Las fuerzas de seguridad en Ecuador detuvieron a un total de 897 personas durante la primera semana del toque de queda nocturno, vigente en cuatro provincias del país con altos niveles de violencia, que el Gobierno atribuye a la disputa entre grupos criminales.
Entre los detenidos destacó la captura de un Objetivo Criminal Priorizado, conocido con los alias de Wiwi o Teniente, durante un operativo realizado la madrugada del miércoles en un presunto centro de acopio de armas y logística supuestamente destinado a secuestros, extorsiones y sicariatos del grupo criminal Los Choneros, ubicado en la ciudad costera de Guayaquil.
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Durante estas operaciones, que iniciaron el pasado domingo, también se incautaron 51 armas blancas y de fuego, se registraron 627 vehículos, se recuperaron otros 76 y se retuvieron 150 motocicletas, además de destruir seis objetivos militares de los grupos armados organizados, según datos del Ministerio del Interior.
También se deshabilitó una pista de aterrizaje clandestina utilizada por las redes vinculadas al narcotráfico en la provincia de Los Ríos, donde, junto a El Oro, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas rige el toque de queda entre las 23.00 y 05.00 hora local (04.00 y 10.00 GMT).
Desde Interior también confirmaron la destrucción de una infraestructura “usada por grupos criminales para sacar la droga del país”.
Se cumple así una semana desde la entrada en vigor de esta medida, que se enmarca dentro de lo que el Gobierno ha definido como “una nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en respuesta al incremento sin precedentes de la violencia que ha situado al país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica.
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Según datos oficiales, únicamente en 2025 se contabilizaron 9.235 asesinatos, la cifra más alta registrada hasta ahora en la historia del país.
La medida se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo y, durante el horario de restricción, únicamente pueden movilizarse militares, policías y personal sanitario de emergencia.
Las autoridades advirtieron que cualquier otra persona que permanezca en la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos los periodistas, a quienes se les impide cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.
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