La Unión Europea (UE) acordó este lunes 8 la reforma de su sistema migratorio, que supondrá un endurecimiento de su normativa en esta materia. Algunos puntos importantes de la medida son la creación de centros de detención y la agilización de las deportaciones.
Los acuerdos en torno a lo que se conoce como “Reglamento de Retorno” indican que se permitirá la creación de locales de detención en territorio extranjero, distintos de los de la nación de origen, para recibir a los migrantes que tengan una orden de expulsión cuando su solicitud de asilo sea rechazada.
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En la regulación previa se establecía el concepto de “país seguro” para indicar que el territorio de destino de los deportados debía tener una “conexión significativa” con el solicitante al que se le había denegado el asilo.
La modificación actual deja atrás esa consideración e introduce el término de “tercer país seguro” para expulsión a estos extranjeros a un estado distinto al de origen. Ahora podrá considerarse adecuado para el traslado a cualquier país por el que haya pasado el migrante en su recorrido hacia la UE, incluso si no tuvo una parada significativa dentro de este.
El marco normativo para dichas movilizaciones, el primero de su tipo en Europa, indica que se necesitará un tratado bilateral entre el país en el que se encuentre el migrante próximo a ser deportado y el tercer estado de destino. Asimismo, se ha establecido una reducción de la cuota que pagaban los países miembros de la UE que no deseaban acatar las cifras de migrantes que les correspondía según la anterior regulación sobre refugiados.
Iniciativa con antecedentes
La externalización de la recepción de deportados es una propuesta que surgió desde Dinamarca, que actualmente preside el Consejo de la UE y que en el 2021 había aprobado a nivel local su propia legislación en torno al envío de solicitantes de asilo a un tercer país fuera de Europa. La nación escandinava llevaba meses solicitando el endurecimiento de la política migratoria colectiva junto a otros estados como Polonia, Alemania, Austria y República Checa.
Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura (Udep), explica que este tipo de medidas pueden parecer novedosas dentro del ámbito comunitario europeo, pero que ya habían comenzado a verse de forma particular en varios estados miembros de la UE.
“Esta solución recoge planteamientos que Italia ya aplicó en su momento con ciertos problemas judiciales con el examen de la condición de refugiado en Albania que no funcionó en los tribunales. Alemania también ha reforzado el control de las fronteras. Las medidas que se ponen aquí son nuevas en el plano europeo, pero no son radicalmente nuevas, ya que se basan en modelos que llevan circulando durante mucho tiempo. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, se ha presentado como gran autor de esta reforma y creo que no es tanto así, es un tema en ebullición en muchos países”, señala el especialista.
El acuerdo entre Italia y Albania, que es una de las referencias para el nuevo acuerdo, establece que los inmigrantes que sean rescatados por embarcaciones italianas en aguas internacionales serán trasladados a territorio albanés.
Los centros para migrantes ubicados en Albania son gestionados por el Estado italiano y en ellos se lleva a cabo la identificación de los solicitantes de asilo, y es desde ahí donde se realiza la tramitación de sus procesos. La medida fue criticada por la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos, que calificaron los centros en el país del sur de Europa como “prisiones”.
Desde la perspectiva de Jorge Antonio Chávez, profesor de la Academia Diplomática del Perú, si bien es cierto que la decisión tiene sustento en las demandas políticas de ciertos sectores internos de los estados europeos, el trasfondo más importante de la medida es restar incentivos a la migración.
“Hay una presión antiinmigrante de la extrema derecha que es muy sólida, pero hay países como la Alemania de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que no tienen una orientación de este tipo e incluso así apoyan este tipo de medidas. En Italia ciertamente hay un gobierno que tiene una orientación más a la derecha que en el caso de Alemania y que ya estaba desarrollando un acuerdo de estas características con Albania; está igualmente el caso del Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea, pero estaba desarrollando un convenio similar con Ruanda”, explica Chávez.
“Ya hay una serie de precedentes y yo creo que al margen de las presiones de los países gobernados por la derecha, hay países de la Unión Europea que entienden que este es un mecanismo que podría ser efectivo para desincentivar y sugerirle al solicitante de asilo que no basta con llegar a la Unión Europea y presentar una solicitud, sino que esta persona podría ser llevada a un tercer país”, añade el internacionalista.
El Plan Ruanda del Reino Unido, citado por Chávez, propone la reubicación de los solicitantes de asilo que lleguen de forma irregular en el estado africano que da nombre a la propuesta para realizar allí el proceso. Pese a ser aprobado por el pasado gobierno del conservador Rishi Sunak, la actual gestión laborista de Keir Starmer prometió derogar la normativa.
Fuera del territorio europeo países como Australia contaban con su propio plan de gestión de solicitantes de asilo en el exterior con la llamada “Solución del Pacífico” e Israel también tenía acuerdos de traslado de migrantes con Ruanda y también Uganda. Por su parte, Estados Unidos ha introducido desde el segundo mandato de Donald Trump una política de inmigración considerablemente más dura, que ha incluido deportaciones a países desde El Salvador hasta Esuatini.
Rechazo y panorama posterior
El nuevo marco regulatorio de la Unión Europea ya generaba críticas desde los primeros esbozos de la reforma que se aprobó en las últimas horas. Los críticos de estas medidas consideran que no solo se pone en riesgo la seguridad de los migrantes, sino que esto implica un desentendimiento de sus responsabilidades por parte de los estados europeos.
“En lugar de dedicar tiempo y recursos ingentes a descargar sus responsabilidades en otros países, la UE debería invertir en sus propios sistemas de asilo y permitir que quienes han solicitado asilo comiencen a rehacer sus vidas”, decía en mayo Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo.
Algunos países con gobiernos de distinto espectro político se han opuesto a la medida, siendo los más firmes España, Francia y Portugal, en función de sus posturas ideológicas, pero también desde el condicionamiento de sus actores políticos internos.
“Sí, hay rechazo de ciertos países, desde España hasta Hungría, que quisiera una regulación todavía más estricta. En España evidentemente hay unos motivos políticos en los que, como siempre, Pedro Sánchez debe tener en cuenta a sus aliados en el gobierno que tienen unos planteamientos más abiertos en este tema. Como siempre, en la Unión Europea se juega un papel de diferentes sensibilidades, diversas situaciones políticas y estrategias distintas para mantenerse del gobierno y eso lleva a lo que siempre ha pasado en la UE, que se pasa el día intentando llegar a compromisos”, comenta Enrique Banús.
El analista internacional de la Udep sostiene que no se puede considerar la movilización de migrantes como una “externalización” del proceso de asilo en sentido estricto debido a que la gestión de los centros de detención en los llamados terceros países sigue estando a cargo de los estados europeos, independientemente de las posibles críticas.
Jorge Antonio Chávez explica que es una situación compleja debido a que un solicitante de asilo es reconocido por las convenciones internacionales como alguien “con un temor fundado de persecución”; no obstante, la situación previa sí planteaba inconvenientes para los países europeos receptores de migrantes, debido a la movilidad imprevista de estos en el territorio de la UE.
“La normativa (previa) consideraba que la detención de las personas era una medida absolutamente extraordinaria. No es que se naturalizaba la idea de recluirlas, sino que ello era en ciertos casos muy contados. ¿Cuál es el problema? Pues que había personas que hacían solicitudes de refugio y luego no se presentaban a los procesos en el primer país al que llegaban y luego se movían a otro y era bastante complicado la expulsión si es que no se lograba demostrar que las personas tenían un temor fundado de persecución”, apunta el docente de la Academia Diplomática.
En los últimos años las solicitudes de asilo en Europa tuvieron un retroceso significativo, pues en el 2024 se habían registrado 1.014.000 solicitudes, un 11% menos que en el 2023. En el primer semestre de este año la caída ha sido del 23% con respecto al mismo período en el año anterior.
Ambos especialistas sostienen que todavía es difícil establecer si la reforma migratoria supone un punto de no retorno.
“En política nada es definitivo, si cambian los colores de ciertos gobiernos se vuelve a negociar. Aquí todavía está pendiente el paso por el Parlamento europeo y no parece que habrá dificultades, pues hay una mayoría parlamentaria suficiente, aunque no se llegó a un acuerdo entre las tres grandes familias, como se suele decir: los conservadores, los liberales y los socialdemócratas y socialistas. Sin embargo, parece que hay una mayoría suficiente para que esto pase el proceso parlamentario sin problemas”, agrega Enrique Banús.
“Se van a establecer una serie de procesos para dejar sin efecto estas medidas, entendiendo que van en contra del espíritu de convenciones internacionales y europeas sobre la materia, porque se ha reconocido en la legislación tanto internacional como europea este derecho al procedimiento. Si una persona alega que tiene un temor fundado de persecución no debería ser retornada a otro estado o a su país antes de que su caso sea debidamente evaluado, y esta normativa nueva permitiría que la persona esté fuera del territorio europeo antes de que se decida su caso”, explica por su parte Jorge Chávez.
“En el caso del acuerdo entre Italia y Albania hubo objeciones de la propia justicia italiana con respecto a la legalidad del acuerdo. Hubo migrantes que fueron llevados a Albania y que tuvieron que ser retornados a Italia por decisiones de la justicia”, añade.
