Estamos avisados: si las cosas no cambian de aquí al 2025 no solo iremos camino al caos electoral y a la más extrema ingobernabilidad imaginable, sino a perder –una vez más– la democracia sin que podamos recuperarla en mucho tiempo.
En términos de reglas electorales, las peores de América Latina por su dispersión, confusión, manejo y falta de credibilidad, solo tenemos una luz al otro lado del túnel: que la justicia electoral en nuevas manos deje de ser la “matasellos” que ha sido hasta hoy y el boleto cómplice de ingreso al poder de no pocos aventureros políticos dispuestos a destruir el sistema democrático vigente.
¿Es que solo deseamos que la justicia electoral deje de ser todo eso, una justicia electoral colgada de la pared? ¿O aspiramos a una justicia electoral que encarne un referente legítimo de autoridad, cambio y confianza?
La situación de hoy viene a ser mucho más grave que en cualquier otro momento, no solo por la descomunal fragmentación política que atomizará el voto popular y los niveles de representación nacional –con medio centenar de partidos compitiendo en el 2026–, sino por la luz verde facilitada por el Congreso para que los sentenciados por terrorismo, narcotráfico y rebelión, enemigos declarados del sistema democrático y del orden constitucional, puedan postular a la presidencia y a otros cargos de elección popular.
¿Podrá el nuevo Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convertirse efectivamente en garante de la democracia y la Constitución para impedir, con criterio jurisdiccional autónomo y propio, lo que no ha podido impedir el Congreso? Es decir, que se usen alegre y alevosamente las condiciones del sistema democrático con el clarísimo objetivo de destruirlo.
Resulta una aberración incomprensible que una democracia tan golpeada y vilipendiada en 200 años insista en tirar por la borda sus propias esforzadas ganancias y lo que ella ha producido en los últimos 30 años, como la Constitución vigente y la macroeconomía, que permiten la libertad política y hasta el derroche presupuestal de los que gozan hoy en el Estado muchos de los que quisieran acabar con el sistema.
Mientras unos se alistan a correr electoralmente y con ventaja en medio de la fragmentación política y apelando al “antivoto”, otros se alistan a hacer lo propio en medio de la legislación relajada y permisiva de ahora para ingresar por la puerta grande del JNE, como lo hicieron Pedro Castillo y Perú Libre, para capturar el poder como botín político y pretender perpetuarse en él durante el tiempo que quieran.
No importa cuánto pierda la democracia, cuánto se degraden nuestras reglas constitucionales y electorales, cuánto descienda el país en nuevas oportunidades perdidas, ni cuánto vayan al suelo nuestras ofertas de inversión económica y financiera. Importa más tener a un candidato presidencial como Antauro Humala u otro similar con quien jugar al “mal menor” y al “mal mayor”, mientras se coloca al electorado nacional en el diabólico zarandeo de una suerte política letal.
