El expresidente de Bolivia, Luis Arce, enfrenta una causa judicial por enriquecimiento ilícito que lo mantiene detenido desde diciembre del 2025 en el penal de San Pedro, ubicado en La Paz.
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, enfrenta una causa judicial por enriquecimiento ilícito que lo mantiene detenido desde diciembre del 2025 en el penal de San Pedro, ubicado en La Paz.
Arce se encuentra bajo prisión preventiva por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencia, que habrían sido cometidos durante su etapa como ministro de Economía en la presidencia de Evo Morales. Pese a que el antiguo funcionario presentó a la justicia boliviana un pedido de prescripción de esas acusaciones, su solicitud fue denegada a fines del mes pasado.
Fotografía de archivo del 21 de octubre de 2025 del expresidente de Bolivia Luis Arce hablando en una entrevista con EFE en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas ARCHIVO
/ LUIS GANDARILLAS
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El antiguo escudero y hoy enemigo de Morales no es el único miembro de su familia envuelto en problemas legales, ya que en diferente medida sus tres hijos se encuentran inmersos en otros procesos de esta naturaleza. Rafael Arce, el segundo de ellos, fue implicado formalmente esta semana en una causa fiscal.
El lunes 3 se presentó una acusación formal contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, segundo hijo del exmandatario que es investigado por enriquecimiento ilícito. El proceso abierto por el Ministerio Público de Bolivia apunta a desbalances patrimoniales reflejados en transacciones consideradas sospechosas y la compra de diversas propiedades.
En particular, las pesquisas apuntan hacia la adquisición —por medio de un crédito millonario— de una hacienda llamada Adán y Eva en Santa Cruz, además de otros siete inmuebles en el mismo departamento de Bolivia, propiedades en el sur de La Paz y vehículos de alta gama.
La Fiscalía boliviana sostiene que dicho patrimonio no corresponde con los ingresos de Arce Mosqueira y asegura haber recaudado una treintena de elementos que probarían la irregularidad de esas compras, entre los que se encuentran movimientos de dinero estimados en 20 millones de bolivianos, equivalentes a 1,65 millones de dólares.
El Ministerio Público había citado a Rafael Arce a una audiencia cautelar el 22 de enero de este año, a la cual el imputado no se presentó, siendo declarado en rebeldía. Desde entonces ha permanecido en la clandestinidad y las autoridades bolivianas han solicitado a la Interpol que se le imponga una notificación roja para su localización en el extranjero.
Miguel Cardozo, fiscal a cargo del caso, señaló en enero que al segundo hijo de Luis Arce se le había impuesto una alerta migratoria en octubre del año pasado, por lo que, si llegó a salir de Bolivia, fue manera irregular.
El Ministerio Público boliviano solicita hasta ocho años de prisión para el prófugo de 26 años, la máxima sanción estipulada para causas de enriquecimiento ilícito.
El primogénito del antiguo presidente boliviano ha sido objeto de varias investigaciones, que van desde corrupción hasta violencia familiar.
Los primeros reportes de un accionar irregular del mayor de los hermanos Arce se remontan al 2023. Por entonces, Luis Marcelo Arce Mosqueira había sido acusado de mediar, a pesar de no tener cargo público, entre el Estado y compañías extranjeras como Lilac Solutions y Uranium One, las cuales estaban interesadas en proyectos vinculados a la explotación de litio.
La captura de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, junto a agentes de Policía, en Santa Cruz, Bolivia, el 18 de marzo de 2026. (Policía de Bolivia / EFE)
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Las acusaciones de tráfico de influencias fueron presentadas originalmente por Héctor Arce, diputado del entorno de Evo Morales, presentando audios y correos electrónicos.
El caso fue desestimado por el Ministerio Público en abril del 2024, destacando que las empresas citadas en la imputación nunca sellaron acuerdos con el país andino, que Arce Mosqueira nunca fue parte de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos y que la documentación presentada como prueba no demostraba su implicación directa en la presunta trama de corrupción.
Un año más tarde, el hijo mayor de Luis Arce Catacora volvería a verse involucrado en un caso judicial de gravedad, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género de Santa Cruz emitió una orden de detención en su contra, tras la denuncia de su expareja por agresiones físicas y psicológicas.
Las autoridades solicitaron 180 días de detención preventiva para Arce, pero la demandante finalmente retiró la acción legal.
No obstante, las sospechas alrededor de Luis Arce Mosqueira como operador paralelo al Estado volvieron a la palestra cuando el Ministerio Público ordenó su aprehensión a mediados de marzo pasado, adjudicándole delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y daño económico al Estado.
Luis Arce hijo es visto por las autoridades bolivianas como un operador «en la sombra» de la empresa estatal de hidrocarburos.
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Arce fue capturado el 18 de marzo en Equipetrol (Santa Cruz) junto a otras cuatro personas y durante el allanamiento fueron incautados 16.500 dólares y 40.000 bolivianos (aproximadamente 5.700 dólares por esos días), además de una camioneta y un casco de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), empresa del Estado que gestiona la producción y comercialización de hidrocarburos.
Según las autoridades de Bolivia, la presencia del casco se debía a que Arce se hacía pasar como funcionario de la firma estatal para sus operaciones, considerando este un elemento clave del proceso.
La fiscalía investiga la procedencia de por lo menos 18 inmuebles y 20 vehículos entre autos de gama alta y camionetas repartidos entre Santa Cruz y La Paz, todos supuestamente ligados al primogénito del expresidente. El argumento del Ministerio Público es que estos bienes fueron registrados a través de una red de testaferros para ocultar al hijo del exmandatario como beneficiario real.
Asimismo, se analiza la implicación de Luis Arce Mosqueira en presuntas irregularidades dentro YFPB a causa de modificaciones de los reglamentos y concesiones que habrían supuesto la afectación fiscal del Estado boliviano.
El ministro de Gobierno del país altiplánico, Marco Antonio Oviedo, declaró poco después de la captura que el detenido operaba con amplia libertad dentro de la compañía estatal y declaró que Arce Mosqueira era “amo y señor de YPFB”.
El mayor de los Arce permanece detenido en el penal de Palmasola (Santa Cruz) y puede enfrentar hasta 10 años de cárcel.
El caso de la menor de los Arce es el de menos gravedad al estar situado todavía en el ámbito de la investigación preliminar, pero tiene potencial de escalar al estar involucrada en una presunta trama de legitimación de ganancias ilícitas e irregularidades en préstamos bancarios a escala importante.
Las autoridades bolivianas revisan su participación desde el 2021, cuando tenía 20 años, en un flujo de créditos de más de 9 millones de dólares junto a su hermano Rafael. Estas operaciones fueron realizadas a través del Banco Ganadero y habrían estado destinadas a la adquisición del antes mencionado predio Adán y Eva de Santa Cruz, junto a otras compras de bienes y productos financieros.
Los fiscales bolivianos argumentan que Camila Arce Mosqueira podría estar involucrada en este esquema, con el que junto a su hermano se habría buscado simular la legalidad de unas compras que no se justificaban con los ingresos declarados bajo los que se obtuvieron los créditos.
