Alzan su voz. Las organizaciones indígenas nacionales del Perú convocaron a una conferencia de prensa el último martes para advertir que la modificatoria de la Ley N° 27692 (ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI), impulsada por el Congreso, amenaza directamente sus derechos y autonomía. Asimismo, denunciaron que el Estado busca restringir su acceso a la justicia y desconocer sus estructuras organizativas, lo que debilita su capacidad de defensa y los coloca en un estado de mayor desprotección.
En esa línea, explicaron que, a la fecha, el Estado no ha reglamentado el reconocimiento de sus organizaciones representativas, motivo por el que han recurrido a la formación de asociaciones civiles y, a través de ellas, solicitan recursos de la cooperación internacional para defender e implementar el acceso y promoción de sus derechos.
Sin embargo, el Parlamento ha prohibido el uso de los fondos de la cooperación internacional para la interposición de acciones contra el Estado peruano, por lo que, si se aprueba esta norma, se paralizarán más de 30 procesos judiciales impulsados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
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Asimismo, aseguraron que se verán afectados los casos de líderes indígenas asesinados que no han encontrado justicia en el Perú, ya que no podrán recurrir a instancias internacionales.
Por su parte, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) advirtió que no podrá continuar con sus peticiones de consulta previa sobre proyectos mineros que afectan directamente sus territorios y tampoco podrán cuestionar leyes en discusión en el Congreso. En resumen, muchos casos judicializados quedarán bloqueados o no podrán continuar por esta modificatoria.
Además, en la reunión advirtieron que la iniciativa es inconstitucional por no haber sido sometida a consulta previa. Ante ello, exigieron al Ejecutivo que la observe. “De lo contrario, acudiremos a instancias internacionales”, manifestó el apu Jorge Pérez, presidente de Aidesep.
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Mientras tanto, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap) consideró que el Estado se contradice al promover leyes contra los pueblos indígenas y no normas que sancionen los crímenes ambientales que destruyen sus territorios. “Protegemos el agua, las semillas y ahora quieren invadir nuestros territorios sin nuestro consentimiento”, advirtió su presidenta, Lourdes Huanca.
Asimismo, Onamiap alertó sobre la intención del gobierno de debilitar sus organizaciones representativas. “Si el Ejecutivo no observa esta ley, tomaremos medidas de acción directa. No permitiremos que sigan vulnerando nuestros derechos a la vida, al territorio y a la consulta”, señaló la institución.
En comunicación con El Comercio, el apu Jorge Pérez, presidente de Aidesep, comentó que han enviado diversos documentos al Parlamento y Ejecutivo advirtiendo la afectación de esta norma; sin embargo, “contados congresistas” se han mostrado interesados en hablar sobre el tema. Ante ello, no descartó una masiva protesta a nivel nacional si se promulga la ley.
“No solo sería una movilización nacional, sino también acudiríamos a las instancias internacionales, ya que es una ley que no fue consultada. Toda media que pudiera afectar a los pueblos indígenas tiene que ser consultada y, en el caso no lo hagan, no tiene ningún valor”, recalcó.
El titular de Aidesep también hizo hincapié en que “no están en contra de la fiscalización”. Es más, recordó que su organización constantemente es inspeccionada por Sunat, Sunafil y otros.
“La Cooperación también dispone de sus propias auditorias para controlar cómo están siendo utilizados sus fondos. Hay una cultura institucional de control y no hay ningún problema para nosotros”, señaló a este medio.
