablar con el presidente José Jerí y el ministro de Relaciones Exteriores, y había solicitado formalmente desde la CPI que me recibieran para una visita y hablar de estos temas que son de interés para el Perú y para su imagen internacional.
A raíz de las sanciones económicas contra mi persona y otros ocho jueces de la CPI por hacer nuestro trabajo de manera imparcial e íntegra, hemos recibido muestras de solidaridad internacional. Me han visitado, se me han hecho preguntas y también se mostró apoyo a mi candidatura a la Corte de La Haya.
—¿Qué ha cambiado en la candidatura?
Una visita fue pactada para el viernes 9 y ese mismo día por la mañana se me informó a través de terceros que esta se había suspendido y que se reprogramaría, pero no me dieron explicaciones. A partir de eso, comencé a ver un proceder sinuoso. El canciller tampoco me contestaba, a pesar de haberle pedido reunirnos desde noviembre, incluso de forma virtual.
Mi candidatura fue presentada oficialmente por el Estado peruano el 6 de marzo del año pasado y se enviaron notas diplomáticas a las cancillerías de todos los gobiernos de los 193 países que integran la ONU, que van a ser los electores. Además, se dieron instrucciones generales a nuestras embajadas alrededor del mundo para que empezaran un trabajo de campaña. No fue decisión de un día ni de un funcionario, fue una decisión de Estado y fue un proceso de que duró casi un año.
No es solamente que no he sido recibida, sino que he sido maltratada en mi condición de alta autoridad internacional, habiendo sido ex vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, cuyos protocolos están siendo violados absolutamente, incluyendo inmunidades y privilegios, por el señor ministro de Relaciones Exteriores. Ignoro si el presidente de la República ha sido comunicado, porque lo único que he sabido fue a través de unas declaraciones puntuales del señor ministro, quien dijo que el Estado peruano ha decidido no continuar con mi candidatura por sanciones (de Estados Unidos) a la CPI.
Si el señor canciller tenía dudas o cuestionamientos sobre alguna sanción que pueda afectar mi postulación, para solucionar eso le había pedido una reunión aquí hace 15 días y no he podido siquiera conversar por un principio o protocolo de diplomacia mínimo.
«No he sido recibida, sino que he sido maltratada en mi condición de alta autoridad internacional»
—¿Por qué sigue siendo importante que el Perú tenga presencia en La Haya con un representante?
El Perú, como cualquier país, no vive aislado sino en una aldea global y en la era de la globalización. De la Corte Internacional de La Haya, que está destinada a resolver los litigios legales entre países, sean políticos, de violación de tratados o vulneración de las convenciones sobre derechos son de vital importancia porque impactan a todo el mundo. Las decisiones que tome la corte internacional de justicia no son solamente para los países, deben ser acatadas por el mundo entero, porque son decisiones largamente pensadas y con desarrollo en derecho inéditos.
Para la imagen de este país resultaría altísimamente relevante tener un juez, una figura que no ha tenido desde hace 60 años cuando el señor expresidente Bustamante y Rivero llegó a la CIJH.
Cómo jueza de la CPI he trabajado arduamente en el desarrollo del derecho internacional en jurisprudencia, que no había tenido grandes avances después de los juicios de Núremberg contra los nazis. Mi labor ha consistido, por ejemplo, en desarrollar temas sobre protección de víctimas, debido proceso o aplicación de los tratados en los países y más. Estos casos son estudiados en este momento por las principales universidades y academias del mundo. Ese reconocimiento internacional es el que me coloca como posible candidata del país para la otra corte, lo que sería solamente una continuación de mis tareas.
Ignoro si (la decisión) ha sido tomada por el Consejo de Ministros a nombre del Estado o el señor Hugo de Zela ha hablado por sí mismo. Él está equivocado, no representa al Estado peruano para empezar y mucho menos puede impedir con sus dichos que se cumpla la decisión estatal tomada en un proceso largo.
CONTEXTO INTERNACIONAL
—Teniendo en cuenta que se ha vivido un debate grande sobre la importancia del derecho internacional con casos como los de Venezuela y Groenlandia, ¿cuál es el panorama que usted observa?
Con la labor de ser juez en el Perú no me voy a meter, pero creo que, salvando las distancias, la posición es la misma. Ser juez internacional es una labor no solamente muy sacrificada y dura, no exenta de riesgos, aunque no debería ser así. Los jueces nos debemos solo al derecho y yo me debo solo a este y a mi conciencia.
Sí es cierto que está siempre la tentación del poder, sea a nivel nacional o internacional, de querer avasallar la independencia de los jueces. A eso responden las sanciones de Estados Unidos que han sido hechas contra la corte: no es una cuestión personal, algo contra mi persona o el Perú mucho menos, es contra la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma a través de sus funcionarios.
Primero sancionó a los fiscales, eso empezó hace algunos años contra la entonces fiscal Fatou Bensouda, luego a Karim Khan y sus dos adjuntos. Luego sancionó a un grupo de jueces por el caso de Benjamin Netanyahu y luego a nosotros, los de apelaciones por el caso Afganistán y así sucesivamente porque a (EE.UU.) no le gusta lo que la corte hace. Quieren ir más allá para ver si así cambiamos de opinión, algo que no van a lograr porque mis colegas y yo seguimos firmes en nuestra función.
En mi caso particular, estoy muy orgullosa del trabajo que hago y me da mucha pena que el señor canciller pretenda decir que (se desiste de mi candidatura a La Haya) por sanciones uno u otro tipo. Nos han venido sanciones de Rusia y de todo lado siempre por lo mismo, porque se quiere atacar nuestra independencia.
«Donde hay alguien que piensa que está por encima de la ley o por encima del derecho no solamente van a haber vulneraciones graves a la legalidad sino también violencia»
—¿Cómo ha visto a la distancia lo que ha sucedido con Venezuela? ¿Qué significa un caso como este para el derecho internacional?
El tema reciente de Venezuela, como tal, no es un caso para la CPI, pero sí lo es el caso de la investigación de presuntos crímenes de jurisdicción de la corte como los relacionados a los derechos humanos que hace mucho tiempo que se vienen siguiendo como una investigación preliminar. No puedo hablar más sobre el caso específico porque sigo siendo jueza de la corte.
Como persona y abogada puedo decir que el derecho internacional es la base de la paz. Allí donde hay alguien que piensa que está por encima de la ley o por encima del derecho no solamente va a haber vulneraciones graves a la legalidad —algo que ya es bastante— sino también violencia y conflicto.
Solamente cuando se respetan los convenios, tratados y todo lo que garantiza el orden jurídico internacional podemos hablar de intervenciones legítimas o legales. Donde haya algo en contra del derecho o en contra las convenciones, ese accionar no puede ser avalado.
La política no está por encima del derecho, tiene que estar al servicio del derecho porque el derecho es lo único que garantiza la convivencia humana pacífica. De ser así no existirían las cortes internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional.
—¿La captura de Nicolás Maduro por EE.UU. dificulta que en un futuro pueda ser procesado por los cargos de derechos humanos de los que se lo acusa?
La CPI tiene un área muy específica y ha asumido jurisdicción sobre cierto tipo de conductas ilícitas, no solamente en el expresidente Maduro, sino probablemente contra otros actores. Yo no tengo la lista de estos porque el caso todavía no ha llegado a las autoridades judiciales, sigue en fiscalía.
Lo que sí puedo decir es que este caso (de derechos humanos) no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela a inicios de año, es un asunto totalmente diferente a los procesos legales de la CPI, cada proceso tiene su camino. Por supuesto que la corte seguirá trabajando porque no tiene nada que ver con las intervenciones externas.
Nosotros procesamos únicamente los crímenes más graves que afectan la conciencia de la humanidad, que son cuatro: el genocidio, los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los de agresión. Tengo entendido de manera general que las acusaciones que ahora enfrenta el señor Maduro son totalmente diferentes.
