Primero, es importante disponer de una visión holística para encontrar una solución a nuestros problemas. Con simples análisis de coyuntura, nunca llegaremos lejos. Nuestras limitaciones tienen un origen estructural. La carencia de institucionalidad y de adecuados mecanismos de rendimiento de cuentas son parte de nuestras restricciones más serias.
Segundo, nuestra economía opera sin un entorno político que refleje un cotejo mínimo de equilibrio de poderes. El rendimiento de cuentas entre entidades del Estado es solo figurativo y ha sido reemplazado por una falsa fiscalización que le abre las puertas a la ineficiencia, ilegalidad y , corrupción. El sector público no opera bien y el sector empresarial no pasa de ser un mero observador.
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Tercero, las limitaciones del ámbito público son evidentes: una organización gubernamental mal estructurada y sobredimensionada, carencia de requisitos mínimos para ocupar cargos, muy deficientes estándares de control de gastos, marcos regulatorios que amparan intereses particulares, y pésima asignación de servicios. Como hoy en día, basta que exista un acuerdo implícito entre las fuerzas políticas que nutren al Estado para que el abuso del poder se refleje en sus actos.
Cuarto, en un contexto donde hemos permitido el sobre empoderamiento de la clase política, la institucionalidad debe ser replanteada a través de una reforma integral del Estado. Sin embargo, mientras ello se diseña y ejecuta debemos buscar una manera expeditiva donde se minimicen daños y se cree un mecanismo directo de rendimiento de cuentas a favor del ámbito privado. No basta con el rol pasivo de parte de nuestro empresariado.
Quinto, una manera efectiva de replantear el rendimiento de cuentas se podría alcanzar creando, por ejemplo, un Consejo para el Desarrollo de la Infraestructura Física y Humana. El primero involucraría el seguimiento operativo, financiero y de sostenimiento de los principales megaproyectos nacionales. En el segundo, se llevaría un seguimiento al desempeño de los principales servicios sociales en materia de educación, salud, justicia, seguridad, entre otros.
Sexto, este Consejo, auspiciado por el sector privado, no comprometería la participación directa de gremio alguno, no tendría carácter vinculante y emitiría sistemática y periódicamente opinión sobre el desempeño del accionar del gobierno de turno en materia de infraestructura. Dejaría constancia de los vacíos y limitaciones del accionar del ámbito público, proponiendo medidas para encauzar su solución. La opinión sería emitida por un colegiado independiente de mucho prestigio, experiencia y credibilidad.
Séptimo, esta opinión periódica podría alcanzar un carácter disuasivo que promueva enmiendas frente a excesos o errores que pudiera cometer un gobierno. Esto sería así dado que se difundirían sistemáticamente dentro de la opinión pública y de entidades del calibre del FMI, OCDE, calificadoras Internacionales de riesgo soberano, entre otras. Cualquier llamada de atención sería observada por el mundo.
Octavo, con la participación de los responsables gubernamentales y del frente político, cada año se evaluaría públicamente los progresos en la ejecutoria de la infraestructura estratégica, con base técnica, con apropiada métrica y con conclusiones que serían revisadas periódicamente. Un ambiente apropiado para ejecutar esto sería CADE Ejecutivos, con lo que el alcance y utilidad de la reunión anual se enriquecería sustancialmente.
Noveno, la Constitución deja abierta la posibilidad para la crear un mecanismo de rendimiento de cuentas a favor del sector privado. Una revisión de los artículos 2°, 31°, 39°, 40°, 45°, 58° y 59° allanarían el camino para su establecimiento y operatividad. Cuando no hay institucionalidad, el rendimiento de cuentas entre entidades del sector público se deforma, se entumece y genera sobrecostos e ineficiencias. La actual coyuntura política del país corrobora ello.
Décimo, es momento que, complementariamente y sin afectar los mecanismos tradicionales de fiscalización, el sector privado se convierta en catalizador del accionar del ámbito público en materia de creación de infraestructura. Es necesario balancear el empoderamiento y excesos del frente político. Como estamos, no iremos muy lejos. El sector empresarial tiene la palabra.
