Hace mucho tiempo que como regla general en aumento se incumple, transgrede, quebranta, distorsiona y viola la ley en el Perú, mientras el principio de autoridad encarnada en ella se pierde hacia abajo en indiferencia e impunidad.
La estructura legal nacional (normas, resoluciones, decretos, leyes, reglamentaciones, resoluciones ministeriales y judiciales, y hasta sentencias de instancia suprema) se asemeja cada vez más, en su dramatismo y escándalo, a la figura popular del pintor al que se le quita la escalera, quedándose colgado de la brocha.
La naturaleza de nuestra estructura legal nacional se ha vuelto tan débil internamente, que tampoco puede defenderse externamente, como ante muchas erradas y abusivas imposiciones jurídicas de la Comisión y la Corte interamericanas de Derechos Humanos, que la dejan también, por supuesto, colgada de la brocha.
Lo peor de todo es que ahora esta nueva cultura urbana, rural y popular, de vivir al margen de la ley, viene cercando las instituciones más elevadas llamadas precisamente a protegerla: Ministerio Público, Gobierno, Poder Judicial, Congreso de la República, Tribunal Constitucional y Procuraduría General de la República. La ley, en suma, se ha vuelto en extremo vulnerable: una moneda de cambio según los intereses de turno.
A todo esto, no hay a la vista un control de daños real y efectivo que pueda poner orden, por ejemplo, ante la flagrante quiebra del principio de autoridad en el Ministerio Público o ante la advertencia del expresidente Martín Vizcarra, sancionado con tres inhabilitaciones políticas, de que habrá algo así como un levantamiento popular si las autoridades electorales se negaran a admitir su participación en las elecciones generales del 2026.
Al cierre de esta columna, al duelo extremo entre dos fiscales de la Nación, Delia Espinoza por mantener “su puesto” y Patricia Benavides por retomar “el suyo”, resurgía otro: el duelo entre la Junta Nacional de Justicia que conmina a Espinoza, de grado o fuerza, a dar cumplimiento inmediato a la resolución de reposición de Benavides como fiscal de la Nación, y el Poder Judicial, vía Juzgado Constitucional a cargo del magistrado Juan Fidel Torres Tasso, que debe resolver una acción de amparo interpuesta por Espinoza en su pretensión de permanecer a la cabeza del Ministerio Público.
Ante semejante embrollo jurídico, político e institucional, con la ley ya no solo colgada de la brocha sino puesta de cabeza, se hace urgente una acción de un control de daño al más alto nivel, sea del Congreso de la República o del Tribunal Constitucional, para poner orden y autoridad en defensa de una ciudadanía y una democracia absolutamente desprotegidas.
Los órganos de magistratura fiscal y judicial no son lugares para el reinado de camarillas políticas e ideológicas de ninguna clase, ni de izquierda ni de derecha, menos de reclinatorios de favor a los amigos o de trincheras de persecución a los adversarios.
Hagamos todos, comenzando por los propios jueces y fiscales, que vuelva el respeto, la autoridad y la decencia al Ministerio Público y al Poder Judicial, sin tener que extremar usos de poder coercitivo que pudieran empeorar las cosas.
