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Gustavo Adrianzén acudirá al Congreso de la República como el tercer presidente del Consejo de Ministros (PCM) que designa la presidenta Boluarte. En la última década, solo Cateriano (Humala), Zavala (Kuczynski) y Otárola lograron mantenerse más de un año en dicho cargo, reflejo de la inestabilidad política y debilidad gubernamental que sufrimos, acentuada por la reciente desaprobación histórica de la ciudadanía frente a la dupla Presidencia – PCM.
Resulta improbable que un Gobierno tan supeditado a este Congreso implemente un efectivo “relanzamiento de sus políticas generales”, –como señaló el Canciller algunas horas antes que se formalizara la salida del ex PCM Otárola- considerando que el equipo gubernamental no ha sido capaz ni de establecer una agenda básica de gestión, por lo que sería más factible que la presentación del gabinete ministerial apunte a un listado de buenas intenciones como parte de un fútil discurso de trámite, al que la gran mayoría de peruanos será indiferente y al que seguirán los monólogos de decenas de parlamentarios, que paradójicamente no son ni oficialistas ni opositores.
Apelo a mi escepticismo para creer que pese a los antecedentes, la presentación del PCM Adrianzén puede ser una oportunidad para priorizar alguna acción de relevancia nacional que alcance protagonismo en el debate público y sume cierta ilusión a una sociedad que identifica como los problemas más graves que enfrenta el país: corrupción, inseguridad y abuso de las autoridades (Ipsos, febrero 2024).
La criminalidad organizada –con sostenido aumento en minería ilegal- es un asunto que toca los tres problemas destacados en la referida percepción ciudadana. Por ello, bien haría el Gobierno en tomar nota del comunicado de varios gremios empresariales que han criticado la decisión de derogar parte del Decreto Legislativo N° 1607 (norma que modificaba la Ley contra el Crimen Organizado), así como la pasividad de las autoridades frente a delincuentes impunes que matan, extorsionan, contaminan y frenan inversiones formales.
Tomar acción y no claudicar tan fácilmente frente al Congreso y poderosos negocios ilícitos sería un punto de partida para cualquier relanzamiento gubernamental. Los poderes estatales deben equilibrarse, no alinearse en una impopular comparsa.
