Bermejo está recluido en el penal de Ancón I desde fines de octubre por sus nexos con el grupo terrorista Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
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El ex dirigente cocalero aún figura como parlamentario. En noviembre último, el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), dijo que el Área Legal y Constitucional de su institución está elaborando un informe sobre la aplicación de la figura de la silla vacía (retirar la curul y no dársela al accesitario), a raíz de que la condena en contra del aún legislador es por afiliación terrorista. No obstante, hasta el cierre de esta nota, no hubo una respuesta desde la Mesa Directiva sobre si tenían listo o no el documento.
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Entre los trabajadores de Bermejo están Luis Trinidad Abarca, asesor II; Miguel Huaranga Toledo, técnico; y Azuzena Rico Sánchez, asistente. Ellos postulan por Venceremos, alianza que integran Nuevo Perú y Voces del Pueblo -partido del aún legislador- a diputado por Cajamarca, senador por Lima Metropolitana y senadora nacional, respectivamente.
El Congreso dispone de S/38,903 al mes para mantener funcionando la oficina del congresista sentenciado por afiliación al terrorismo. Es decir, entre noviembre y diciembre, el Poder Legislativo ha desembolsado S/77,806. Este monto podría crecer si se toma en cuenta la gratificación por Navidad y el bono de 5 UIT a todos los trabajadores parlamentarios.
En comunicación con El Comercio, Trinidad Abarca dijo que no solo es asesor en el despacho congresal de Bermejo, sino también su abogado.
“Hemos presentado la nulidad [de la sentencia] ante la Corte Suprema y estamos convencidos de que la condena se dejará sin efecto. La comunidad jurídica considera este fallo una aberración. Y si se declara nulo, el congresista saldrá en libertad y se va a reincorporar a su oficina”, manifestó.
Trinidad confirmó que la oficina parlamentaria de su patrocinado continúa funcionando, gracias a que la Oficialía Mayor y la Mesa Directiva no han emitido un informe sobre la aplicación de la “silla vacía”.
El asesor refirió que él ya solicitó su licencia para realizar campaña y que esta se hará efectiva a partir del 11 de febrero.
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Al ser consultado, sobre cómo pueden garantizar el funcionamiento del despacho congresal, si la mitad de los trabajadores será candidatos, Trinidad respondió que en la actualidad solo realizan campaña sábados y domingos. “Y si tengo actividad un día de semana, por ejemplo, un jueves en Cajamarca, solicitó una licencia por ese día sin goce de haber”, acotó.
Ronald Atencio, candidato presidencial de Venceremos, fue hasta noviembre parte de la oficina de Bermejo. Según el portal de Transparencia del Congreso, cobró ese mes S/1,389 por los días que laboró.
El también abogado del congresista fue su principal asesor con un salario de S/12,450.
En breve diálogo con El Comercio, el postulante dijo que se desvinculó hace dos meses y que la permanencia del despacho es un tema del Congreso.
Pocas reuniones y proselitismo
Entre diciembre y lo que va de este año- de acuerdo con el registro de visitas del Parlamento- la oficina de Bermejo no ha recibido a invitados.
En noviembre, se realizaron ocho reuniones, seis de ellas las dirigió Trinidad Abarca. Y cinco de estos encuentros fueron con representantes del Sindicato Unificado de Trabajadores Tercerizados Operadores de Sistemas de Agua Potable y Agua Residuales (SUTTOSAPAR). La última reunión registrada fue el 28 de noviembre.
Desde la cuenta oficial de Bermejo en Facebook, se transmiten en vivo las actividades proselitistas de Atencio y también pronunciamientos del congresista desde prisión. Por ejemplo, el 17 de diciembre pasado, se difundió en vivo la presentación de los candidatos al Senado y cámara de diputados de Venceremos en Cajamarca.
Trinidad Abarca, asesor congresal, estuvo presente y tomó la palabra. En otro video, se le observa bailando junto a Atencio en las calles de la referida ciudad.
Se debió cerrar la oficina
El ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes consideró que la Mesa Directiva debió aplicar con celeridad la “silla vacía” y cerrar la oficina de Bermejo.
“Por el delito, que es afiliación terrorista, se podía aplicar la silla vacía, es parte del reglamento. Nadie debe estar en esa oficina, no se debe pagar la luz, el agua ni al personal, no hay para quién estén trabajando”, manifestó.
En declaraciones a El Comercio, Delgado Guembes sostuvo que basta una sentencia en primera instancia para aplicar la referida figura.
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También señaló que el haber mantenido la oficina y los pagos al personal de Bermejo “es una irregularidad grave” y que la responsabilidad de esto es de las cabezas de Recursos Humanos, de la Dirección General de Administración, de la Oficialía Mayor y de la Mesa Directiva del Parlamento.
“El Congreso tiene una oficina de auditoría que depende de la Contraloría General, debe intervenir por incumplimiento de la norma. Esto es un acto de conchudez, no solo es una ilegalidad”, subrayó.
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, sostuvo que es “muy grave” que el Parlamento haya mantenido la oficina de un congresista sentenciado, más aún si es por afiliación terrorista.
“Cuando un congresista es sancionado por la Comisión de Ética, se cierra su despacho por el tiempo en que está suspendido, con más razón si está privado de su libertad. ¿Qué hacen pagando con recursos públicos, la remuneración, gratificaciones y bonos de trabajadores que no tienen a quien reportar?”, cuestionó en diálogo con este Diario.
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Rospigliosi opinó que el Parlamento “como un tonto útil” está financiando la campaña electoral de parte de los trabajadores de Bermejo.
“El contralor en el acto debe actuar y también el fiscal de la Nación […] Yo he sido jefe de Gabinete de asesores del Congreso y cuando hay una suspensión salen los trabajadores, se lacra la oficina y se cambia la chapa y se pone una cinta. Esto es gravísimo y es un desprecio a la buena administración de recursos públicos”, concluyó.
A su turno, el ex oficial mayor del Congreso José Elice dijo que existe un vacío legal en la normativa del Parlamento sobre la situación de Bermejo. Pero remarcó que, desde el punto de vista constitucional, “ya no deberían trabajar” los asesores del congresista sentenciado.
“Ahora, la pregunta [sobre por qué sigue activa esa oficina] se le debe hacer al presidente del Congreso, al oficial mayor”, complementó en comunicación con El Comercio.
Elice refirió que el sentido común mandaba a que se cierre la oficina y en caso, en segunda instancia, Bermejo salga libre, se le pague los devengados a él y sus trabajadores.
Este Diario intentó comunicarse con el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi, pero no hubo una respuesta, al cierre de esta nota.
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Al menos 105 trabajadores del actual Congreso buscan una curul en el Senado, la cámara de diputados y en el Parlamento Andino en las próximas elecciones generales, según informó este Diario.
Más del 50% de los trabajadores, que son candidatos a la vez, pertenecen a Fuerza Popular (35) y a Perú Libre (23). Ambos partidos se han mantenido al frente de la Mesa Directiva. Por ejemplo, Fernando Rospigliosi es el presidente encargado del Poder Legislativo, mientras que Waldemar Cerrón es el segundo vicepresidente desde hace tres años.
