“La pena solicitada contra Martín Vizcarra va a aumentar”

Es más, en la siguiente entrevista realizada el jueves último, Carrión explica que habrá una acusación complementaria por el segundo delito, que aumentará la pena solicitada contra el expresidente.

– Los seguidores de Martín Vizcarra han celebrado el sobreseimiento (archivo) de los delitos por los que fue investigado como un triunfo. ¿Se ha debilitado el proceso contra el expresidente por las presuntas coimas cuando era autoridad en Moquegua?

No. Desde la Procuraduría consideramos que lejos de haberse debilitado el caso, el sobreseimiento de dos de los delitos lo que genera es que el caso se focalice, se centre en dos de los delitos más fuertes que hay contra el señor Vizcarra: colusión y cohecho. En esos dos es donde la evidencia es más solvente, más contundente. Este caso, independientemente de la evidencia que recopiló la fiscalía, también tiene información de colaboradores eficaces, que además de confesar sus hechos ilícitos, narran hechos de terceras personas que también han estado involucradas. Probablemente, la potencia mayor se encuentre en estos dos delitos.

“En el caso de Lomas de Ilo, la tesis de la fiscalía, sobre lo que tiene más información, es que el señor Vizcarra solicitó dinero, en el caso de Obrainsa, para poder favorecerlos con la adjudicación. Y en el caso del Hospital de Moquegua, lo que hizo es condicionar la firma del contrato entre el Gobierno Regional e ICCGSA al pago de un soborno. Son hechos independientes que tienen su aporte propio”

– ¿Que se haya archivado el delito de asociación ilícita implica que Vizcarra habría actuado solo? ¿Por qué la fiscalía pide archivar ese ilícito?

Lo que sucede es que el caso es contra el señor Vizcarra, pero en la narrativa de los hechos se va a observar que también están involucradas empresas, con actores privados, que también han intervenido en estos hechos ilícitos donde el señor Vizcarra habría cometido actos de soborno. Por unas consideraciones distintas al propio proceso penal, vinculadas a procesos especiales, hay actores que no están en el proceso abierto, de litigio. Pero eso no significa que el señor Vizcarra actuó solo. En la narrativa de la fiscalía, actuó conjuntamente con los representantes de las empresas, así como con otros funcionarios, para lograr el hecho ilícito de la recepción de sobornos.

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– ¿Sin que se configure la figura de una organización criminal?

Claro. Formalmente, el fiscal ha delimitado bien lo que puede lograr a través del juicio oral, respecto a los hechos y delitos imputados […[ Ha reconducido su investigación inicial, porque esto empieza con más delitos, pero en la fase preparatoria se va acotando la investigación respecto a la evidencia se va obteniendo, pero también de acuerdo a consideraciones que tiene que ver con procesos especiales. No es que a esas personas no se les pueda atribuir en algún momento hechos vinculados a ese delito, sino que no pueden ser procesadas en este caso.

– ¿Y en el caso de la usurpación, tampoco se configuró?

No había la evidencia contundente para que el fiscal [acusara por ese delito], era una primera hipótesis. Las investigaciones se inician así: con hipótesis que la fiscalía plantea de una primera información recibida. Si conforme avanza la investigación se va recibiendo información que no confirma hipótesis, lo correcto es, como ha hecho el fiscal Juárez, acotar las imputaciones de acuerdo con la evidencia más contundente que tiene para obtener una sentencia condenatoria.

– ¿Haber descartado la asociación ilícita y la usurpación no afecta la tesis detrás del cohecho y la colusión?

No, eran hechos independientes. Por eso el fiscal ha podido pedir el sobreseimiento. El cohecho está vinculado al acto de pedir y recibir [sobornos]. En el caso de Lomas de Ilo, la tesis de la fiscalía, sobre lo que tiene más información, es que el señor Vizcarra solicitó dinero, en el caso de Obrainsa, para poder favorecerlos con la adjudicación. Y en el caso del Hospital de Moquegua, lo que hizo es condicionar la firma del contrato entre el Gobierno Regional e ICCGSA al pago de un soborno. Son hechos independientes que tienen su aporte propio.

– ¿Y en el caso de la colusión simple?

Lo que sucede es que el fiscal, en un primer análisis, evalúa que si bien el pacto, la concertación, sí existió en los dos casos con las dos empresas, con el paso del tiempo había prescrito. Pero la jueza discrepó y la fiscalía superior lo que indica es que sí se debe acusar. Lo que dicen es que en estos hechos los plazos de prescripción tienen que duplicarse porque están comprometidos funcionarios y patrimonio público.

– ¿Cuál será el procedimiento con esta ampliación de la acusación?

Lo que se dispuso es que sea el mismo fiscal que viene conociendo el caso el que elabore la acusación complementaria por el delito de colusión simple. La norma permite que sea el mismo fiscal y tiene sentido, porque el mismo fiscal viene sosteniendo la acusación por el otro delito respecto a la misma persona. Es el que conoce mejor los hechos.

– La acusación por colusión simple vendrá con su propio pedido de pena contra el acusado. ¿Esta se sumaría a los 15 años pedidos por cohecho?

Por lo menos en los hechos de cohecho, en Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, el fiscal determinó que hubo concurso real, sumó las penas de ambos y llegó a 15 años. Por colusión simple la pena máxima es de 6 años. El fiscal lo que puede hacer es evaluar si también hubo un concurso de delitos y, como hizo con el cohecho, sumar la pena. Pero esa es su evaluación.

– Entonces lo más probable es que con este nuevo delito la pena solicitada contra Martín Vizcarra aumente

La pena solicitada va a aumentar. No sabemos en cuánto, depende de la evaluación del fiscal: si la suma por concurso o si tiene otra evaluación; pero en cualquiera de los casos, la pena va a aumentar.

“Identificamos desde el inicio del caso 20 bienes del señor Vizcarra que eran susceptibles de ser embargados y lo hemos hecho. El embargo suma más o menos S/ 8 millones, es para asegurar una futura reparación civil. Son 20 bienes entre Moquegua y Lima”

– De ser así, esto no parece haber favorecido a Martín Vizcarra o haber debilitado su caso …

Lejos de haberse favorecido [A Vizcarra], yo diría que el caso más bien se fortalece. Hay mucho material probatorio para el delito de colusión, que es el pacto y la concertación, que ahora va a poder ser usado por el fiscal. Pero además, creo que concentrar los esfuerzos en los delitos más graves, que tienen mayor aporte probatorio, le da una ventaja al caso. Si nos quedamos con el delito de usurpación o asociación ilícita, íbamos a entrar a un juicio con dilaciones para discutir dos ilícitos que probablemente no tengan éxito en una sentencia. La etapa intermedia es para eso: para depurar, para que el fiscal decida con qué delitos seguir y qué delitos descartar. Además, el fiscal mismo pide el sobreseimiento.

– ¿En cuánto tiempo el caso podría llegar a juicio?

Las audiencias de control de acusación son una vez por semana. Ahorita estamos en la etapa del control formal del cohecho. La defensa ha pedido el sobreseimiento de la acusación por cohecho, ha presentado excepciones de improcedencia. Todo eso puede tomar dos meses, máximo seis. Además, tenemos que esperar que la fiscalía emita su acusación por colusión.

– ¿Hay embargos contra Martín Vizcarra?

Sí. Identificamos desde el inicio del caso 20 bienes del señor Vizcarra que eran susceptibles de ser embargados y lo hemos hecho. El embargo suma más o menos S/ 8 millones, es para asegurar una futura reparación civil. Son 20 bienes entre Moquegua y Lima. En este caso, como es el único acusado, la reparación la pagaría él. Las empresas también van a tener que pagar, están como terceros civiles de lo que se imponga a él, pero eventualmente pagarán una reparación civil directa.

– ¿Cuánto piden por este caso?

Por este caso, S/ 42 millones.

– ¿Cuánto hay embargado por todo el caso Lava Jato?

Estamos trabajando nuestro informe del 2024 y lo que tenemos ahora como solicitado en embargos por todo el caso Lava Jato es alrededor de S/ 2,500 millones. De ellos, S/ 2,100 millones ya fueron concedidos e inscritos en Registros Públicos. Con ello, cuando se emitan las sentencias, allí hay bienes con qué respaldar el cobro de la reparación civil.

– La mayoría de casos de Lava Jato ya tienen acusación y hay un grupo que ya está entrando a juicio. ¿Cómo están avanzando las acusaciones en el Poder Judicial?

Lo que observamos es que el avance es lento en el Poder Judicial. No solo que las audiencias de la etapa intermedia (la fase previa al juicio) son distanciadas en su programación, sino que duran solo dos o tres horas, que en estos casos no son suficientes para avanzar de manera importante. Antes había mucho reclamo para que la fiscalía avance con los casos. La fiscalía ya avanzó con los más importantes y ya acusó, ahora depende del Poder Judicial. Debemos concentrarnos en qué solución podemos dar para que se puedan agilizar estas audiencias.

– Ustedes propusieron que haya juzgados exclusivos para los casos Lava Jato…

Hemos pedido formalmente al presidente del Poder Judicial que se puedan tener estos juzgados exclusivos, lo hemos reiterado, con el antecedentes de los juzgados para el caso Fujimori-Montesinos. Sin embargo, lamentablemente, la respuesta que recibimos es que eso no va a ser posible, que no van a asignar jueces exclusivos. La razón es porque hay otros casos de trascendencia nacional que también deben ser atendidos y no observan que los procesos Lava Jato deban tener una prioridad específica. Eso nos ha dejado muy preocupados. Hay un grueso de casos en etapa intermedia y hay otro grupo importante que está llegando a juicio oral, que deben ser llevadas de una manera más rápida.

Las sentencias son necesarias, la ciudadanía las está esperando, los actores estamos esperando; pero también tiene que ver, por ejemplo, con este pedido de la Municipalidad de Lima a propósito de los arbitrajes internacionales, que debería haber ya una sentencia contra la señora Susana Villarán.

-En el caso de Susana Villarán ya hay acusación desde el 2022, ¿ha avanzando en la etapa intermedia?

La fiscalía acusó en agosto del 2022 y se inició el control de acusación en abril del 2023. Ha pasado todo el 2023, estamos en febrero del 2024, y seguimos en etapa de observaciones formales, la primera parte del control de acusación. Si el ritmo sigue así, recién el 2025 podría iniciar el juicio. Es mucho tiempo.

– Ese es el caso vinculado a los peajes, a Rutas de Lima…

Y de Vinci Highways, Lima Amarilla, Lima Express. Tiene relevancia con ambos peajes, que es un tema bastante sensible para la población. Creo que el Poder Judicial podría reevaluar esta respuesta que nos ha dado respecto a priorizar algunos casos de Lava Jato, porque tienen impacto en el ciudadano.

– El año pasado lograron la extradición del expresidente Alejandro Toledo y se inició el juicio en su contra ¿Cómo viene avanzando?

Hay tres sesiones por semana, el avance es rápido. Tiene que ver con que es un reo en cárcel. El juzgado colegiado quiere tener una primera decisión antes de que se venza el plazo de 18 meses de prisión preventiva y ya se va a cumplir un año [en abril próximo]. Estamos en el examen de testigos.

– ¿A ese ritmo cuándo podríamos tener una sentencia de primera instancia?

Si seguimos a ese ritmo y con la cantidad de testigos que faltan, creo que hacia el segundo semestre de este año podríamos tener una sentencia.

– Lo ideal sería que sea antes de que venza su prisión preventiva…

Sí, creo que el colegiado tiene presente ello.

“Un cambio de fiscales en este momento sería sumamente grave”

– En la última semana se conoció la declaración del exasesor Jaime Villanueva, quien hizo referencia a investigaciones y fiscales del equipo especial Lava Jato. ¿Esto afecta la legitimidad o la validez de los casos ante el Poder Judicial?

No. Desde mi opinión, no afecta las investigaciones del equipo Lava Jato y cómo se han venido llevando. Las declaraciones del señor Villanueva dan cuenta, de repente, de algo externo a las investigaciones. Estas son dirigidas por los fiscales, ellos promueven los actos procesales y muchos de ellos tienen que ser controlados por los jueces. Entonces, lo que se ha venido obteniendo y planteando como desarrollo de la investigación no se verían afectadas por las declaraciones. Además, estas fueron dadas en el marco de la investigación a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y tienen que tener un nivel de precisión. Como testigo, él está obligado a decir la verdad, pero también puede dar opinión, percepciones. En su información faltarían precisiones, pero no se afecta a las investigaciones del equipo especial, su validez permanece.

– ¿Ha percibido alguna injerencia externa en las investigaciones del equipo especial Lava Jato?

Mire, tengo seis años trabajando en la Procuraduría ad hoc. Dos años como adjunta y cuatro como titular. En todas las investigaciones y diligencias en que he intervenido, nunca he observado que haya injerencia de ningún tipo, injerencia externa a lo procesal. No he observado eso ni tengo noticia de eso. Tengo relación procesal con todos los fiscales del equipo especial, que son ocho despachos, y no he observado injerencia extraprocesal en ninguno. Más bien las injerencias que sí conocemos son las vinculadas a la suspensión del fiscal Rafael Vela o los procedimiento generados a los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez en la Autoridad Nacional de Control (ANC).

– ¿Estas declaraciones de Jaime Villanueva van en la línea de ese tipo de injerencias?

Que salga esta información a estas alturas, cuando los juicios del caso Lava Jato se han iniciado y estamos próximos al inicio del juicio a la señora Keiko Fujimori, podría obedecer a alguna intención extraprocesal para que los fiscales no puedan continuar con estos procesos. Lo que buscarían sería que alguna autoridad, como la ANC, como se hizo con el fiscal Rafael Vela, tome alguna decisión respecto al fiscal José Domingo Pérez, como lo están solicitando actores de defensas políticas que han sido mencionadas por el señor Villanueva. Eso sí creo que es sumamente riesgoso. Los fiscales que conocen el caso desde el inicio de una investigación preliminar son los que están en mejor posición de defenderlo y podrán hacer una defensa correcta en el juicio oral. Hacer un cambio de fiscales en este momento, como están pretendiendo parte de los investigados, sería sumamente grave y perjudicial para la investigación.

– ¿Le parece verosímil decir que alguien le dirige desde afuera la investigación al fiscal José Domingo Pérez?

No. De lo que conozco y he visto, los fiscales son autónomos e independientes. Ellos fijan su estrategia de investigación. Es más, hay algunos actos procesales que la procuraduría ha propuesto y han sido acogidos por la fiscalía, y hay otros que no, así como con las defensas, porque son ellos quienes definen la estrategia de investigación. No me parece creíble, de lo puedo testificar por la coordinación y la cercanía con los casos, que alguien de afuera pueda decirle al fiscal José Domingo Pérez cómo definir su estrategia de investigación. A algunos les pueden gustar o no sus decisiones, pero hasta el momento ha demostrado ser un fiscal independiente, autónomo y que obedece a lo que él está convencido de hacer dentro de la propia investigación.