El próximo presidente de la República —sea quien sea el elegido— no gozará de mayoría parlamentaria. Ningún candidato presidencial pasaría, por ahora, el 25% del voto válido y, por lo tanto, sus correspondientes listas parlamentarias, menos aún. Así, la configuración de un Ejecutivo sin protección legislativa se repetirá tal y como ha sucedido desde el 2016. Y, de mantenerse el clima de hostilidad entre poderes, será incierto que el nuevo presidente culmine su mandato de cinco años. De hecho, cobra más sentido revisar las planchas presidenciales completas (incluyendo postulantes a las dos vicepresidencias) para apostar por quien (o quienes) nos gobernarán hasta el 2031.
A diferencia de anteriores ocasiones, podemos tener mayor certeza sobre el tiempo de permanencia de los futuros senadores, quienes, de no mediar algún golpe a la democracia, deberían terminar su período. El nuevo Senado se ha fabricado a prueba de disoluciones (la Cámara de Diputados, no). Además, tendrá mayores prerrogativas que la Cámara Baja, constituyéndose así en uno de los núcleos de poder en el país. No más que el Ejecutivo, obviamente. Recordemos que, a pesar del parlamentarismo de facto que hemos vivido en años recientes, nuestro sistema sigue siendo presidencialista. Este período parlamentarista informal debe considerarse excepcional, pero que sirva como mal ejemplo para quienes alguna vez pensaron en esta alternativa como sistema político para el país.
La fragmentación partidaria se replicará en ambas cámaras, aunque no a los niveles actuales en los que se excede la decena de grupos parlamentarios. Las nuevas reglas para calificar a la repartición de escaños son tan exigentes que partidos y candidatos muy votados no conseguirán formar parte del próximo Congreso. Recordemos: para que una lista parlamentaria constituya una bancada por cámara deberá cumplir con dos requisitos: pasar el 5% de los votos válidos en cada cédula legislativa y que un número mínimo de sus candidatos sean elegidos (3 al Senado y 7 a Diputados, respectivamente). Así, si del total del padrón electoral descontamos ausentismo, votos en blanco e inválidos (voluntaria e involuntariamente) y votos perdidos (por partidos y candidatos que no alcanzaron el umbral), muy probablemente el próximo Parlamento bicameral será representativo solo de la mitad de los electores. Las propias reglas de juego socavan la representación política y mellan la legitimidad del próximo Congreso bicameral.
Además de reglas severas, tenemos interpretaciones antojadizas que ahondan más la crisis de representatividad antes de la próxima crisis de representación. La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de sumar los resultados de la elección de los senadores por distrito nacional con la elección de los senadores por distritos regionales para crear la valla respectiva duplica la exigencia, cuando se trata de elecciones distintas (¡con cédulas distintas!). El principio de cualquier interpretación debería ser que la mayoría de los votos de los ciudadanos se traduzca en representantes, no que se descarten decenas y quizás cientos de miles de votos ciudadanos y se pierdan así en la dimensión desconocida de las mentes de nuestras autoridades electorales. ¿Quiénes los asesoran? ¿Los tan diligentes observadores electorales no han “observado” tal barbaridad?
Todo apunta a que, lamentablemente, retornaremos a una bicameralidad con baja legitimidad, porque el nuevo Congreso será conformado por senadores y diputados elegidos por la contabilidad de solo la mitad del padrón electoral. Es decir, estamos ante un pecado de origen que será muy difícil de revertir, pues se instala en la endémica desconfianza que tiene el peruano promedio con la institución legislativa. Precisamente, esta es la base sobre la cual se estructuran narrativas que caracterizan la labor legislativa como normalmente opuesta a los intereses de las mayorías. Por ejemplo, cualquier tipo de acuerdo multipartidario será inmediatamente catalogado de “pacto mafioso”, el cual seguramente “seguirá gobernando” a pesar de que seremos testigos de una muy baja tasa de reelección parlamentaria. ¿Cómo lograr un trabajo legislativo constructivo para el país y con mejor reputación ante la ciudadanía?
Es muy probable que tres de las cuatro bancadas con mayor número de integrantes del próximo Legislativo se ubiquen a la derecha del espectro político. Fuerza Popular, Renovación Popular y País para Todos tienen en su plataforma la defensa de las políticas de mercado y la preocupación por reinsertar el orden en una sociedad insegura. Programáticamente, tendrían los incentivos para cooperar frente a una oposición de izquierda —más preocupada por la redistribución estatista— donde seguramente estarán Juntos por el Perú con Ahora Nación y Buen Gobierno, si logran pasar la valla. Existen las condiciones para una polarización asimétrica (con ventaja para la derecha), pero también la materia prima para acuerdos multipartidarios en ambos bandos que desafíen la estigmatización, si logran superar las animadversiones propias de la campaña.
Hace 10 años, fujimoristas y pepekausas perdieron la oportunidad de colaborar en una agenda legislativa fructuosa a pesar de haber sido dos caras de una misma moneda. Nos aproximamos a un escenario que les vuelve a dar oportunidad a las derechas nacionales (desde las más conservadoras hasta las más moderadas) de plantear un norte común. Una posibilidad similar podría suceder en el campo opuesto, aunque por ahora en ese sector hay más incertidumbre sobre quiénes lograrán representación congresal. Mi punto es que, ante la polarización y la fragmentación políticas, urgen acuerdos interbancadas, a pesar de que estos se planteen como negociados de camarillas por los sectores políticos perdedores. Por lo tanto, les ofrezco un criterio más para elegir a su candidato parlamentario favorito el próximo domingo: que tenga la vocación para hilvanar consensos.
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