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El proyecto del Ejecutivo tiene que ser ingresado al Congreso de la República hasta el 30 de agosto. Mientras que la instancia parlamentaria cuenta hasta el 30 de noviembre para su aprobación, donde el texto dictaminado debe pasar por la ratificación en simultáneo de los plenos de la Cámara de Diputados y la del Senado.
—Trabajo mixto—
El nuevo diseño bicameral estable que la comisión dictaminadora de la ley de presupuesto será conformada tanto por senadores por diputados, con hasta 38 miembros, según explicó Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados. Para este primer año, el Senado tendrá la presidencia que estará en manos de Fuerza Popular y el voceado es José Arista, exministro de Economía.
La comisión mixta tendrá una labor conjunta hasta el debate en el pleno, que se estima desde el 15 de noviembre. Sin embargo, el reglamento establece que la aprobación en el hemiciclo se realiza por mayoría contabilizando por separado los votos de senadores y diputados.
El reglamento cuenta con un vacío respecto al escenario en donde una de las dos cámaras no obtenga la mayoría para aprobar la referida ley. Sin embargo, los especialistas en asuntos parlamentarios, Martin Cabrera y Alejandro Rospigliosi, recordaron que el reglamento que, si el texto final no se aprueba hasta el 30 de noviembre, se puede promulgar por decreto legislativo del proyecto original del Ejecutivo.
“Ello otorga al Poder Ejecutivo una posición de reserva fuerte: si la negociación del Anexo 5 se desborda, dejar caer la votación, y le devuelve su proyecto limpio, sin las incorporaciones parlamentarias. Este dato debe formar parte del cálculo de cualquier estrategia de incidencia presupuestal”, explicó Cabrera.
—Factores claves—
Para Rospigliosi, si bien existe un nuevo diseño, se mantendrán las “viejas mañas” del sistema unicameral respecto al Anexo 5, el cual funciona como un bolsón de proyectos de inversión que negocian los parlamentarios con autoridades regionales y locales.
En ese contexto, existen actores claves que el nuevo Congreso que cuentan con la experiencia de haber estado del otro lado, ocupando cargos como gobernadores o alcaldes. En el Senado, tres parlamentarios de Fuerza Popular tienen experiencia como gobernadores -entre ellos, el propio José Arista, exgobernador de Amazonas-; mientras que, en la Cámara de Diputados, cuatro legisladores fujimoristas han sido exalcaldes.
“Los exalcaldes y exgobernadores saben el detalle de cómo funcionan los códigos únicos de inversión de las obras, y con esa experiencia se manejarán como pez en el agua en el debate y negociación de esta ley. Por eso Fuerza Popular se ha preocupado por luchar la presidencia de la comisión especializada en el Senado”, indicó Rospigliosi.
Cabrera añadió que estas exautoridades subnacionales ya no dependen de que un gobernador o alcalde le “acerque” el proyecto, pues portarán su propia lista. “La negociación del Anexo 5 con el MEF será técnicamente más sofisticada y, previsiblemente, más voluminosa”, advirtió el director de IPOC Consultores.
Los senadores regionales también se configurarán como articulares territoriales, pues la canalización de proyectos de inversión para su región será más directa, y se convertirán en una especie de sucesor funcional del gobernador o alcalde en la interlocución del debate parlamentario. “El padrinazgo que la prensa documentó como práctica informal adquiere ahora un canal institucional con titular identificable”, apuntó Cabrera.
Además…
Prueba de fuego
Para Alejandro Rospigliosi, el anuncio del ministro de Economía, Elmer Cuba, de llevar al Tribunal Constitucional las leyes populistas del Congreso unicameral fue un primer mensaje de choque entre el populismo y la realidad de la caja fiscal, y esto podría marcar el camino para el debate de la ley de presupuesto.