Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La reciente crisis migratoria de Ceuta parece ir quedando atrás, pero la súbita llegada de 60.000 personas a la pequeña localidad española del norte de África sigue generando preguntas y cuestionamientos alrededor de una problemática latente que cuenta con diversos antecedentes y condicionantes.
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El presidente de España fue más duro con lo que consideró una “reacción egoísta, polarizadora e ilegal” de algunos países de la Unión Europea (UE) como respuesta al incidente. Sánchez se refería a medidas como la de Italia y Francia, que ordenaron controles migratorios adicionales a los viajes procedentes de España.
El gobierno italiano presidido por Giorgia Meloni también anunció que buscaba que buscaba la suspensión temporal de España del Espacio Schengen a causa de lo que consideraron incapacidad de los ibéricos para controlar el acceso a territorio de la UE por mar.
Esta postura fue compartida por países como Dinamarca, Finlandia y República Checa que temen un flujo migratorio descontrolado por el espacio común europeo procedente de los territorios españoles en África.
En medio de la crisis de Ceuta, Madrid convocó al embajador italiano en su territorio por esa proposición y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores español, fue particularmente crítico con la propuesta de exclusión del Espacio Schengen, señalando que surgía de la “demagogia partidista” de la gestión de Meloni y que esto “era absolutamente inadmisible e impropio de socios comunitarios”.
“Quienes hoy exigen el aislamiento de España olvidan el principio básico de lealtad y solidaridad europea en la custodia del flanco sur”, refirió el ministro español.
Antonio Tajani, homólogo italiano de Albares, respondió este lunes cuestionando —nuevamente— la gestión migratoria de España, mencionando que la política de su país logró la disminución de inmigrantes irregulares en un 60% desde el 2023 y que en la primera mitad de este año la llegada de embarcaciones con extranjeros irregulares disminuyó un 80% con respecto a tres años atrás.
Varios migrantes permanecen sentados frente al centro de acogida temporal CETI en Ceuta, enclave español del norte de África, el 1 de agosto de 2026. (Henry Nicholls / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
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“Al ministro de Exteriores español no le respondo yo, sino los números”, dijo. Tajani, agregó que el destino de más de 5.000 personas del África Subsahariana que ingresaron a Ceuta todavía es incierto, por lo que “era correcta la decisión de suspender el espacio Schengen” y que se trataba de una medida respaldada por 21 países europeos.
A nivel comunitario, al menos discursivamente, la Unión Europea ha manifestado su solidaridad con el gobierno español al señalar que la protección de las fronteras del bloque era “una responsabilidad compartida” y que se trató de un “ataque híbrido”, en lo que se interpreta como una alusión al accionar de Marruecos.
Enrique Banús, director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, comenta que los citados desencuentros diplomáticos de España tienen a Pedro Sánchez como principal responsable.
“Es Pedro Sánchez el que está solo, es España con un gobierno muy determinado que ha enojado a bastantes países. Ya sabemos que Donald Trump está enojado con Pedro Sánchez hace tiempo y los socios europeos también están un poco molestos por los asuntos en los que ha mantenido una opinión diferente, como en el gasto militar (de la OTAN), el apoyo a Ucrania y más”, explica el internacionalista.
Banús indica que acciones como el reciente proceso de regularización masiva de inmigrantes emprendido por España fueron particularmente mal recibidas por los otros miembros de la UE.
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha sido un duro crítico de la gestión migratoria de España. (Foto de Adrian DENNIS / POOL / AFP)
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Dicho trámite registró más de un millón de solicitudes y fue visto con disconformidad por países como Italia, Francia y Alemania, preocupados por la posibilidad de que la medida generara un efecto de llamada e impactara a todo el espacio de libre circulación europeo en un momento en el que se busca de forma mayoritaria un marco migratorio más restrictivo.
A nivel supranacional también hubo críticas, pues la Comisión Europea informó que el gobierno de Sánchez no notificó que llevaría a cabo dicho proyecto y recordó que esto debió realizarse en conformidad con el proceso comunitario regular. La entidad advirtió que los permisos de residencia y trabajo otorgados por esta vía no otorgaba derechos automáticos en el resto de la UE.
El gasto militar en el contexto de la OTAN también ha sido problemático desde la vereda española, por la negativa de Pedro Sánchez a incrementar el presupuesto defensivo de los miembros de la alianza a un 5% del PIB. Esto último fue particularmente criticado por Estados Unidos, con Donald Trump calificando abiertamente a España como un “aliado problemático”.
La situación no mejoraría con los ataques de Washington contra Irán, en los que Madrid no autorizó a los norteamericanos el uso de sus bases de Rota y Morón para las operaciones. En ese contexto, la administración de Trump ha barajado la posibilidad de imponer aranceles a las exportaciones españolas, amenaza que se ha mantenido latente.
La reciente cuestión de Ceuta ha reavivado viejos temores en algunos sectores de España en torno a la conflictividad diplomática con el estado magrebí.
El país hispánico ha señalado que la actitud de Marruecos fue de colaboración adecuada, atribuyendo públicamente el incidente a desinformación en las redes sociales y el accionar de mafias de tráfico de personas. Sin embargo, medios y analistas han considerado que el traslado no controlado de una cantidad tan grande de migrantes corresponde a un accionar como mínimo negligente por parte del gobierno marroquí.
Un grupo de migrantes regresa a Marruecos desde el centro de acogida CETI hacia el puesto fronterizo, escoltado por soldados de infantería españoles, en el enclave español de Ceuta, el 2 de agosto de 2026. (Foto de Henry NICHOLLS / AFP).
/ HENRY NICHOLLS
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El país norafricano argumentó que se vio desbordado por la afluencia de personas, pero el papel de Marruecos en la crisis viene siendo objeto de debate debido a sus reclamaciones y antecedentes históricos.
Enrique Banús recuerda que como parte de este trasfondo no se puede obviar que los marroquíes reivindican su soberanía sobre Ceuta y Melilla, añadiendo que la monarquía norafricana ha usado con anterioridad “la migración y la entrada descontrolada de personas como medio de presión” contra España y Europa.
La referencia más próxima es lo sucedido en mayo del 2021 con la irrupción de 10.000 individuos en Ceuta, luego de que el gobierno de Rabat relajara sus controles en la frontera con el enclave español.
La Unión Europea reaccionó denunciando el hecho como la “instrumentalización de los controles limítrofes” contra uno de sus integrantes. El incidente fue directamente considerado por el bloque multinacional como una represalia de Marruecos por la atención médica que recibió en España el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Dicho movimiento busca la independencia del Sáhara Occidental, antiguo territorio español controlado por la monarquía magrebí.
España acogió en un hospital al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, lo que alimentó las sospechas de que Marruecos dejara pasar a los migrantes como represalia contra España en 2021. (Getty Images).
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Más allá de este detalle, Banús es cauto al señalar que por ahora “no está tan claro” que la última llegada masiva de personas a Ceuta “se haya tratado de una acción seriamente dirigida y planificada desde Marruecos”.
La prensa española por ahora se mantiene en una línea similar con respecto a los hechos de la última semana, aunque medios como El País reportan que los servicios de inteligencia de España han concluido que Marruecos utilizó y facilitó el desplazamiento masivo a pesar de no haberlo planeado.
Hay precedentes que se remontan mucho más atrás en el tiempo que también han sido fuente de tensión diplomática entre los países separados por el mar Mediterráneo. En ese sentido, el temor de que Marruecos pueda estar orquestando una nueva “Marcha Verde” no ha sido ajeno al debate público.
Con este nombre se conoce una acción masiva organizada por el rey Hasán II en 1975, que desembocó en la invasión del Sahara Occidental por parte de la monarquía arábiga, que argumentaba derechos históricos sobre la región.
Por ese entonces el territorio correspondía a la provincia española del Sahara, que estaba próxima a ser desocupada por el país europeo en medio de la descolonización de África.
Rabat movilizó a más de 300.000 civiles junto a un contingente encubierto de 25.000 militares para hacerse con el territorio, a pesar de que el Frente Polisario venía reclamando la independencia a España.
Hombre saharaui sostiene una bandera del Frente Polisario en el área de Al-Mahbes, cerca de los soldados marroquíes que custodian el muro que separa el Sahara Occidental controlado por Polisario. (Foto: AFP)
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Al encontrarse con una masa de civiles, los soldados españoles que resguardaban la región recibieron la orden de replegarse sin atacar. Tras el retiro de los hispanos, los civiles también se marcharon por orden del monarca alauita, quien dejó en el territorio a efectivos militares marroquíes para garantizar su control.
Desde la perspectiva de Enrique Banús, aquel movimiento fue sustancialmente diferente de los desplazamientos actuales porque en ese caso sí fue claro que hubo un involucramiento directo de Rabat.
El experto de la Universidad de Piura también apunta que Marruecos detectó una oportunidad en la fragilidad gubernamental que vivía España, aunque considera que en la actualidad es más difícil un escenario de este tipo.
“Hay que recordar que la Marcha Verde es de tiempos de un Francisco Franco prácticamente agonizando, una circunstancia muy bien aprovechada por Marruecos, cuyo gobierno sí organizó perfectamente aquella movilización”, precisa el docente universitario.
Durante ese mismo año, España, temerosa de entrar en una guerra colonial ante la incertidumbre generada por la inminente muerte de Franco, pactó la administración tripartita del Sahara Occidental con Mauritania y Marruecos, que ocupó dos terceras partes de la región septentrional.
Hombres saharauis rezan en el desierto del Sahara Occidental, en el valle de Tifariti. TOPSHOTS/AFP PHOTO / DOMINIQUE FAGET
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No obstante, el acuerdo no era uno de soberanía y hoy en día la ONU sigue considerando Sahara Occidental como un territorio pendiente de descolonización, debido a que se ignoró la voluntad de la población saharaui que lo ocupaba. Lo anterior no impidió que Marruecos se hiciera con el control efectivo de la mayor parte de ese territor.
Desde entonces la posición española fue de neutralidad, aunque con un apoyo tácito las consideraciones de las Naciones Unidas. Esto cambió en marzo del 2022, cuando el gobierno español presidido por Pedro Sánchez dio un giro histórico en su política exterior y respaldó la propuesta de Marruecos de catalogar la región como un territorio autónomo bajo su soberanía irrevocable.
Ya desde entonces se discutía que se habría tratado de una medida de Madrid de cara a evitar la presión migratoria con la que ya amenazaba Rabat.
Semanas después del reconocimiento de España al reclamo marroquí, una investigación del semanario “The New Yorker” junto a Citizien Lab reveló que los teléfonos de Pedro Sánchez y otros funcionarios habían sido infectados con “Pegasus”, software israelí de espionaje.
La empresa israelí NSO desarrolló el programa espía Pegasus, que ha infiltrado miles de teléfonos celulares de dignatarios, periodistas y activistas de derechos humanos. (Imagen: AFP)
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Las sospechas apuntaban a Marruecos, aunque no había indicios que confirmaran esas suposiciones, a lo que se sumaba que los métodos de infección tecnológica eran desconocidos.
En febrero del presente “The Objective” aseguró que fuentes de inteligencia confirmaron que el hackeo fue responsabilidad de la inteligencia marroquí y que tuvo lugar entre 2020 y 2021.
Según el informe, el celular de Sánchez fue intervenido con el ‘spyware’ mediante el método zero-click durante una visita presidencial a Ceuta en medio del control de daños de la crisis migratoria de mayo del 2021.
Otro artículo del diario El Confidencial publicado a mediados de julio pasado fue más allá, indicando que el Centro Nacional de Inteligencia de España envió ese mismo año tres informes avisando a Sánchez que Marruecos consideraba que la hospitalización de Brahim Ghali era una “magnífica oportunidad” para ejercer presión de cara al reconocimiento de la soberanía de la monarquía sobre el Sahara Occidental.
El mismo reporte señala que solo entre el 19 y el 22 de mayo del 2021 se extrajeron 2,57 gigabytes de datos del móvil de Pedro Sánchez, añadiendo que el autor intelectual de toda la trama sería Fouad Alí el Himma, consejero y amigo de la infancia del rey Mohamed VI. El asesor real también habría sindicado como objetivos a otros mandatarios europeos como Emmanuel Macron.
Enrique Banús indica que Pedro Sánchez se encuentra en una “posición incómoda” porque pese a los intentos previos de congraciarse con Marruecos, “la situación se encuentra en entredicho a raíz de los hechos más recientes”.
España selló hace pocas semanas un acuerdo político y económico con Argelia para incrementar la importación de gas, normalizando las relaciones con dicho país que se habían roto en 2022.
Pedro Sánchez viajó a Argelia el pasado 20 de julio.
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La noticia fue recibida con desagrado en Marruecos, debido a que ambos países del Magreb tienen posturas diametralmente opuestas por el respaldo de Argelia al Frente Polisario y la independencia del Sahara Occidental. El posicionamiento de Madrid a favor de la propuesta marroquí con respecto a la región justamente llevó al distanciamiento con Argel hace cuatro años.
En el marco actual, España parece atrapada entre dos posturas todavía irreconciliables y para muchos no ha sido una coincidencia que la crisis de Ceuta tuviera lugar tan solo dos semanas después del convenio comercial firmado con Argelia. Esto a pesar de que en el tiempo reciente el diálogo entre Madrid y Rabat era particularmente bueno, entre otras cosas, por la organización conjunta del próximo Mundial de Fútbol.
Banús insiste en que lo sucedido en el enclave español debe abordarse con cautela porque las intenciones de Marruecos y cualquier planificación meticulosa de la oleada humana desde Rabat siguen situándose en el terreno de la especulación.
El especialista de la Universidad de Piura sí considera que el consenso alrededor de la pobre respuesta de la gestión de Sánchez es acertado, incluso si tenía que lidiar con la ola de calor veraniega y los incendios forestales que ha venido enfrentando el país ibérico.
“Lo que sí parece claro es que el gobierno español reaccionó tarde, no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dicen que fallaron los servicios secretos, que no avisaron, algo que el propio ministro ha señalado y que es una cuestión muy dedicada”, menciona el internacionalista.
Un soldado español observa a los migrantes sentados en la acera antes de escoltarlos de regreso a Marruecos, en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 1 de agosto de 2026. (JORGE GUERRERO / AFP)
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A juicio del especialista, los posibles apoyos internacionales de España en este escenario potencialmente conflictivo se sitúan sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, más allá de que algunos aliados hayan visto la problemática con Marruecos como la oportunidad de una pequeña “venganza” contra las decisiones internacionales de Sánchez.
Bajo la óptica de Banús, más complicado es cualquier involucramiento de Argelia a favor de los españoles porque el recuerdo del cambio de postura con respecto al Sahara Occidental sigue fresco.
Marruecos, por su parte cuenta con un respaldo importante de Estados Unidos, que reconoce abiertamente la soberanía marroquí sobre el Sahara. El mensaje que Donald Trump envió al rey Mohamed VI el 1 de agosto tras el Día del Trono de la monarquía justamente aludía a esa consideración de Washington y fue interpretado desde algunos sectores como un espaldarazo a Rabat en medio de lo que sucedía en Ceuta.
Independientemente de lo anterior, a juicio de Enrique Banús, el desafío más importante para España se encuentra en los problemas sociales que atraviesa Marruecos, con protestas cada vez más frecuentes de la población joven, que sufre una alta tasa de desempleo y que denuncia tener un gobierno que no responde a sus necesidades.
Manifestantes levantan pancartas durante una protesta liderada por jóvenes que exigen reformas en la sanidad pública y la educación en Marruecos. (Foto de Abdel Majid BZIOUAT / AFP).
/ ABDEL MAJID BZIOUAT
En palabras del analista, ese “hervidero” está apenas separado geográficamente de las pequeñas ciudades españolas del norte de África, sobre las que cualquier ayuda desde Europa suele ser lenta y que no suelen estar en el debate público.
“Lo sucedido en Ceuta ha sido sorpresivo en la magnitud, no en cuanto al hecho de los continuos intentos de grupos numerosos por ingresar a las ciudades. No sé si el temor a una nueva Marcha Verde es fundado o no, eso se sabrá con el paso del tiempo, pero no tenemos algún indicio de que eso esté cocinando a no ser que haya fuentes de inteligencia que lo confirmen”, sostiene Banús.
“Hay una población marroquí joven desencantada que no ve futuro y va a buscar huir de forma desesperada por todos los resquicios que haya. Ese descontento está ahí y es muy difícil encontrar soluciones válidas”, añade.
Sobre el papel España y Marruecos tienen acuerdos de cooperación policial y devoluciones de ciudadanos en situación irregular, pero Banús explica que las resoluciones de los tribunales españoles han hecho más complejo ese contexto operativo.
En 2020 el Tribunal Supremo de España puso fin a la devolución automática de los extranjeros que llegaban ilícitamente por vía marítima. Se estableció que a todas estas personas se les debía abrir un procedimiento administrativo completo e individualizado, lo que se tradujo en una sobrecarga procesal que generó amplio debate.
La misma corte añadió jurisprudencia en julio de este año al determinar que las llamadas devoluciones en caliente solo podían aplicarse a individuos que fueran encontrados intentando “superar elementos de protección fronterizos” como vallas y otras barreras físicas.
Bajo esta premisa, las detenciones y retorno “exprés” de personas que llegan por el mar no serían aplicables al no existir estos obstáculos en dicho medio, por lo que los migrantes irregulares que rodearan a nado espigones como los de Ceuta no estarían sujetos a la devolución en caliente.
Pedro Sánchez sostuvo que aquella interpretación “corrió como la pólvora” entre las redes de tráfico de personas y explica en buena medida la llegada masiva de extranjeros a las aguas que circundan Ceuta. Por su parte, Marruecos manifiesta haber advertido con anticipación que ese marco normativo iba a dificultar el control fronterizo compartido.
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