En medio del conteo oficial de votos, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) escaló sus acciones contra el proceso electoral al ofrecer una recompensa económica por pruebas de un supuesto fraude. En paralelo, su partido presentó pedidos de nulidad de votos.
En medio del conteo oficial de votos, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) escaló sus acciones contra el proceso electoral al ofrecer una recompensa económica por pruebas de un supuesto fraude. En paralelo, su partido presentó pedidos de nulidad de votos.
Mediante sus redes sociales, López Aliaga anunció que entregará S/ 20 mil a cualquier trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o de empresas vinculadas al sistema electoral que proporcione “información veraz y comprobable sobre posibles irregularidades, fraude o sabotaje”. Incluso, su partido habilitó un correo electrónico para recibir las denuncias.
Al cierre de esta edición, su mensaje continuaba publicado en Facebook, pero fue eliminado en X.
La agrupación también presentó pedidos de nulidad de votación en Lima y Cajamarca ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).
En Lima argumentó que durante la jornada del 12 de abril se produjeron fallas logísticas que afectaron el derecho al sufragio.
“En muchos colegios de Lima, por las omisiones de la ONPE, se ha impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio, lo cual viene siendo objeto de sendas investigaciones fiscales”, sostuvo en uno de los recursos presentados ante los JEE.
En Cajamarca apeló a observaciones formales en el llenado de actas electorales para sustentar sus pedidos de nulidad.
El especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos explicó que estos recursos deben ser resueltos por los JEE en un plazo de tres días. De ser apelados, pasarán al JNE para una decisión definitiva.
Villalobos indicó que los argumentos planteados por Renovación Popular no encajarían en las causales previstas en el artículo 363.a de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que la nulidad procede cuando una mesa se instala en un lugar distinto, en condiciones distintas o después del mediodía sin justificación, siempre que se haya impedido el ejercicio del voto.
“No procedería. Alegan la demora en la instalación de las mesas por los problemas que tuvo la ONPE, pero ese día se amplió el plazo para instalar y el horario de votación. Los hechos que alegan no encuadran en la causal de nulidad”, dijo a El Comercio.
El candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cuestionó las acciones de López Aliaga y lo acusó de promover un clima de inestabilidad.
Conferencia de prensa del candidato presidencial de Juntos por el Perú. Foto: César Campos / GEC
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
“Se dedican a actos que van en contra de un sano espíritu democrático y de la responsabilidad de no agregar caos. Llamar a la insurgencia es un despropósito. Y un poco más y dice: ‘Invéntense algo por ahí y yo les doy dinero’”, señaló en conferencia de prensa.
El partido señaló mediante un pronunciamiento que cualquier cuestionamiento debe sustentarse ante las autoridades competentes. “Si hay dudas en este proceso, ellas han de sustentarse con pruebas ante las autoridades, no pagando por denuncias ni creando atajos que buscan torcer el resultado”, afirmó la agrupación.
Juntos por el Perú también cuestionó la estrategia de nulidades presentada por Renovación Popular. El abogado de la agrupación, Roy Mendoza, sostuvo que estos recursos buscan afectar zonas donde su partido obtuvo mejores resultados.
“Quieren atacar las regiones donde Juntos por el Perú ha superado ampliamente a Renovación Popular. “No hubo fraude en el 2021 ni lo habrá en el 2026”, afirmó.
Mendoza señaló que existiría una estrategia para presentar recursos de nulidad de manera masiva, sin sustento suficiente, con el objetivo de alterar el resultado electoral.
En tanto, Sánchez señaló que la aparición de pedidos de nulidad “por aquí y por allá” recuerda la estrategia que utilizó Fuerza Popular cuando cuestionó los resultados de la segunda vuelta de las elecciones 2021.
El candidato presidencial Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) expresó su solidaridad con López Aliaga, al considerar que habría sido perjudicado en el proceso.
“Han sacado a Rafael López Aliaga, con quien me solidarizo, como lo hice con Pedro Castillo ante la injusticia que le han hecho”, afirmó.
Por su parte, el congresista Alejandro Muñante, candidato al Senado por Renovación Popular, responsabilizó a la ONPE por las irregularidades denunciadas.

Congresista Alejandro Muñante pide la intervención del Ministerio Público. Foto: Joel Alonzo/ GEC
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
“Nada de esto hubiese pasado si los señores de la ONPE hubiesen actuado con el debido respeto a la ley, la debida diligencia y el profesionalismo que se le exige”, sostuvo.
Muñante también pidió la intervención de la Fiscalía de la Nación para que disponga la presencia de fiscales de prevención del delito en los centros de cómputo de la ONPE a nivel nacional, con el fin de verificar el desarrollo del proceso.
Más información
La bancada de Renovación Popular envió un oficio con carácter de “muy urgente” al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, solicitando información detallada sobre el desarrollo del proceso electoral.
En el documento, los legisladores afirman que existen “graves y fraudulentas irregularidades” antes, durante y después del acto de sufragio, y enumeran una serie de presuntas fallas, como la distribución tardía de material electoral, instalación extemporánea de mesas, limitaciones al derecho al voto en Lima y en el extranjero, así como una supuesta manipulación de datos durante el conteo.
La bancada pidió la relación completa del personal asignado al proceso electoral, informes técnicos sobre incidencias en la instalación de mesas, datos sobre ciudadanos que no pudieron votar y detalles sobre la distribución del material electoral.




