domingo, abril 5

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En plena campaña electoral, aportes provenientes de operadores vinculados al sector minero informal —con registros vigentes y suspendidos en el Reinfo— han ingresado al financiamiento de, al menos, cinco organizaciones políticas. Entre los aportantes identificados figuran autoridades, dirigentes y empresarios con derechos mineros activos en distintas regiones. La situación se da en vísperas de un nuevo Parlamento que deberá pronunciarse sobre la futura regulación de la actividad minera informal.

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Marcos Laura Davalos, actual alcalde distrital de Chaparra en Arequipa, mantiene una inscripción vigente en el Reinfo vinculada al derecho minero “CR & RV 3” en su región y registra también otras inscripciones suspendidas: “Huayllacha 10” y “Rebeka 1”. El funcionario figura como aportante de Ahora Nación, el partido del candidato presidencial Alfonso López Chau, con un monto de S/ 5.000. Este Diario se comunicó con la agrupación política a través de su área de prensa pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

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Ángel Guzmán Mendoza, quien cuenta con una inscripción vigente en el Reinfo por “Vía Cariño” en Áncash, aportó S/ 6.000 a la campaña de Leidy Bocanegra Haro, candidata a diputada por País para Todos en La Libertad.

La aspirante al Parlamento también figura en el Reinfo y aportó S/ 24.000 a su propia campaña –monto que equivale a casi la totalidad de sus ingresos anuales declarados S/ 30.000–. En comunicación con este Diario, Bocanegra admitió los aportes para su campaña “para camionetas, insumos y gastos” y confirmó su inscripción en el registro: “Mi Reinfo está vigente. Soy de Pataz, pero mi Reinfo lo tengo en Áncash”, sostuvo.

Por su parte, Germán Guillen Jiménez, gerente de “Grupo Guillen’s SAC” —empresa que mantiene tres registros vigentes en Apurímac—, aportó S/ 4.315 a la campaña de su hermano, Percy Guillén, candidato por Alianza para el Progreso (APP). El postulante a diputado, a su vez, es gerente del Consorcio Guillen EIRL, que cuenta con otros cuatro registros vigentes en el Reinfo. Este Diario se comunicó con Percy Guillén, quien reconoció los aportes. En tanto, desde APP señalaron que no mantienen vínculos con la minería ilegal y que “el partido solo es responsable por la rendición de aportes de la plancha presidencial”.

Ángel Guzmán Mendoza, quien tiene un registro en Áncash, aportó S/ 6,000.00 a la campaña de Leidy Bocanegra por País para Todos.

Ángel Guzmán Mendoza, quien tiene un registro en Áncash, aportó S/ 6,000.00 a la campaña de Leidy Bocanegra por País para Todos.

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En Somos Perú, Saul Salinas Remigio aportó S/ 1.500 para la campaña de la candidata Sandra García Pedrera. Salinas cuenta con cuatro inscripciones vigentes en Piura. Mientras que Herminio Daga Salgado figura como financista de Podemos Perú, organización a la que aportó S/ 301, además de S/ 2.500 a la campaña de Elias Del Carpio Gomez, candidato al Senado por Huánuco. El aportante es subgerente de la Corporación Daga Hnos SAC y gerente del Complejo y Mirador Turístico Condor Pasa SCRL, ambas entidades con registros en el Reinfo suspendidos en Huánuco. Daga Salgado figuró como precandidato de Podemos para el Congreso, en octubre de 2025, pero fue retirado de la terna final tras informes de El Comercio sobre su actividad minera y una denuncia de violación en su contra. Tras quedar fuera de contienda, el minero informal decidió apostar por un candidato para su región.

Para el experto en temas mineros, Iván Arenas, el aporte evidencia una cercana relación entre la minería informal con el político. “Si les están aportando dinero es porque legislarán a favor de ellos. Además, si figuran 4 mil soles, el verdadero monto suele ser mucho más, que no se conoce dentro de la contabilidad del candidato”.

Para el abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, los aportes responden a una acción coordinada. “Han tomado la estrategia de no solo apoyar a campañas presidenciales, sino también a senadores o diputados para que les diseñen leyes. Buscan consolidar una suerte de “bancada multipartidaria” que los represente.

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