El IPE analiza los principales retos que enfrenta el país de cara al próximo año electoral, como el fomento de un entorno adecuado para la inversión privada que impulse el empleo y reduzca la pobreza de forma sostenida. En paralelo, será clave combatir el creciente avance de las economías ilegales y la inseguridad, además de retomar un manejo fiscal responsable y asegurar la provisión de servicios públicos de calidad.
Combatir el avance de la minería ilegal
Las economías ilegales avanzan a gran escala con la aparente complacencia de las autoridades, y combatirla requiere liderazgo. El IPE estima que el valor del oro ilegal exportado alcanzaría este 2025, por primera vez, al de origen legal. Esto tiene graves consecuencias: la minería ilegal ocupa áreas naturales protegidas como Tambopata (Madre de Dios); se enfrenta a la minería formal, como en Apurímac y La Libertad; afecta el desarrollo de proyectos en cartera por US$12 mil millones, como en Cajamarca y Apurímac; y ocupa aquellos espacios donde no se dejó desarrollar minería formal, como en Conga en Cajamarca.
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Impulsar la inversión privada y estabilidad política.
La inversión privada es el principal motor de crecimiento. EI IPE estima que esta crecería 9,6% en el año, su mayor alza desde el 2013 sin considerar el rebote postpandemia. No obstante, no se está aprovechando plenamente el entorno internacional favorable, como entre el 2002 y 2013, cuando el alza de la inversión alcanzó tasas de similar magnitud a los precios de los commodities.
Hacia adelante, el dinamismo de la inversión está condicionado a una menor turbulencia política e institucional. Es necesario evitar los constantes cambios en las principales autoridades a cargo del manejo político y económico: 8 presidentes, 20 primer ministros y 17 ministros de economía es el saldo desde el 2016.
Retomar un manejo fiscal responsable
La solidez fiscal se ha deteriorado ante mayores presiones sobre el gasto público. Esta vulnerabilidad se explica, en parte, por la aprobación de leyes con impacto fiscal adverso por parte del Congreso, principalmente de aquellas que incrementan las remuneraciones. Así, el componente de remuneraciones del presupuesto público, aquel de mayor rigidez, pasó de representar 26% del total entre el 2000 y 2018 a 33% en los últimos dos años y 36% en el 2026. Hacia adelante, la consolidación fiscal implicará recuperar la disciplina en la gestión del gasto público, a la par de un incremento predecible y razonable de la recaudación tributaria.
Fortalecer la seguridad ciudadana
En el 2025 la inseguridad se convirtió en la principal preocupación de los peruanos, según el INEI. Según Ipsos, 70% de la población considera al crimen y la violencia como una preocupación, lo que sitúa al país entre los más afectados en América Latina. Esto eleva los costos de seguridad para los hogares y las empresas, desalienta la inversión privada y amenaza el turismo. Frente a ello, es clave fortalecer la policía y el sistema de justicia, aplicar estrategias integrales de prevención del delito y utilizar tecnología e inteligencia para combatir al crimen.
Impulsar el empleo juvenil
Generar empleo adecuado debe ser una prioridad, especialmente para los jóvenes, cuya inserción laboral se ha deteriorado desde el 2022. Al cierre del 2025, el empleo juvenil en Lima Metropolitana acumularía 12 trimestres consecutivos de caída, con casi 300 mil jóvenes menos trabajando respecto al 2019.Esta situación ha incrementado el número de “ninis”, con mayor incidencia en mujeres, afectadas por la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado. Reintegrar a los jóvenes al mercado laboral con empleos de calidad requiere impulsar la inversión privada y un mercado laboral más competitivo que facilite la contratación, en lugar de encarecerla.
Reducir la pobreza de forma sostenida
La pobreza permanece aún por encima del nivel prepandemia (27,6% versus 20,2%). Reducirla de forma acelerada exige consolidar un entorno propicio para la inversión privada, clave para generar empleo formal y mayores ingresos. Así, cuando más se redujo la pobreza fue cuando la inversión privada creció a doble dígito entre el 2005 y 2014. Para 2025, el IPE estima un crecimiento de la inversión privada de 9,6%, lo que reduciría la pobreza en alrededor de dos puntos porcentuales, equivalente a más de 600 mil personas. La reducción será insuficiente. Se debe exigir más compromiso de nuestras autoridades.
Asegurar la provisión de servicios básicos de calidad
En un contexto de cambio de autoridades resulta clave mejorar la provisión de servicios públicos básicos. Actualmente, más de tres millones de personas no tienen acceso al agua potable y menos del 40% de hogares tiene acceso a agua segura. En educación, más del 50% de locales públicos de educación básica requieren sustitución total de su infraestructura. En salud, apenas el 43% de los establecimientos del primer nivel de atención funciona al menos 12 horas al día a nivel nacional. La persistencia de estas brechas limita el bienestar de la población y la competitividad regional.
