El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, inauguró, en la ciudad de Trujillo (La Libertad), el primer debate regional descentralizado para evaluar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad.
Se trata de un espacio para escuchar la voz del pueblo y promover un diálogo participativo en todas las regiones del país. Además, el 97.7% de la ciudadanía trujillana, a través de una encuesta digital, señaló estar a favor de la implementación de la misma.
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“La sociedad civil no es aquella en la que 4 o 5 expertos se presentan en la televisión y dicen esto es lo que el Perú debe seguir. Nosotros dijimos que tenemos que escuchar a las fuerzas vivas de cada región del país para saber si en efecto están a favor o en contra de la pena de muerte”, expresó el titular del sector.
Esta primera jornada de audiencias se ha organizado en la región La Libertad, zona clave del norte del país donde el alto índice de criminalidad ha generado preocupación en diversos sectores de la población en relación al tema planteado.
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“El Minjusdh y el Gobierno no tienen una posición ni a favor ni en contra. Este no es un debate para tener réditos políticos, es un espacio franco, sincero y honesto para recibir las impresiones de la ciudadanía”, añadió el ministro.
El objetivo de este debate fue abrir un espacio de diálogo inclusivo y plural que permita recoger opiniones y posturas de diversos actores sociales. Por ello, se convocó a representantes de la sociedad civil, instituciones del sistema de justicia, la Iglesia, organizaciones políticas y ciudadanos en general.
Puntos abordados
En esta jornada también se buscó identificar consensos y analizar las implicancias éticas, jurídicas y sociales de una medida tan drástica como la pena de muerte. Asimismo, se tomaron en cuenta otros temas relevantes que los participantes consideren vinculados a esta problemática.
En este primer debate, participaron César Acuña, gobernador regional de La Libertad; Víctor Burgos Mariños, presidente de la Corte Superior de La Libertad; Lea Guayán Huaccha, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad; y Wilmer Sánchez, alcalde distrital de La Esperanza.
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Asimismo, el padre Marco Antonio Pacherres Torrejón, doctor en Moral, representante de la Iglesia Católica; padre Ricardo Angulo Bazauri, Licenciado en Derecho Canónico; Yvo Hora Ordinola, decano del Colegio de Abogados de La Libertad; Francisco Huertas, Decano del Colegio de Economistas y Maresa Vásquez den Oudsten, directora de la ONG Cambiando Horizontes.
Asimismo, estuvo presente el congresista Carlos Alva Rojas; el alcalde distrital de Florencia de Mora, Wilson Toribio Vereau; y Diego Tocas Quesquén, coordinador nacional del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes (CCONNAS).
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Todos ellos suscribieron una declaración en el que señalaron haber emitido su opinión con libertad, en el marco del respeto de sus posiciones y convicciones. Además, indicaron que la legitimidad democrática exige el diálogo respetuoso, la argumentación racional y la deliberación pública.
