Cada vez es más repetitivo el argumento de que una o varias organizaciones criminales están operando en el Congreso. Muchas de las acciones de los congresistas propician estas alegaciones, pero aun así considero que se sobredimensiona las capacidades de los legisladores atribuyéndoles grandes liderazgos o aptitudes de articulación a favor o en contra de determinadas agendas.
Para los que siguen los debates en comisiones o en el pleno, es fácil identificar la incapacidad de los parlamentarios para articular o apalancar ciertos temas. Son más los gritos –y las filtraciones de audio– que el debate o las maniobras estratégicas. Por el contrario, lo que vemos constantemente son negociaciones muy evidentes y burdas, actores muy identificables y más fracasos que logros.
Estamos frente a un panorama legislativo en el que impera la inexperiencia en todo el sentido de la palabra: parlamentaria y política. Las grandes negociaciones provienen desde fuera y, para esto, pongo dos ejemplos claros: las elecciones de la Mesa Directiva (decididas en la casa de la avenida Salaverry de los Acuña) y la Junta Nacional de Justicia (en la que no pudieron, a través de investigaciones forzadas o leyes, destituir a sus integrantes ni elegir a los nuevos, por lo que los partidos interesados recurrieron a métodos externos).
Es innegable que los sectores ilegales logran penetrar el Congreso, pero esto no es algo nuevo o propio del actual Parlamento. Lo que sucede hoy es que identificamos esos intereses ilegales con mayor claridad gracias a la poca experiencia de los legisladores para tapar sus huellas. Lo que tenemos son economías ilegales surfeando ante una representación informal que no responde a nadie (ni a sus bancadas ni, mucho menos, a sus partidos) y que solo están buscando cualquier oportunidad para sacar ventaja del puesto.
Dos datos para dimensionar lo que priorizan los actuales legisladores: 91 ganan más del doble de lo que recibían antes de su elección y familiares de 30 congresistas contrataron con el Estado (revelación de Ojo Público). Estamos, pues, ante legisladores que se mueven por un salario mejor (con bonos y mochadas de sueldo), viajes internacionales, puestos de trabajo para sus familiares y otras gollerías para favorecer a sus entornos o pensando en un futuro cuando dejen el cargo.
Esto no quita que tengamos parlamentarios representantes de sectores informales, pero son justo estos sectores donde mayor facilidad encuentran las economías ilegales para filtrar sus intereses. Sobre representación informal, la podemos ubicar tanto en las bancadas como en la propia Mesa Directiva. Con un país con un 70% de informalidad, lo raro sería que no tengamos un Congreso con alta representación informal.
El panorama no va a cambiar hasta el 2026 y la única esperanza es que el terreno electoral nos regrese a dinámicas pasadas, donde las bancadas de derecha no se toman de la mano con bancadas de izquierda y adopten posturas más centristas. La mayor diferencia con períodos anteriores es que siempre existió un bloque de legisladores que ponían límites, ya sea por defender trayectorias propias o de sus partidos. Hoy no tenemos eso, pues los representantes de derecha e izquierda no tienen liderazgos y terminan, en la mayoría de los casos, abriendo la puerta de par en par a intereses ilegales.
