La administración de Donald Trump ha implementado una nueva arma para lograr su ambiciosa meta de un millón de deportaciones al año en la forma de ‘megaaudiencias’ en los tribunales de inmigración de Estados Unidos -controlados por el Ejecutivo -, donde un centenar de inmigrantes indocumentados o incluso más son citados simultáneamente para comparecer ante un juez.
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Según la letrada, los casos de asilo son particularmente complejos y requieren una preparación extensa que incluye declaraciones detalladas, evidencia documental y argumentos jurídicos elaborados por abogados. En ese contexto, considera difícil que una persona pueda exponer adecuadamente su situación dentro de audiencias masivas y aceleradas.
“Las personas que van a una megaaudiencia definitivamente pierden su derecho al debido proceso porque no están preparadas para argumentar sus casos”, sostiene Lonazco.
AILA también ha advertido que algunos jueces están conduciendo estas audiencias de manera colectiva, dirigiéndose en simultáneo a decenas de personas y solicitando respuestas generales sobre cuestiones fundamentales del proceso. Esto podría dificultar que los inmigrantes comprendan plenamente sus derechos o planteen dudas específicas sobre sus expedientes.
La preocupación es aún mayor para quienes no cuentan con representación legal. La mayoría de los inmigrantes que comparecen ante los tribunales lo hacen sin abogado, lo que los deja en una posición especialmente vulnerable frente a procedimientos complejos y acelerados.
Otro de los riesgos identificados por los expertos es la emisión de órdenes de deportación en ausencia. Diversos abogados han reportado que algunos inmigrantes podrían no enterarse de cambios en las fechas de sus audiencias o recibir notificaciones con escasa anticipación. Una situación grave ya que si estos no se presentan ante el tribunal, el juez puede ordenar automáticamente su deportación.
Lonazco también observa un endurecimiento en la forma en que se desarrollan algunos procedimientos. Según explica, anteriormente era más común que los jueces concedieran tiempo adicional para que los inmigrantes consiguieran representación legal. Ahora, afirma, se están tomando decisiones mucho más rápidas sobre ciertos casos.
No obstante, la abogada subraya que el debate no gira necesariamente en torno a un cambio de la ley migratoria. A su juicio, la diferencia principal radica en la forma en que el Gobierno está aplicando las normas existentes.
“La Ley de Inmigración y Nacionalidad no ha cambiado desde 1952, lo que ha cambiado son las prioridades de la administración para la aplicación de esa ley”, agrega.
En su opinión, durante administraciones anteriores las autoridades tendían a concentrar los esfuerzos de deportación en personas con antecedentes criminales o consideradas una amenaza para la seguridad pública, pero en la actualidad prácticamente cualquier persona que se encuentre en violación de las normas migratorias puede ser considerada una prioridad para la deportación.
Ante el nuevo escenario, los especialistas recomiendan a los inmigrantes adoptar una actitud muy meticulosa y atenta respecto a sus procesos judiciales, aunque la principal es encontrar representación legal lo antes posible.
Para Lonazco, acudir a una audiencia sin un abogado puede reducir significativamente las posibilidades de presentar adecuadamente un caso de asilo o cualquier otra solicitud migratoria.
“Lo más importante es buscar representación. No ir a una corte sin un abogado”, enfatiza la legista, recordando que existen organizaciones sin fines de lucro y abogados de bajo costo en todo el país que buscan ayudar a los migrantes.
En esta línea, la letrada insta a buscar profesionales licenciados con conocimiento del tema y no depender exclusivamente de preparadores de documentos, notarios o asistentes legales que no estén autorizados para ejercer la abogacía o no tengan los conocimientos necesarios para defender los intereses de sus clientes.
Otra medida clave es mantener actualizada la información de contacto ante los tribunales de inmigración. En ese aspecto, remarca que los migrantes deben mantener actualizada a la corte sobre cualquier cambio de domicilio, así como verificar periódicamente el estado de sus casos mediante los sistemas públicos de consulta disponibles.
“Ahora más que nunca es una labor proactiva”, afirma Lonazco, resaltando que una orden de deportación en ausencia puede complicar considerablemente la situación migratoria de una persona y obligarla a iniciar costosos procedimientos para intentar reabrir su caso.
