Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
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Ha sido promocionado en redes sociales como un prometedor proyecto inmobiliario. Sin embargo, luego de casi cuatro años desde su anuncio, aún no se ha construido ninguna vivienda, pese a que se han vendido alrededor de 3.000 lotes. Ese es el caso del denominado “Miami Beach Peruano”, ubicado en Casma, Áncash. Diversas denuncias públicas sugieren que, tras la venta de los terrenos, los compradores quedan a su suerte, sin una hoja de ruta clara para concretar el sueño de la casa propia.
Actualmente, aunque el proyecto se inició en julio de 2022, no se observa ninguna vivienda construida. Internautas en redes sociales y especialistas consultados por El Comercio advierten un posible caso de publicidad engañosa, ya que el proyecto se promociona como una futura “ciudad inteligente”, pero hasta ahora solo se ha implementado una piscina, un área verde con fines promocionales y algunos postes de luz con energía solar. Esto contrasta con la naturaleza de los proyectos inmobiliarios, que requieren una planificación arquitectónica y de ingeniería integral.
Uno de los usuarios que ha cuestionado abiertamente el proyecto es Armando Galera, quien señaló que “no han logrado construir ni una sola casa; solo esa piscina, parque y postes. De eso precisamente se trata el engaño, porque te prometen una ciudad”. Asimismo, sostuvo que ningún lote ha ganado valor con el tiempo, debido a la falta de desarrollo que lo respalde.
Primer post de la cuenta de Instagram de Miami Beach Peruano.
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Además, abordó el hecho de que el proyecto ha sido publicitado como una supuesta alianza con la cadena hotelera Marriott International, que sería uno de sus inversionistas. Sin embargo, de acuerdo con la documentación disponible, no se trataría de una alianza confirmada, sino de una solicitud realizada por los representantes del proyecto para desarrollar una franquicia de versiones económicas de estos hoteles dentro del complejo. Este proceso, iniciado en 2024, aún se encontraría en evaluación, sin resultados claros.
Otro aspecto que ha generado dudas es por qué ha pasado tanto tiempo sin que se haya construido ninguna edificación. Esto ha llevado a algunos usuarios en redes sociales a especular que existirían limitaciones debido a la falta de conexiones a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad (ya que los postes instalados funcionan con energía solar).
Publicidad de Miami Beach Peruano.
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Por su parte, también ha llamado la atención la presencia en TikTok de diversas personas que defienden el proyecto, como si se tratara de promotores. No obstante, en los comentarios de estos videos, otros usuarios cuestionan su credibilidad y los confrontan.
Algunos usuarios de internet defendían el proyecto.
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En los comentarios, varias personas cuestionaban que solo se mostraba una piscina y no casas. El motivo sería que, hasta ahora, no se ha logrado construir ninguna.
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En este caso, la promesa de una “ciudad inteligente” puede considerarse publicidad engañosa cuando genera una expectativa que no tiene respaldo real. Así lo sostiene ante El Comercio Karina Olano Rodríguez, socia en BBGS Abogados y especialista en protección al consumidor. “La ley peruana prohíbe toda publicidad que pueda inducir a error, incluso si no es totalmente falsa. Esto incluye el uso de conceptos atractivos que sugieren un desarrollo que en la práctica no existe o no está garantizado. Si el consumidor toma una decisión basada en una promesa que no puede verificarse, estamos ante un posible caso de publicidad engañosa”, señaló.
Asimismo, explicó que la ley exige que lo ofrecido cumpla con lo que el consumidor espera recibir. “En proyectos inmobiliarios, no se trata solo de vender un terreno, sino de que este sea útil para el fin que se promociona. Si se ofrece como parte de un desarrollo urbano, pero no cuenta con servicios básicos ni condiciones reales para tenerlos, el producto no cumple con su finalidad. El consumidor debe recibir información clara, suficiente y oportuna para tomar una decisión. No solo se sanciona la información falsa, sino también la omisión de datos relevantes”, agregó.
La experta indicó además que, cuando lo entregado no coincide con lo ofrecido en la publicidad, pueden aplicarse sanciones y la obligación de corregir la situación. “Insisto en que estaríamos hablando de publicidad engañosa. Por ejemplo, si se menciona a una cadena hotelera sin un acuerdo concreto, se genera una expectativa indebida en el consumidor. No es lo mismo anunciar un proyecto confirmado que una simple intención o posibilidad”, precisó.
Esta iniciativa busca convertirse en una mini ciudad inteligente que beneficie a miles de personas.
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No solo se trataría de publicidad engañosa. De acuerdo con lo señalado a El Comercio por el abogado experto en protección al consumidor Juan Ñahue, también podría configurarse una práctica comercial agresiva si se presiona al consumidor mediante promesas inciertas, conforme al artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. “No basta una proyección futura; debe existir evidencia concreta de infraestructura, conectividad, sostenibilidad y planificación tecnológica en ejecución. La oferta debe ser clara y coherente con contratos que detallen las características ofrecidas”, indicó.
“El paso del tiempo sin avances materiales puede constituir un indicio relevante de que la oferta inicial carecía de sustento. Ante ello, se pueden ordenar medidas correctivas para resarcir a los compradores afectados, las cuales se dividen en reparadoras y complementarias. Las medidas reparadoras buscan restituir el daño directo, incluyendo la devolución del dinero, el cumplimiento de lo ofrecido o la resolución del contrato. Por su parte, las complementarias tienen como finalidad evitar que la conducta se repita; estas pueden incluir la adopción de medidas cautelares”, concluyó.
Para el abogado especialista en derecho inmobiliario Jesús Escate, detrás de una oferta de este tipo debe existir un sustento técnico y legal, plasmado en un expediente que previamente debe ser presentado ante la municipalidad correspondiente. “Es muy difícil, en términos técnicos, que un ciudadano pueda construir por su cuenta en un terreno que no cuenta con acceso a servicios básicos ni redes de interconexión”, señaló a El Comercio.
Asimismo, explicó que algunos proyectos se comercializan como habilitaciones urbanas, es decir, como procesos técnico-administrativos que transforman terrenos rústicos en urbanos mediante la ejecución de obras de agua, desagüe, electricidad, entre otros servicios, permitiendo su habitabilidad. “Por ende, el riesgo es alto si se promete algo que finalmente no se cumple; podría evidenciarse un presunto ánimo de estafar a los compradores”, afirmó.
Usuarios y especialistas cuestionan las estrategias de promoción del proyecto.
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En esa línea, indicó que, si se ofreció un proyecto con redes interconectadas y esto no se materializa, podrían existir responsabilidades civiles por los daños ocasionados. Además, advirtió que “podrían evaluarse implicancias penales si se determina que hubo una estafa”.
“Por ello, es fundamental que el comprador verifique si la empresa cuenta con un historial de proyectos inmobiliarios previos. Es necesario investigar antes de tomar una decisión de inversión”, concluyó.
La representante de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Rossana Bautista Zeremelco, comentó a este Diario que la entidad —responsable de atender este tipo de casos— cuenta con dos áreas de atención: la de protección al consumidor y la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal.
Respecto a si se han iniciado acciones legales contra este proyecto, Bautista Zeremelco indicó que “nuestras investigaciones y/o procedimientos sancionadores son de carácter confidencial. Sin embargo, consideramos pertinente señalar que el anunciante tiene el deber y la obligación de consignar la información de sus servicios de manera veraz, clara y legible en la publicidad”.
