El pasado 14 de noviembre, Carolina Velasco Nalvarte fue designada titular de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) mediante resolución firmada por el ministro Vicente Tiburcio. La DGIN es la oficina con mayor influencia política en el sector Interior, pues propone el nombramiento de prefectos y designa directamente subprefectos en el país.
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La Unidad de Investigación de El Comercio pudo corroborar que Velasco afronta una denuncia por usurpación vinculada al presunto forzamiento y cambio de chapas de un inmueble en Sullana, proceso iniciado en el 2020 y que continúa en trámite en la fiscalía. A ello se suma una denuncia archivada por lesiones y abuso de autoridad presentada en el 2021, tras una intervención nocturna en la que se habría producido un ingreso sin orden judicial y con agresiones.
Consultada al respecto, Velasco aseguró que las denuncias en su contra fueron “malintencionadas”. En un inicio, la funcionaria indicó que todas las denuncias en su contra estaban archivadas, pero solo entregó documentación que acreditaba el desistimiento de dos casos y terminó reconociendo que el de usurpación seguía en curso.
Mientras tanto, desde el Ministerio del Interior la respaldaron indicando que las investigaciones previas o procesos judiciales en curso “no constituyen impedimentos automáticos según la ley”.
Vínculos políticos
La actual directora general postuló al Congreso por Somos Perú en el 2020. Posteriormente, fue designada como prefecta regional de La Libertad durante el gobierno de Martín Vizcarra. Pero las relaciones políticas de Velasco no solo se circunscriben al círculo del partido de gobierno, sino que también están estrechamente ligadas a Alianza para el Progreso (APP).
Tres fuentes consultadas por este Diario aseguraron que Velasco es una abogada muy cercana a César Acuña. Trabajó junto al hoy candidato presidencial en el Gobierno Regional de La Libertad en el 2022 y apareció múltiples veces con él en actos públicos. También fue parte, como persona de confianza, de su equipo de transferencia.
En el 2023, al retomar el cargo de prefecta de La Libertad, Velasco protagonizó enfrentamientos públicos con el entonces alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, principal opositor político de César Acuña en la región. Tras uno de estos altercados, fue denunciada por presunta perturbación de reunión pública, relacionada con una fiscalización en el estadio Mansiche.
En el 2024, dejó la prefectura y fue ascendida a la Dirección de Autoridades Nacionales del Mininter. Su designación fue suscrita por el actual candidato al Senado por APP: Juan José Santivañez. Durante dicho período, APP lideró 141 espacios –entre prefecturas y subprefecturas– convirtiéndose en el partido con mayor influencia.
Además, Velasco figura como exsocia de la empresa Tractovías Contratistas Generales S.A.C., la misma que se adjudicó obras en el sector público, principalmente en La Libertad durante la gestión de César Acuña.
Sin filtros
Desde que José Jerí asumió la presidencia, se han designado 24 subprefectos. Once de ellos registran vínculos partidarios y postulaciones electorales.
En Áncash, por ejemplo, fue nombrada subprefecta Amelia Mayela López Zarzosa, exmilitante de APP, quien enfrenta una denuncia por lesiones leves seguidas de muerte ocurrida en 2021.
También figuran Emilia Pari Pérez, denunciada en el 2021 por lesiones y Patricia Tomás Huamán, quien registra procesos por usurpación, delitos ambientales y antecedentes de violencia familiar.
Si bien el Mininter sostuvo que los filtros están a cargo del Viceministerio de Orden Interno, reconoció que la revisión de antecedentes se limita únicamente a los últimos tres meses. Además, precisó que no existe impedimento legal, al tratarse de “autoridades políticas que representan al Poder Ejecutivo”.
Por Fiorella Cubas
