El principal costo de la inseguridad en el Perú se mide en vidas humanas. Según el INEI, hablamos de un estimado de 3.675 personas fallecidas en asociación a hechos delictivos dolosos solo en el 2025. Una cifra que ha aumentado 54% desde el 2019. Una terrible estadística, además, que vemos construirse a diario en los noticieros o cuando leemos los periódicos.
Pero la prevalencia del crimen y la violencia en nuestro país –y el hecho de que sea la principal preocupación de los peruanos, según el estudio ‘What worries the world?’ de Ipsos– obliga a pensar en lo amplio de su impacto. Si bien la pérdida de vidas es sin duda lo más grave, el problema se extiende hasta los cimientos productivos del país: encarece la operación de las empresas (muchas veces la grava ilícitamente, como con las extorsiones), empuja a las personas hacia la informalidad y retrae la inversión que el Perú necesita para crecer y fortalecer el bienestar de los ciudadanos.
El Ministerio de Economía y Finanzas, en el Marco Económico Multianual 2026-2029, estimó el costo de la inseguridad en el 2025 en alrededor de S/19.800 millones. Es decir, 1,7 puntos de nuestro PBI que, en lugar de invertirse en nuevas empresas, maquinaria, tecnología o empleo –que contribuyen a mejorar la vida de los peruanos–, terminan destinándose a vigilancia, sistemas de seguridad y respuesta estatal. O simplemente se pierden en negocios que reducen su actividad, cierran o pagan cupos.
Una encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP muestra la escala del problema y la naturaleza de algunos de los comercios afectados: 45% del país (13 puntos porcentuales más que en el 2025) reportó conocer negocios –bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias, entre otros– que han cerrado o restringido sus actividades por la inseguridad. En otras palabras, microempresas cuyos dueños, sus familias y sus clientes han visto perjudicada su calidad de vida por culpa del crimen. Entre los principales responsables de esta circunstancia está la extorsión, cuyas denuncias pasaron de 11,5 por cada 100.000 habitantes en el 2019 a 77,8 en el 2025.
En general, el impacto desproporcionado sobre las empresas más pequeñas es un patrón común de la inseguridad en la región. De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional, los costos directos del crimen –las pérdidas por delitos más el gasto en seguridad– equivalen a 7,8% de las ventas anuales de las empresas pequeñas en América Latina, casi el doble que en las grandes (4,1%). En ese contexto, además, la formalidad se vuelve aún más esquiva para el pequeño empresario: a los costos que exige participar de ella se suman los que imponen los delincuentes.
Así las cosas, cuando hablamos de la lucha contra la inseguridad, no estamos refiriéndonos solo al trabajo de un sector. Los efectos de este problema, como vemos, van mucho más allá. En ese sentido, una medida para combatir el crimen no solo es una política de seguridad, es también una política social y económica que involucra desde el bienestar económico de las familias, la protección de la salud mental de los individuos hasta la reducción de la informalidad.
Frente a todo eso, la tarea y la responsabilidad del Estado es enorme. Y a la implementación de nuevas estrategias para enfrentar el crimen debe acompañarla el fortalecimiento de las
instituciones y la infraestructura que juegan un rol en evitar, perseguir y sancionar el delito. El sector privado también tiene un rol que cumplir. Desde el sector financiero, por ejemplo, se debe seguir velando por ofrecer la mayor seguridad a los clientes con la mejor tecnología. Asimismo, otras industrias pueden aportar con protocolos de seguridad compartidos entre empresas de una misma zona y con canales de denuncia colectiva que recojan información relevante sobre las vulnerabilidades que cada sector conoce bien.
De esto depende recuperar la tranquilidad y el crecimiento perdidos y, sobre todo, salvar vidas.