El dictamen es fruto de 17 proyectos de ley presentados por congresistas y por municipalidades. Allí se plantearon la inclusión del terrorismo urbano o no político en el Código Penal Peruano, con penas de entre 20 y 30 años de prisión, además de las penas propias por el delito específico cometido (homicidio, robo agravado, sicariato, extorsión, trata de personas, secuestro, explotación sexual, etc.).
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La propuesta es que cuando dos o más de una lista de 40 delitos concurran en un mismo acto, generando “zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico”, se configure el delito de terrorismo urbano. Además, con una serie de doce agravantes, la pena mínima sería de 30 años de prisión.
El dictamen que será visto en el pleno fue aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia en junio pasado, pese a las opiniones en contra de la fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el INPE. Todos coincidieron en que era inviable. Especialistas en derecho y en seguridad ciudadana también han cuestionado la efectividad de la propuesta. El comité de gremios de transporte del Perú -sector impactado por las extorsiones y el sicariato- ha pedido que no se apruebe y que, más bien, se deroguen las modificaciones que hizo el Legislativo a la Ley Contra el Crimen Organizado.
Aun así, la semana pasada, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que se le iba a dar prioridad a este tema ante la reciente escalada de delitos como extorsión, sicariato y homicidio.
Consultado por El Comercio sobre la postura de su bancada, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) dijo que están “a favor de la seguridad ciudadana, de proveer todos los medios para que haya seguridad ciudadana. Y en el debate haremos aportes”.
La bancada fujimorista, la más numerosa del Congreso con 21 integrantes, ya había votado a favor de esta propuesta a nivel de la Comisión de Justicia en junio pasado. Además, el último jueves emitieron un comunicado a favor de que el pleno vea temas pendientes como esta ley de terrorismo urbano. No obstante, pidieron que esta “incluya cadena perpetua para quienes continúen sembrando terror”, sanción que no está contemplada en el dictamen que se verá en el pleno.
Pese a ello, Aguinaga remarcó que se pueden aprobar muchas leyes de este tipo, pero que no se acabará con la delincuencia sin acciones operativas del Ejecutivo. “La presidenta se equivoca cuando dice: El Congreso tiene que aprobar. ¿Con la ley se acabará la delincuencia? Si no tienes los cuadros operativos y no tienes una buena inteligencia para combatir ello, no vas a hacer nada. Hemos dado dos veces facultades para que toquen el tema de la inseguridad”, recordó.
Con 14 integrantes cada una, las segundas bancadas más numerosas son Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú, bancada liderada por José Luna Gálvez. El hijo de este, el secretario general del partido Podemos Perú, José Luna Morales, dijo a este Diario que la posición de la agrupación es “apoyar la ley”.
“El primer alcalde que presentó ese proyecto fue el de Los Olivos, Felipe Castillo (integrante de su agrupación), que ha venido persiguiendo al Ejecutivo y a los congresistas para que se pueda hacer realidad. Y nosotros estamos apoyando esa posición como partido”, declaró el dirigente y exlegislador podemista.
Los voceros parlamentarios de APP no respondieron a consultas de este Diario sobre el tema. Fuentes ligadas al grupo indicaron que hasta este martes, no se había realizado una reunión para definir una postura sobre el tema. Sin embargo, el presidente del Congreso e integrante de ese grupo, Eduardo Salhuana, dijo estar a favor de su aprobación.
“Hay acumulados cerca de 20 proyectos de ley […] Se discutirá el jueves y esperemos que se apruebe”. No obstante, también indicó que se tratarán de corregir “algunas observaciones” al dictamen en una mesa técnica convocada para este miércoles.
El titular de Legislativo también recordó que el Ejecutivo ha anunciado su propio proyecto de ley sobre terrorismo urbano, el cual podría ser acumulado con el dictamen actualmente en trámite para su aprobación en el pleno del jueves. Desde Chiclayo, donde la presidenta Dina Boluarte lideró una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), se ratificó esa intención y se indicó que el texto se enviará, a más tardar, este miércoles.
“El proyecto de ley sobre terrorismo urbano está terminando de ser revisado por los especialistas. Confiamos en que a más tardar mañana (este miércoles) sea remitido al Congreso. Tenemos información de que allí hay varios proyectos en similar sentido. Presumo que se acumulará el nuestro también. Conoceremos cuál es la fórmula del texto final”, declaró a la prensa Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros.
Alejandro Muñante, vocero de la bancada de Renovación Popular (10 integrantes), dijo que “en principio, vamos a apoyar la normativa”. Recordó que entre las propuestas que resultaron en este dictamen está una de la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, y de integrantes de su grupo parlamentario, como Diego Bazán, Noelia Herrera y Esdras Medina.
Sin embargo, acotó que “según lo que se ha mencionado por parte del presidente de la Comisión de Justicia, en la Junta de Portavoces, se va a presentar un texto sustitutorio que recoja todas las precisiones que se han podido plantear hasta el momento”.
Flavio Cruz, portavoz de la bancada de Perú Libre (11 integrantes), dijo a El Comercio que están a favor de la iniciativa. Su grupo parlamentario es el que preside la Comisión de Justicia mediante el congresista Isaac Mita.
Desde Acción Popular, el legislador Luis Aragón indicó que “la posición es a favor de la mayoría de los colegas”. Indicó que entre los que apoyarán la iniciativa está el y que son en total “entre siete y ocho” de los 10 integrantes del grupo.
A través de su personal de prensa, el vocero de Somos Perú (7 integrantes), Héctor Valer, también indicó que su bancada apoyará la propuesta. En el mismo sentido se pronunció Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia (5 integrantes). Lo mismo hizo la legisladora no agrupada María del Carmen Alva.
Con los 21 de Fuerza Popular, 14 de Podemos, 11 de Perú Libre, 10 de Renovación Popular, 7 Somos Perú, 5 de Honor y Democracia, más un mínimo se 7 acciopopulistas y la no agrupada de María del Carmen Alva, la propuesta sumaría 76 votos a favor. Esa cifra es más que suficiente para la aprobación del dictamen.
Alva incidió en que se trata de “una respuesta normativa, más allá del nombre o nomen juris del delito”. “Sí estoy de acuerdo en la medida que se tipifican muchos actos que vienen ocurriendo en el país. Pero más allá de las penas graves, la PNP requiere ingentes recursos para estar en capacidad disuasiva y represora de neutralizar a estas mafias. Se requiere más armas y más sofisticadas, más vehículos, más personal de inteligencia y grupos de élite. El problema no está en la ley, el problema está en la capacidad de gestión y en las posibilidades reales de luchar contra la delincuencia organizada”.
Hasta el cierre de esta nota, representantes del Bloque Magisterial y Avanza País no respondieron a las consultas de este Diario sobre este tema. No obstante, Avanza País es una de las bancadas que presentó uno de los proyectos que componen el dictamen. Los mismo hizo una actual integrante del Bloque Magisterial, Katy Ugarte). Sus representantes en la Comisión de Justicia también votaron a favor del proyecto.
Roberto Sánchez, vocero de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, se manifestó en contra. Indicó que la norma sería inconstitucional y que “no forma parte de ningún plan” para luchar contra la inseguridad. Más bien, consideró que sería “una medida distractiva” que acabará perjudicando la lucha contra la delincuencia, puesto que su aprobación llevaría a que no se derogue la cuestionada ley sobre crimen organizado.
“Mi voto será en contra y estoy alternativamente trabajando aportes desde el enfoque de participación ciudadana vecinal. Con ninguna norma mejorará la situación sino se asume con liderazgo, acción conjunta y real voluntad política. Lo sano es censurar al ministro [del Interior], buscar alguien capaz y sin las perlas que tiene este ministro indefendible”, añadió.
El vocero de la Bancada Socialista, Alex Flores, indicó que su grupo se opondrá al proyecto. Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, señaló que aún no se han reunido para tratar el tema, pero que ella está en contra. En la Comisión de Justicia, su compañera de bancada, Ruth Luque, se abstuvo de votar.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El dictamen que será debatido en el pleno fue aprobado en junio pasado a nivel de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El documente tiene como antecedentes un total de 17 proyectos de ley presentados en torno al mismo tema: la creación del delito de terrorismo urbano o terrorismo no político. De estos, se tomaron aportes de 10 proyectos.
Entre las proyectos de ley que nutren a este dictamen están los presentados por bancada de Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y Perú Libre; además de proyectos presentados por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial de Huarochirí y la Municipalidad Distrital de Los Olivos.
La propuesta aprobada plantea añadir al Código Penal un capítulo denominado ‘Terrorismo urbano’, el cual consiste en dos nuevos artículos. El primero aborda los ‘actos de terrorismo urbano’, el cual se aplica a actos en los que ocurran dos o más de esta lista de delitos:
-Homicidio calificado
-Sicariato
-Conspiración y ofrecimiento para el sicariato
-Lesiones graves
-Trata de personas
-Formas agravadas de trata de personas
-Explotación sexual
-Formas, promoción o favorecimiento de la explotación sexual,
-Gestión de la explotación sexual
-Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
-Promoción y favorecimiento de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
-Beneficio de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
-Gestión de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
-Pornografía infantil
-Esclavitud y otras formas de explotación
-Participación en pandillaje pernicioso
-Secuestro
-Tráfico ilegal de datos personales
-Favorecimiento a la prostitución
-Rufianismo
-Proxenetismo
-Robo agravado
-Extorsión
-Formas agravadas de usurpación
-Peligro por medio de incendio o explosión
-Fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos
-Producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas
-Empleo, producción y transferencia de minas antipersonales
-Fabricación, comercialización, uso o porte de armas
-Atentado contra los medios de transporte colectivo o de comunicación
-Atentado contra la seguridad común
-Formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes
-Reingreso Clandestino o Ilegal
-Tráfico ilegal de residuos peligrosos
-Delito de minería ilegal
-Formas agravadas (de minería ilegal)
-Marcaje o reglaje
-Banda Criminal
-Participación en grupo armado dirigido por extranjero
-Delitos agravados de la Ley de Delitos Informáticos
El delito también contempla que estos ilícitos estén “generando estado de zozobra en la población o en un sector de ella con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, prevalencia, hegemonía en la actividad criminal”. Las sanciones son de pena privativa de la libertad de entre 20 y 30 años, con 365 días multa.
El segundo artículo contempla los “actos agravados de terrorismo urbano”, que se sancionan con un mínimo de 30 años de prisión:
-Si la persona que realiza terrorismo urbano es extranjera
-Si pertenece a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) o a la Policía Nacional del Perú (PNP)
-Si emplea armamentos, materias o artefactos explosivos
-Si posee, usa o emplea armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las FF.AA. o a la PNP
-Si comete terrorismo urbano desde el interior de un establecimiento penitenciario, donde se encuentra privado de su libertad
-Si utiliza a menores de edad u otros inimputables para su comisión
-Si actúa con “gran crueldad”.
-Si la víctima es un funcionario comprendido en el artículo 99 de la Constitución (presidente, ministros, congresistas, jueces y fiscales supremos, etc.) o miembro de la PNP, las FF.AA., juez, fiscal, miembro del Tribunal Constitucional o “cualquier autoridad elegida por mandato popular”
-Si es realizado por dos o más personas
-Si recae sobre torres de energía o transmisión, o afecte cualquier servicio público de agua o energía eléctrica
-Si conlleva una pluralidad de víctimas
-Si su comisión tiene “carácter transnacional”.
En el texto del dictamen se sostiene que el objetivo es “penalizar actos criminales a gran escala que generan inquietud, alerta o miedo en la sociedad”, así como “mejorar la tranquilidad y seguridad de la población”. Afirman que se debe evitar que se repita lo ocurrido en otros países, donde personas, bandas u organizaciones criminales cometieron actos terroristas y fueron condenados por delitos menores. “Estos países han implementado cambios normativos para declarar estados de excepción y abordar este tipo de terrorismo, conocido como terrorismo urbano, doméstico, criminalidad masiva transnacional o de baja intensidad”.
Para estos se citan los “altos índices de inseguridad” en los últimos años, así como la “delincuencia extranjera”. Además, como antecedente del uso del término “terrorismo urbano” se cita el término “domestic terrorism” (terrorismo doméstico), incluiddo en el ‘Patriot Act’ de Estados Unidos en el 2001, luego de los ataques contra las Torres Gemelas.
De ese término se destaca la consideración como este tipo de terrorismo a los “actos peligrosos para la vida humana que sean una violación de las leyes penales de los Estados Unidos o de cualquier Estado”, y que están destinados a “intimidar o coaccionar a una población civil”.
También se citan legislaciones del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador.
¿Existen leyes así en otros países?
El dictamen de la Comisión de Justicia dedica unas páginas a la “normativa comparada” de la propuesta. Allí citan:
-La mencionada Patriot Act (Ley Patriota) de Estados Unidos, que define el “terrorismo doméstico” como el que “involucra actos peligrosos para la vida humana que constituyen una violación de las leyes penales de los Estados Unido o de cualquier Estado”, los cuales “parecen tener como objetivo: intimidar o coaccionar a una población civil”.
-La Ley Especial Contra Actos de Terrorismo de El Salvador establece que también son organizaciones terroristas las que “provistas de cierta estructura de la que nacen vínculo en alguna mediad estableces o permanentes, con jerarquía y disciplina y con medios idóneos, que pretenden la utilización de métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma”.
-El Código Penal de España establece que se considera “delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías”, cuando tiene entre una de su finalidades “alterar gravemente la paz pública”.
-El Código Penal de Francia dice que “Constituyen actos de terrorismo los siguientes delitos, cuando estén intencionalmente vinculados a una empresa individual o colectiva con el objetivo de alterar gravemente el orden público mediante la intimidación o el terror”.
-Finalmente, un decreto ejecutivo del gobierno de Ecuador publicado este año reconoce “la existencia de un conflicto armado interno contra grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes de Ecuador”. Allí se identifica a una serie de grupos “del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.
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Opiniones técnicas en contra
Durante el trámite de los proyectos de ley que resultaron en este dictamen, la Comisión de Justicia solicitó opiniones a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo. Todos estos opinaron en contra o se abstuvieron de pronunciarse.
El Ministerio de Justicia, por ejemplo, consultó que el proyecto ‘Ley que incorpora el Delito de Terrorismo Urbano’ (de autoría del legislador Juan Burgos) era “inviable” y desproporcionado, básicamente por la larga lista de delitos que además de sus penas ya previstas, podrían recibir adicionalmente penas de entre 20 y 30 años . “Se puede prever que la mayoría de comportamientos que serían catalogados como ‘delincuencia’ podrían terminar siendo sancionados con una pena privativa de libertad no menor de veinticinco años, anulando virtualmente la aplicación de las penas previstas para cada delito específico”.
En la misma línea, el Ministerio Público también consideró que el proyecto no es viable. Advirtieron que se generaría “una aparente doble incriminación a los delincuentes” y que no se cumplía con precisar qué presupuestos configuran el delito. “Sustentar que la conducta prohibida es ‘crear o mantener un estado de inseguridad ciudadana’, puede generar una interpretación amplia de la norma penal, ya que la inseguridad ciudadana es generada por diversos delitos violentos ya sancionados en el código penal como robo, secuestro, extorsión, homicidio, entre otros”.
En tanto, el Ministerio de Interior y la Defensoría del Pueblo respondieron que no eran competentes para opinar.
Consultados por otro de estos proyectos -el de la Municipalidad de Los Olivos-, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) también calificaron esa iniciativa como no viable. El Ministerio Público, en particular, y el Ministerio de Justicia expresaron opiniones similares respecto a las otras iniciativas de este tipo. Todo quedó recogido en el dictamen. En suma, la fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el INPE se manifestaron en contra de las iniciativas de este tipo.
Pese a ello, la comisión siguió adelante con el proyecto y lo aprobó por mayoría con los votos de: Américo Gonza (Perú Libre), Alejandro Muñante (Renovación Popular), María del Carmen Alva (No agrupada), Luis Aragón (Acción Popular), José María Balcázar (Perú Libre), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Esdras Medina (Renovación Popular), Jorge Morante (Somos Perú), Martha Moyano (Fuerza Popular), Alex Paredes (Bloque Magisterial), Kelly Portalatino (Perú Libre), Héctor Ventura (Fuerza Popular), Elvis Vergara (Acción Popular) y Norma Yarrow (Renovación Popular).
Se abstuvieron los congresistas Nieves Limachi (JP-Voces del Pueblo), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Heidy Juárez (Podemos Perú) y Ruth Luque (Bloque Democrático Popular).
