En el Congreso no hay ánimos de derogar la Ley N°32108, que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los abogados de los imputados estén presentes en los allanamientos. Desde que la norma entró en vigencia, en agosto de este año, ha dificultado la labor del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP).
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Pese a la crisis de inseguridad que atraviesa el país, que ha derivado en paro de transportistas, y el pedido de los gremios empresariales para que se derogue la norma, hasta el momento, la representación nacional no da marcha atrás.
Diversas empresas de transportes convocaron a un paro de 72 horas, que se iniciará desde este jueves 10 de octubre hasta el domingo 13. Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la derogación de la Ley N° 32108, considerada por especialistas como un obstáculo para combatir el crimen organizado. Además, piden que se rechace la ley del terrorismo urbano.
La semana pasada, la Junta de Portavoces, donde están representadas las trece bancadas parlamentarias, rechazó por mayoría que una de las propuesta para anular la norma se aborde directamente en el pleno y sea exonerada del trámite en comisiones. En lugar de ello, la iniciativa seguirá un largo camino en la Comisión de Justicia.
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En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), dijo a este Diario que su grupo de trabajo evaluará “la próxima semana” o “lo más pronto posible” las iniciativas que plantean la derogación o cambios en la norma.
“Eso [los proyectos] lo vamos a evaluar, de acuerdo a la fundamentación y las explicaciones del tema porque son asuntos penales y hay que tratarlo con mucho cuidado”, subrayó Mita. El parlamentario integra las filas de la agrupación del lápiz, que promovió la cuestionada norma y tiene a su líder, Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia.
En el Poder Legislativo hay, actualmente, nueve proyectos en trámite que buscan derogar o modificar los alcances de polémica ley. El último fue presentado el pasado 3 de octubre por la Defensoría del Pueblo [ver recuadro].
De los proyectos en mención, seis apuntan directamente a derogar, anular o dejar sin efecto las modificaciones de la ley, que fue aprobada por el Congreso en julio pasado y promulgada el 9 de agosto, sin observaciones del Poder Ejecutivo. Los otros tres buscan modificar los alcances de ley, en particular en lo referido a cómo se desarrollan los allanamientos.
Iniciativas para derogar y modificar la ley del crimen organizado (Ley N°32108):
| Fecha | Proyecto | Autor | Objetivo |
|---|---|---|---|
| 16 agosto | Proyecto de ley 8645 | Margot Palacios (No agrupada) | Anular la Ley 32108 |
| 26 agosto | Proyecto de ley 8709 | Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) | Derogar la Ley 32108 |
| 2 septiembre | Proyecto de ley 8770 | Edgard Reymundo (Bloque Democrático Popular) | Derogar la Ley 32108 |
| Proyecto de ley 8942 | Oscar Zea (Bloque Magisterial) | Restablecer normas derogadas por Ley 32108 | |
| 25 septiembre | Proyecto de ley 9016 | Jaime Quito (Bancada Socialista) | Derogar la Ley 32108 |
| 30 septiembre | Proyecto de ley 9053 | Roberto Sánchez (Juntos por el Perú-Voces de Pueblo) | Derogar la Ley 32108 |
| 30 septiembre | Proyecto de ley 9055 | Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) | Que la presencia del abogado no sea necesaria para allanamientos por delitos graves o de organización criminal |
| 3 de octubre | Proyecto de ley 9083 | Héctor Valer (Somos Perú) | Que la defensa pública esté de turno las 24 horas y pueda participar en allanamientos |
| 3 de octubre | Proyecto de ley 9100 | Defensoría del Pueblo | Efectuar modificaciones en lo que respecta a la diligencia de allanamiento, a fin de que se pueda ejecutar con las debidas garantías procesales. |
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Poder Ejecutivo defiende polémica ley
- El Poder Ejecutivo, a través del viceministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, defendió la polémica ley.
- En una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Argumentó que no está demostrado que la ley sea “inconstitucional”.
- “Se pide la derogatoria de la Ley 32108 […] Hemos visto que por televisión se han presentado exministros, exprocuradores y exfiscales y todos nos dicen que esta ley fomenta la comisión de delitos. Precisamente, una de las banderas para el paro de mañana es la derogatoria de esta ley […] Hasta ahora ninguna de las personas que salen a opinar en contra de esta ley nos ha demostrado que efectivamente esta ley haya fomentado la comisión de más delitos”, expresó.
- Además, aseveró que el crecimiento de delitos como extorsión y sicariato empezó en 2021 y no el 9 de agosto de este año, fecha en la que se promulgó la cuestionada ley.
- También defendió que la norma no incluya como organización criminal a los delitos de corrupción de funcionarios, como el cohecho y el abuso de autoridad.
- Finalmente, descartó que la ley sea un obstáculo para los allanamientos. “La Ley 32108, de ninguna manera, fomenta la comisión de delitos y genera impunidad”.
Ánimos en el Congreso
Los parlamentarios Patricia Juárez (Fuerza Popular), Flavio Cruz (Perú Libre), José Williams Zapata (Avanza País), Héctor Valer (Somos Perú), José Arriola (Podemos Perú) y José Cueto (Honor y Democracia) opinaron que la norma podría ser modificada; sin embargo, algunos se mostraron en contra de su derogación.
La fujimorista Juárez señaló que el tema debe ser evaluado por la Comisión de Justicia. No obstante, a título personal, consideró que la ley “lo que ha hecho es precisar los alcances de lo que es una organización criminal” y que está adecuada a los estándares internacionales. Además, descartó que se haya afectado de alguna manera la labor de la fiscalía y la PNP en los allanamientos.
Por su parte, Cruz dijo que su bancada no respaldará la derogación. ”Es una buena ley derechohumanista”, expresó.
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Valer, quien es portavoz de Somos Perú, indicó que su bancada propone que la norma sea modificada en el extremo de los allanamientos y aseveró que está de acuerdo con el resto de la norma. Por ejemplo, en la nueva definición de la figura de organización criminal.
“Como estaba antes era una ley muy abierta de tres personas podían formar una organización criminal como pasó con el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski”, destacó.
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A criterio de Williams Zapata, la Comisión de Justicia “debe actuar lo antes posible o declararse en sesión permanente para mejorar dicha ley o derogarla si es el caso”.
“En el mismo sentido también presentar una propuesta útil respecto a la ley de terrorismo urbano o criminalidad sistemática o como se vaya llamar. El asunto es que le dé tranquilidad al ciudadano, se encierre al criminal y sobre todo que se cumpla, mediante un eficiente sistema de justicia”, acotó.
Su colega de bancada, Alejandro Cavero tuvo una postura diferente. A su juicio, la norma no debería ser derogada. “Es legitima la demanda de los transportistas por mayor seguridad ciudadana, pero la ley de crimen organizado no es el origen de la crisis que vivimos ni su derogación es la solución al problema”.
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Para Cueto, la norma no debería ser derogada y se mostró a favor de la modificación, siempre y cuando, sea para mejorarla.
Se inclina también por la revisión de la norma el parlamentario José Arriola (Podemos Perú). “En lo personal considero que la Ley 32108 debe ser revisada y modificada para asegurar que se ajuste a los estándares legales y constitucionales y, con ello, se pueda proteger la seguridad ciudadana de manera efectiva”, afirmó.
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De otro lado, Ruth Luque (Bloque Democrático) insistió con que se elimine la norma y pidió que sus colegas “dejen la absurda defensa” de la ley y trabajaen “en bienestar de la población”. A su turno, Lucinda Vásquez (Bloque Magisterial) aseveró que su bancada no ha fijado postura, que tomarán decisión esta semana.
