Esto de acuerdo con el informe N°0431-2025-AAC-OPC-OM-CR, remitido por la Oficina de Participación Ciudadana del Poder Legislativo a El Comercio, tras una solicitud de acceso a la información en amparo de la Ley de Transparencia.
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En el documento, suscrito por Wilfredo Ponce de León Pandolfi, jefe del Área de Atención Ciudadana, este reconoció que la cámara de video, con el código N°25459, está adscrito a su oficina y que “no se registra hoja de movilización” durante la semana de representación parlamentaria, realizada entre el lunes 27 y viernes 31 de octubre.
Ponce de León Pandolfi está afiliado a Fuerza Popular desde abril de 2014. Y entre ese año y noviembre de 2017 fue secretario de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología del fujimorismo. En la década de 1990 intentó llegar dos veces a ocupar una curul en el Congreso sin éxito por el Frente Independiente Moralizador (FIM).
El Área de Atención Ciudadana pertenece a la Oficina de Participación Ciudadana que es dirigida, desde el 12 de setiembre último, por el abogado Edwin Lévano Gamarra, exprocurador del Congreso que, según denunció América Noticias, litigó a favor de los excongresistas Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza en el Caso Los Wachiturros en el 2019, cuando aún estaba en el cargo.
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Lévano, de acuerdo al ROP del JNE, se inscribió como militante fujimorista el 29 de setiembre último. Desde esa misma fecha también es el personero legal titular de la agrupación naranja.
La Oficina de Participación Ciudadana está adscrita a la Primera Vicepresidencia del Congreso, a cargo de Fernando Rospigliosi, actual presidente encargado del Parlamento.
La versión del camarógrafo
En un oficio, a través del cual brindó sus descargos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, Daniel Luza Amésquita, extrabajador de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, reconoció que fue él quien retiró la cámara del Parlamento de código N°25459 para grabar y/o transmitir el mitin de Fujimori Higuchi.
Luza Amésquita dijo que “por un error involuntario” tomó el equipo de la Oficina de Participación Ciudadana, dejando su cámara personal en el Parlamento. Agregó que no se dio cuenta “oportunamente” de esta situación, porque ambas videograbadoras tienen características similares: “misma marca, modelo y estuche”.
También refirió que no fue revisado por personal de seguridad a su hora de salida. “Ello debido a que ya venía laborando un tiempo considerable en el Congreso de la República, por lo que no era necesario mayor revisión sobre mi persona y porque este incidente no lo había presentado antes”, complementó.
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Además, Luza indicó que “ni el responsable de los equipos de comunicaciones ni la Jefatura de la Oficina de Participación Ciudadana ni nadie de mi centro de labores tenían conocimiento de este hecho hasta que se difundió la información a través de las redes sociales”. Esto porque “el motivo del traslado de la video cámara fue producto de una confusión”.
No obstante, fuentes de este Diario indicaron que Luza era “solo un técnico congresal” y que “ha recibido órdenes” para trasladarse a Trujillo a fines de octubre.
Al respecto, el JEE de Pacasmayo consideró que el argumento de “error involuntario” por parte del ex trabajador congresal por la similitud de equipos y inercia y la rutina propia de sus labores audiovisuales “carece de sustento, confirmando que tuvo acceso al bien y a su retiro en razón de una función propia”.
“El acto de tomar un bien público del Congreso solo es posible por su condición funcional. Por lo tanto, el uso de la cámara, se produce en conexión y como una deformación de ejercicio de la función propia encomendada”, subrayó la entidad electoral.
El JEE de Pacasmayo, además, de concluir que Luza incurrió en una infracción electoral, también señaló que su conducta puede enmarcarse en el presunto delito de peculado de uso. Por ello, remitió una copia del expediente al Ministerio Público para que este actúe de acuerdo con sus facultades.
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Los otros sancionados
El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, además, determinó que el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el titular de la Dirección General de Administración (DGA), Jaime Abensur Pinasco, cometieron una infracción electoral. Ambos son militantes de Fuerza Popular y precandidatos de la agrupación naranja para las elecciones del próximo Parlamento bicameral.
Abensur Pinasco estuvo a cargo de la Oficialía Mayor del Congreso entre el jueves 23 de octubre y el domingo 2 de noviembre, durante las vacaciones de Giovanni Forno, su titular.
Sobre Rospigliosi, el JEE de Pacasmayo sostuvo que “en su calidad de máxima autoridad” del Parlamento “tiene el deber superior e inexcusable de cautelar el patrimonio estatal y garantizar que ningún recurso bajo el ámbito de su competencia (directa o delegada) sea usado con fines proselitistas”.
“Su omisión en establecer controles efectivos constituyó el factor causal que permitió que un bien del Congreso fuera puesto al servicio de una organización política, lo cual se subsume en el tipo infractor de ‘favorecer’”, complementó.
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Anteriormente, en su defensa, el presidente encargado del Congreso argumentó que el tipo infractor imputado- el subnumeral 32.1.2 del Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral- exige “practicar actos” que favorezcan o perjudiquen a una organización o candidato. Agregó que en el expediente “no existe acreditación” de un acto de él en ese sentido.
“No se describe orden, autorización, instrucción, presencia, participación o consentimiento del presidente [del Congreso] en el uso de la cámara en el evento partidario”, subrayó.
Además, señaló que el artículo 32 del Reglamento del Congreso establece que el presidente de este poder del Estado tiene como función la dirección política e institucionales, pero no la gestión operativa ni la responsabilidad sobre los equipos, “rol que el propio reglamento atribuye al oficial mayor”.
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El punto de vista
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho constitucional y parlamentario, consideró que existen tres responsables de la salida sin registro de una cámara del Congreso: el trabajador que se la llevó, Luza; el jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Lévano, y la Oficina de Seguridad del Parlamento.
“El jefe de la Oficina de Participación Ciudadana no es cualquier funcionario, es el personero legal de Fuerza Popular, este cargo es muy poderoso. ¿Quién firma las candidaturas a la Presidencia, al Senado y a la cámara de diputados? ¿Quién las inscribe? El personero legal, nadie más, su firma vale mucho. Y cambiar, en ese momento, de personero legal demoraría mucho”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Rospigliosi dijo que Lévano “está siendo protegido” por la Mesa Directiva del Poder Legislativo.
“El área de Seguridad también es responsable, a cualquiera que entra o sale del Congreso lo revisan, cómo pueden sacar una cámara y no darse cuenta”, cuestionó.
El letrado señaló que le preocupa que el Ministerio Público no haya iniciado una investigación preliminar a quienes resulten responsables por presunto peculado de uso.
Además, opinó que dentro del Congreso se debe iniciar un proceso administrativo disciplinario (PAD) en contra de camarógrafo, Lévano y quiénes resulten responsables. “Un PAD no es una broma, porque cualquier funcionario puede ser inhabilitado”, acotó.
Por su parte, el abogado José Tello- exministro de Justicia y Derechos Humanos y experto en derecho electoral- sostuvo que la no existencia de una hoja de movilización, que permita determinar la trazabilidad sobre el uso de una cámara del Congreso en un mitin de Fuerza Popular “es responsabilidad directa” del jefe del área, a cargo de ese equipo. Es decir, del titular de Oficina de Participación Ciudadana.
“No hubo un mínimo de diligencia sobre la trazabilidad de un equipo que es parte del patrimonio de la entidad. Si yo, como funcionario público, tengo a cargo tres autos, yo sé dónde está cada chofer, a dónde va y hasta la hora en que guarda el carro. En ese caso, es una cámara del Congreso, no se ha respetado el mínimo de diligencia”, expresó a este Diario.
El exministro de Justicia también consideró que el Ministerio Público, tras la actuación del JEE de Pacasmayo, tiene elementos suficientes para abrir una investigación preliminar en contra de los servidores y funcionarios del Congreso que resulten responsables por el presunto delito de peculado de uso.
“Este señor [Luza] estaba en un evento de Fuerza Popular con una cámara del Congreso. ¿Qué hacía allí? ¿Quién se lo pidió?”, cuestionó.
Más información
Fuentes de El Comercio refirieron que Luza viajó, junto con Marco Pacheco- secretario de Comunicaciones e integrante del CEN de Fuerza Popular y precandidato a diputado por el fujimorismo en Lima- a Trujillo.
Pacheco es asesor II en la oficina de la congresista Rosangela Barbarán y percibe un salario de S/10,502.
Otras fuentes de este Diario señalaron que Pacheco fue la personas que coordinó la transmisión en redes sociales del lanzamiento de la cuarta postulación de Fujimori Higuchi a la Presidencia. Además, precisaron que él forma parte del equipo que ha trabajado con la excongresista el relanzamiento de su imagen en TikTok, a través de videos “lúdicos”, como en el que describió las actividades que realiza en el día, disfrazada de una bruja.
El Comercio intentó comunicarse con Pacheco, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.
