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En medio de la consternación por dicho homicidio, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había indicado que se establecerá el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, lo que implicará el despliegue de miembros de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional.
Además, señaló que se ha adelantado para el 18 de marzo a las 10 a.m. la reunión en Palacio del Gobierno del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la cual estaba prevista para el 28 del presente mes. Adrianzén también afirmó que se decretará una reforma integral del sistema penitenciario.
Este lunes en la tarde se publicó, en una edición extraordinaria de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, el decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros que oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días. En la norma se establece que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú debe presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones realizadas durante la declaratoria del régimen de excepción y los resultados obtenidos.
Dina Boluarte evalúa pena de muerte para sicarios y extorsionadores
En medio de la inauguración del año escolar 2025 en un colegio de Independencia y ante decenas de alumnos, la presidenta Dina Boluarte dijo que estaba “pensando seriamente” en promover la aplicación de la pena de muerte para los sicarios y extorsionadores, pues aseguró que no se permitirá la muerte de un peruano más.
“Lo digo a viva voz: a estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieran a sus hijos, a emprendedoras y emprendedores que, con justo esfuerzo, se labran el futuro. Estos les digo: estoy pensando firmemente en la pena de muerte”, afirmó.
“No vamos a permitir un muerto más de un peruano, de una peruana que honestamente trabaja”, agregó.
No es la primera vez que Dina Boluarte habla de la pena de muerte, ya que, en diciembre del 2024, tras el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, propuso abrir el debate sobre aplica dicha sanción a los criminales que cometan violaciones y asesinatos de menores de edad. Incluso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha realizado audiencias para escuchar las posiciones sobre el tema.
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“Ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles en cualquier sociedad, es momento de tomar medidas drásticas. Debemos abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que individuos como estos sigan caminando libres por nuestras calles”, señaló la mandataria en aquella oportunidad.
Los estados de emergencia y su utilidad
La aplicación del estado de emergencia se viene haciendo con más frecuencia en los últimos años como una forma de enfrentar la criminalidad. Durante la vigencia de dicha medida restrictiva quedan suspendidos algunos derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Precisamente, el anuncio del Gobierno de Dina Boluarte de aplicar un estado de emergencia en Lima y Callao ha generado diversas reacciones de especialistas sobre el impacto de los régimenes de excepción en la lucha contra la delincuencia. Rubén Vargas, exministro del Interior, consideró lamentable que el Gobierno siga apostando por “fórmulas fallidas” y calificó de “anuncio demagógico” que se pretenda poner en agenda la pena de muerte para sicarios y extorsionadores.
“Es lamentable que el Gobierno, después de más de dos años de estar en el poder, recurra a fórmulas fallidas o fórmulas que ya anteriores gobiernos también habían recurrido y sabiendo que estas ya han fracasado, lo que nos indica es que no tienen ninguna idea clara de cómo enfrentar este problema y siguen levantando anuncios demagógicos y populistas, y están ocasionando muertos y zozobra en la población”, manifestó el especialista a El Comercio.
“Las acciones que ha anunciado el Gobierno no son contra el crimen organizado, son acciones populistas, son acciones demagógicas. La pena de muerte no se va a aplicar mañana. Segundo, ese afán por mostrarse con mano firme es pura pose si sabemos que fue el Ejecutivo, junto con el Congreso, el que se opuso a la detención preliminar en caso de no flagrancia”, agregó.
“Qué fuerza puede tener el anuncio del estado de emergencia o de pena de muerte cuando sabemos que estamos ante un gobierno que ha tomado decisiones en la línea de favorecer al crimen, me refiero a la legislación pro crimen organizado”, precisó.
Juan Carlos Sotil, especialista en temas de seguridad, aseveró a El Comercio que los estados de emergencia no tienen mayor impacto en la lucha contra la delincuencia, ya que solo se ejecutan operativos de control de identidad en las zonas de mayor concentración de personas y en principales vías de la ciudad y se capturan, en su mayoría, a sujetos con requisitorias por delitos menores, como juicios de alimentos. Planteó la aplicación de un trabajo de inteligencia policial para identificar y detener a las bandas criminales.
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También se debe tomar que, según lo reportado por el analista de datos Juan Carbajal, en el último trimestre del 2024 se registró la mayor cantidad de homicidios desde el 2017, pese a que estaba en plena vigencia el estado de emergencia decretado por el Poder Ejecutivo.
Los estados de emergencia por temas de seguridad en el gobierno de Dina Boluarte
El estado de emergencia decretado, el 27 de septiembre del 2024, en 14 distritos de Lima Metropolitana y Callao culminó el 10 de enero del 2025. La medida restrictiva estuvo vigente por 60 días en las jurisdicciones de Ate, Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho – Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Villa El Salvador y Ventanilla, y luego se extendió por 45 días. Incluso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, había anunciado que renunciaría si el estado de emergencia no daba resultado, pero después explicó que eso no se concretaría debido a que, según dijo, sí habría impacto en la lucha contra la delincuencia
Luego, el Gobierno dispuso, el pasado 6 de diciembre, el estado de emergencia por 60 días en los distritos de La Victoria, Bellavista, Carmen de La Legua-Reynoso, La Perla, La Punta y Mi Perú, así como en la jurisdicción de Callao Cercado.
Además, el Poder Ejecutivo dictó, en setiembre 2023, el estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, en Lima; y en siete distritos de la provincia de Sullana, en Piura. Posteriormente, en octubre del 2023, esta medida se amplió a Cercado de Lima y Lince por 60 días.
También se debe tomar en cuenta que, el 15 de diciembre del 2022, el gobierno de Dina Boluarte estableció el estado de emergencia por 30 días en todo el país debido a las protestas que se suscitaron tras el golpe de estado del expresidente Pedro Castillo. Luego, se amplió la medida por algunos meses más, pero se limitó su aplicación a regiones del sur del país y en Lima.
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Un grupo de alcaldes de Lima, especialmente los del norte de la capital, se ha mostrado de acuerdo con la aplicación de estado de emergencia, incluso los burgomaestres de las jurisdicciones en las que no estaba vigente la medida pedían que sean incluidos en la relación. Aseguraron que el despliegue policial y militar sí es disuasivo y permite contener la delincuencia.
El Conasec y su trascendencia en la lucha contra la inseguridad ciudadana
El Consejo Nacional de Seguridad Nacional (Conasec) es la instancia en la que se debaten las políticas de seguridad ciudadana que aplicarán las autoridades regionales y locales en sus gestiones. Está presidida por el jefe del Gabinete Ministerial y participan los titulares de diversos sectores, como el del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el del Ministerio del Interior (Mininter), el del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el del Ministerio de Educación, entre otros.
También participan el presidente del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, Devida, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Bomberos, el alcalde de Lima, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas del Perú (Remurpe).
Eduardo Pérez Rocha, exsecretario técnico del Conasec, cuestionó que el Gobierno haya adelantado la convocatoria de la reunión de dicha instancia, pues recordó que dicho cónclave no cuenta con una agenda específica y no se ha aprobado un plan de seguridad ciudadana desde el 2023. Por ello, consideró que se trata de una reunión “inútil” y que su anuncio es un “engañamuchachos”.
“En el año 2024 no ha habido plan (de seguridad ciudadana) ni quinquenal ni anual. Este año no ha habido plan ni quinquenal ni anual”, expresó el experto a El Comercio.
“La función de Conasec es ver los problemas y formular un plan de seguridad ciudadana para el año siguiente. Actualmente no tenemos plan, entonces los gobernadores y los alcaldes provinciales y distritales no tienen plan de seguridad ciudadana, que debe hacerlo el Conasec. La responsabilidad la tiene exclusivamente (Gustavo) Adrianzén”, agregó.
“Para qué van a adelantar la reunión del Conasec si no tienen ninguna función estas reuniones, ya que no tienen agenda”, remarcó.
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Pérez Rocha recordó que, durante su gestión, las reuniones en el Conasec eran semanales con los representantes, y los titulares se reunían mensualmente en Palacio de Gobierno previa agenda. Actualmente las reuniones son cuatro veces al año.
Enfatizó que la agenda de Conasec era aprobar un plan de seguridad anual, sin embargo, en julio del 2013 se elaboró un plan de seguridad ciudadana, pero con vigencia de 5 años. En 2019 también se aprobó un plan quinquenal con vigencia hasta el 2023.
La reforma del sistema penitenciario
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció, el último domingo, que se decretará una reforma integral del sistema penitenciario. Además, el año pasado, el Gobierno anunció que destinaría 3 mil millones de soles al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para la construcción de nuevos penales y contribuir así con la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana en el país.
Leonardo Caparrós, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), indicó a El Comercio que la reforma del sistema penitenciario puede tener un impacto en la lucha contra la delincuencia, pero consideró que no se trata de un pilar fundamental para enfrentar la criminalidad.
En ese contexto, remarcó que se atribuye mucha trascendencia a la delincuencia que se genera en las cárceles, ya que, según dijo, el mayor problema está en las calles.
“Es imposible que desde la cárcel se pueda coordinar ni muchos ni la mayoría (de los delitos), algunos sí. Definitivamente hay criminalidad que se forma desde la cárcel, es un problema, la entrada de celulares permite coordinar y realizar llamadas extorsivas, pero pensar que es gente que adquiere tanto poder como existe en la calle es exagerado. El problema lo tenemos en la calle. Un complemento de ese problema son las cárceles”, refirió.
“No creo que sea un pilar de los más grandes o importantes para el problema criminal que tenemos hoy. Va a ayudar sí, como tener las cárceles mejor, pero nuestro problema es mucho más complejo y está en la calle, está en el día a día, está en las motos, está en el desorden, en la extorsión, en la granada que se lanza en la farmacia de la esquina, ahí está el problema, eso no lo lanzan desde una prisión”, afirmó Caparrós.
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“Yo no creo que sea uno de los pilares (la reforma del sistema penitenciario) de la lucha contra la criminalidad que hoy enfrentamos. Para el sistema es muy importante, pero no es una herramienta poderosa en este momento para enfrentar directamente el problema que estamos enfrentando”, manifestó.
Caparrós enfatizó que una reforma requiere un “presupuesto fuerte” y un plan claro sobre las medidas que se ejecutarán, pero que no ha visto, hasta el momento, un anuncio en ese sentido. Incluso, recordó que en octubre del 2024 se anunció la transferencia de 3 mil millones de soles al Minjusdh para la construcción de penales, pero que no se ha visto mayor ejecución de obras.
