Si hay algo en lo que nuestro Congreso nunca decepciona es en su capacidad para tomar decisiones que, en su afán por “proteger” a los ciudadanos, terminan perjudicándolos aún más. La reciente negativa a derogar los topes a las tasas de interés -arguyendo un problema en el conteo de votos- es la última muestra de esta insólita habilidad para legislar en contra de la evidencia y el sentido común. En la lógica congresal -que muchas veces no tiene lógica-, restringiendo los intereses, el crédito se volverá más barato y accesible. En la práctica, lo que han logrado es exactamente lo contrario: más exclusión, más informalidad y más ciudadanos a merced de la mafia de los préstamos informales donde la garantía de pago es muchas veces tu propia vida.
La evidencia en contra de esta pésima política de topes a las tasas de interés es contundente, pero al Congreso, no “les entran balas”. El Banco Central de Reserva del Perú ha advertido que cerca de 270 mil peruanos han sido expulsados del sistema financiero como consecuencia de esta regulación. Cuando las tasas de interés son fijadas por el mercado, reflejan el riesgo crediticio de los prestatarios; cuando son impuestas artificialmente, los bancos y entidades financieras simplemente dejan de prestar a aquellos que no pueden hacerlo dentro de los márgenes permitidos. No se trata de una opinión, sino de un fenómeno ampliamente documentado. El trabajo de Joseph Stiglitz y Andrew Weiss (1981) demostró cómo los topes a las tasas de interés generan un problema de selección adversa en el crédito: si los bancos no pueden cobrar tasas acordes al riesgo, prefieren restringir los préstamos, dejando fuera a los sectores más vulnerables. Y sobre esto, se aprovecha los actores desregulados y sin control como las mafias del “gota a gota” que ha ido dejando una mancha larga de abusos en contra de los más vulnerables.
La teoría del Congreso es que los bancos están llenos de dinero y pueden seguir prestando a tasas más bajas sin afectar su negocio. En la realidad, las instituciones financieras enfrentan costos y riesgos que no pueden ser ignorados. Esther Duflo y Abhijit Banerjee, en su investigación sobre los créditos a los segmentos más vulnerables, han mostrado que la rentabilidad de los préstamos pequeños es clave para que estos puedan sostenerse en el tiempo. Reducir artificialmente las tasas de interés termina eliminando las opciones de financiamiento para quienes más lo necesitan, precisamente porque los prestamistas deben cubrir los costos de análisis, seguimiento y riesgo inherente a cada crédito. Cuando los bancos formales desaparecen de la ecuación, su lugar es tomado por prestamistas informales, casas de empeño abusivas y redes de microfinanciamiento ilegal que operan bajo esquemas coercitivos.
Perder acceso al crédito formal no solo significa pagar tasas exorbitantes en la informalidad, sino también quedarse fuera de los beneficios asociados a la
inclusión financiera. La literatura económica ha documentado ampliamente cómo el acceso a productos financieros formales impulsa el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la estabilidad social. Anamaria Lusardi y Olivia Mitchell (2014) destacan que la inclusión financiera fortalece la capacidad de los hogares para enfrentar choques económicos, fomenta el ahorro y mejora la planificación a largo plazo. La investigación de Dean Karlan y Jonathan Zinman (2010) evidencia cómo el acceso al crédito formal incrementa la inversión en pequeñas empresas, generando empleo y mejores ingresos. Raguran Rajan y Luigi Zingales (2003) han demostrado que los países con mayor inclusión financiera tienen niveles más altos de crecimiento económico sostenido, pues el crédito facilita la inversión productiva. Todo este camino a la prosperidad se pierde cuando incluyes topes a las tasas de interés.
Ignorar estos efectos positivos y restringir el acceso al crédito formal es un golpe a la movilidad social y al crecimiento económico. La ironía es que los mismos congresistas que defienden esta política son los que luego se escandalizan ante el crecimiento del mercado informal y la violencia asociada a él. Regular las tasas de interés sin entender cómo funcionan los mercados financieros es una receta garantizada para el desastre. La solución no pasa por imponer límites arbitrarios, sino por atacar las causas estructurales que hacen que los costos financieros sean elevados en el Perú.
En lugar de imponer topes ineficientes, la evidencia sugiere medidas más efectivas. Una de ellas es fomentar la competencia en el sistema financiero, como han señalado Thorsten Beck, Asli Demirgüç-Kunt y Ross Levine (2006), quienes encuentran que un mercado financiero más abierto y competitivo reduce los costos del crédito y mejora la eficiencia del sistema bancario. Otra es la promoción de la educación financiera, un campo en el que Lusardi ha sido pionera, demostrando que los individuos mejor informados toman decisiones financieras más acertadas y acceden a mejores condiciones de crédito. También es clave facilitar la digitalización del sistema financiero, como muestran los estudios de William Jack y Tavneet Suri (2016), quienes documentaron cómo el uso de billeteras electrónicas en Kenia redujo significativamente la pobreza al permitir a los hogares acceder a recursos de manera más eficiente.
Pero el Congreso ha elegido el camino contrario, en nombre de un populismo que solo sirve para empeorar las condiciones de quienes dice querer proteger. Mantener los topes a las tasas de interés es una decisión que condena a miles de peruanos a la exclusión financiera y a la trampa del crédito informal. Mientras el resto del mundo avanza en la ampliación del acceso a servicios financieros como motor de desarrollo, en el Perú seguimos insistiendo en fórmulas que han fracasado en cada país donde se han implementado. El Perú y sobre todo, los más pobres, no se merece este tipo de leyes. ¿Entenderá el Congreso el daño que está causando?
