Suman tres los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República para derogar la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional (PNP) y comités de autodefensa involucrados en acciones durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Dicha norma fue promulgada el pasado 14 de agosto por la presidenta Dina Boluarte, pese a los cuestionamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Poder Judicial y el Ministerio Público.
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El primer proyecto fue presentado por el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista), quien señaló que la norma “representa un retroceso en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, ya que otorga impunidad quienes estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos de humanos”.
El legislador señaló que con su iniciativa “se abrirá el camino a la reconciliación y construcción de un país justo y democrático”, pues considera que la Ley N°32419 “contradice los compromisos internacionales y pone en riesgo el respeto a los derechos fundamentales”.
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El segundo proyecto para derogar la ley de amnistía fue presentado por la bancada Bloque Democrático Popular, que subrayó que la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura obligan a investigar y sancionar violaciones graves.
“Además de vulnerar una serie de derecho fundamentales de acuerdo con lo expuesto precedentemente resulta positiva en tanto y en cuando busca evitar la impunidad en una serie de casos”, acotó.
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La tercera propuesta para dejar sin efecto la norma fue presentada por el legislador Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) porque “favorece a quienes trasgredieron la ley y violaron derechos humanos”.
“Asimismo, la Ley N° 32419 afecta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y también afecta los compromisos que tienen nuestro país con la comunidad internacional en materia de derechos humanos”, enfatizó.
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Cabe precisar que la norma concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, PNP y comités de autodefensa procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo contra el terrorismo antes del 2000, así como a los sentenciados mayores de 70 años.
