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La Libertad viene siendo golpeada por la delincuencia y extorsión, a eso se suma la llegada del fenómeno de El Niño, la expansión de la minería ilegal y la débil presencia del Estado. El próximo gobernador deberá enfrentar estos y otros problemas y deberá liderarlo con responsabilidad para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, los candidatos que anhelan este puesto tienen serios cuestionamientos y generan dudas. Aquí traemos un repaso de los casos más controvertidos.
Salaverry es recordado por ser parte de múltiples partidos y bancadas. Fue regidor de Trujillo por el APRA entre 2007 y 2010. Tras no alcanzar la alcaldía trujillana con el partido de Haya de la Torre fundó el Movimiento Político Democracia, Seguridad y Valores. En 2014, postuló con Fuerza Popular a la alcaldía nuevamente, sin tener éxito. En 2016 logró llegar al Congreso, donde pasó de vocero de bancada a presidente del Parlamento en 2018. Desde ese cargo rompió con el fujimorismo y se alió con la bancada Unidos por la República. Para 2021 postuló sin éxito a la presidencia con Somos Perú de la mano de Martín Vizcarra y ahora busca el gobierno regional con Perú Primero.
En su paso por el Congreso, el Pleno lo acusó constitucionalmente por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica, al presumirse que no realizaba personalmente sus viajes de representación en La Libertad, sino que delegaba esa función en su asesor Geanmarco Quezada y cobraba por ello. La Fiscalía de la Nación formalizó el proceso y pidió ocho años de prisión más cinco de inhabilitación. El Poder Judicial lo condenó en primera instancia por peculado doloso, pero la Corte Suprema lo absolvió en segunda instancia.
En 2022, el gobierno de Pedro Castillo lo nombró presidente del directorio de Perupetro, designación que motivó una fiscalización de la Contraloría por no cumplir los requisitos técnicos exigidos en hidrocarburos. Salaverry renunció a los 17 días de asumir el cargo, tras las críticas. A raíz de ese episodio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el 26 de junio pasado un informe que recomienda acusar al expresidente Castillo y a su exministro de Energía y Minas, Eduardo González, por negociación incompatible y nombramiento ilegal.
A este historial se suma un incidente de marzo de 2021, cuando Salaverry descendió de su vehículo para confrontar con insultos xenófobos a un ciudadano venezolano que lo cuestionaba. También arrastra un antecedente de 2013, cuando más de siete mil pobladores del Centro Poblado San Vicente de Paúl denunciaron que colapsó una obra de alcantarillado ejecutada por DSV Constructores, empresa donde ejercía como representante legal. A raíz de ello, las autoridades locales presentaron cuatro denuncias por contaminación ambiental, aunque la Fiscalía las archivó. En 2018, un informe del Ministerio de Vivienda concluyó que la constructora abandonó los trabajos, generando malestar en la población y un foco de contaminación.
Salaverry ha estado en las filas del APRA, Fuerza Popular, Somos Perú y ahora por Perú Primero.
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El representante de Podemos fue congresista edurante tres periodos consecutivos —desde 2006 al 2019—, hasta que el Congreso fue disuelto. Ante el declive del aprismo, fundó el movimiento regional Trabajo Más Trabajo, decisión que le costó la expulsión definitiva del APRA por “traición”. En 2024 formalizó su ingreso a Podemos Perú.
En setiembre de 2016, poco después de jurar como tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, se revelaron plagios en proyectos de ley con su firma. Renunció al cargo tras el revuelo mediático. La Comisión de Ética confirmó plagios en seis iniciativas legislativas y el Pleno lo sancionó con una multa equivalente a 30 días de remuneración.
Además, la Fiscalía abrió una investigación en 2025 por presunta usurpación de funciones y falsedad genérica, al haberse presentado entre 2023 y 2024 ante distintas entidades estatales como representante de las municipalidades distritales de Sánchez Carrión, Virú, Santiago de Chuco y Gran Chimú, sin tener vínculo formal con ellas.
Elías Rodríguez cuando era secretario institucional del Partido Aprista Peruano. (Foto: Piko Tamashiro / GEC)
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El candidato militó en el Partido Nacionalista Peruano entre 2010 y 2014, postuló sin éxito por Democracia Directa en 2018 y, en 2022, ganó la alcaldía provincial de Pataz con el mismo movimiento “Trabajo Más Trabajo”. En su hoja de vida presentada al JNE, indicó que renunció en 2024 a Alianza para el Progreso, partido de César Acuña, al que hoy critica con dureza y cuya gestión ha calificado como “incapaz”.
En 2025 encabezó una marcha hacia Lima para presentar diversos reclamos al Gobierno Central, como el mejoramiento del Hospital de Pataz. La caminata generó controversia porque los polos que usó tenían los colores del partido por el que hoy postula, y porque la Policía intervino a él y a sus acompañantes por presunta tenencia ilegal de armas; ellos alegaron pertenecer a su equipo de seguridad y contar con documentación en regla. En paralelo, la fiscalía provincial de La Libertad inició una investigación por presunto peculado de uso, al haber utilizado una camioneta de la Municipalidad Prorvincial de Pataz para dar soporte logístico a su marcha personal.
El Jurado Electoral Especial de Trujillo también determinó que incurrió en infracción de neutralidad por propaganda extemporánea en paneles y pintas, aunque el JNE anuló posteriormente lo actuado.
Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima tras 48 días de caminata junto a una comitiva que lo acompañó en la ruta. Foto: GEC
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El candidato de la lampa encabeza la lista para llegar al Gobierno Regional, pero detrás de él también postula Guillermo Guzmán Obando, actual alcalde de Usquil y candidato a consejero regional.
Durante la actual gestión de Guzmán en Usquil, la empresa Inversiones COINPERÚ E.I.R.L. pasó de tener solo dos contratos con la Municipalidad de Laredo a conseguir 21 contratos con la comuna de Usquil entre agosto y diciembre de 2025, por un valor superior a los 300 mil soles. Un caso similar es el de Constructora Flaval SAC, que según el portal del OSCE no registraba contratos previos con el Estado y que, sin embargo, fue contratada 15 veces por la Municipalidad de Usquil entre julio de 2024 y mayo de 2026, por más de 900 mil soles. A ello se suma Constructora Martínez SAC, que logró diez contrato, de los cuales ocho fueron en menos de un año, por más de 30 millones de soles en total.
En su hoja de vida presentada ante el JNE, Guzmán Obando declaró tres sentencias por conducir en estado de ebriedad y una por lesiones leves. Según denuncias policiales a las que se tuvo acceso, no contaba con licencia de conducir cuando fue intervenido. Además, en junio de 2025 el Jurado Electoral Especial de Chiclayo abrió un proceso sancionador en su contra por presunta infracción a la neutralidad, luego de la difusión de banners institucionales sobre descuentos tributarios municipales en los que aparecía su nombre.
Conversamos con Benavides y nos dijo que de llegar al gobierno regional se enfocará en enfrentar la extorsión y el sicariato, así como erradicar el hambre en la región. Sin embargo, al consultar sobre su candidato a consejero regional admitió que desconocía el historial judicial de Guzmán al igual que los candidatos de provincias.
“Desconozco esas sentencias y ese tipo de comportamientos que haya tenido, la verdad”, comentó.
Guillermo Guzmán postula como consejero regional por Acción Popular. Foto: Municipalidad de Usquil
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Este medio intentó comunicarse con los candidatos mencionados en esta nota, pero solo obtuvimos la respuesta de Óscar Benavides.
Para Miguel Rodríguez Albán, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, los candidatos con cuestionamientos como los mencionados no son ideales para gobernar la región. En ese sentido, sostiene que es probable que no superen el 30% necesario para ganar en primera vuelta.
“No son ideales. En La Libertad, en realidad, la mayoría del elector todavía no decide su preferencia. Ellos son los más conocidos porque ya han sido políticos. La gente está buscando la renovación política en la región”, explica.
Agrega que algunas organizaciones perderán su inscripción y que, para reactivarla, deberán cumplir nuevamente los requisitos de la Ley de Organizaciones Políticas. Ante este panorama no descarta que algunos candidatos que resulten electos terminen buscando el respaldo de otras fuerzas políticas, incluido el fujimorismo.
“Podemos no pasó (la valla electoral), Somos Perú no pasó, Perú Primero tampoco, con lo cual se están jugando la participación política, pero de ganar alguno de ellos, el partido por el que postulan ya no existiría a partir del otro año”, indicó.
Mirko Campaña, periodista y docente de la Universidad Privada Antenor Orrego (UAPAO), también consideró que estos candidatos no son ideales para el cargo y que algunos de ellos provienen del aprismo o del partido de los Acuña.
“En mi opinión no creo que sean los más apropiados para ocupar un sillón tan importante, más aún considerando que tenemos una gestión de varios años de un partido que ya perdió a nivel nacional. La mayoría de candidatos con trayectoria política vienen de partidos que son reciclados por el Partido Aprista Peruano o son de APP. Lo mismo ocurre con Aldo Carlos y con Elías Rodríguez”, comentó.
