No es fácil creer que de estrella económica de la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, producto de la paz social, estabilidad jurídica y disciplina fiscal ganadas a pulso, el Perú quiera ahora convertirse, desde el frágil y quebradizo terreno de la política, en una casi perfecta isla de la fantasía.
La metáfora no solo tiene que ver con la pretensión de construir en la isla El Frontón, a un elevadísimo costo económico, logístico y de mantenimiento, un nuevo penal para reos de alta peligrosidad que el imprevisible sistema de justicia podría excarcelar en cualquier momento. Tiene que ver también, en una dimensión mayor, con la regresión del país hacia un tipo de realidad que supera cada vez más la ficción.
Buscamos idealizar un sofisticado sistema penitenciario (que bien podría costar la tercera parte en cualquier desierto costero), cuando no hemos comenzado siquiera a capturar a las mayores bandas criminales, cuando el Congreso y el Ejecutivo les niegan hasta hoy a policías y militares las leyes de autoridad y protección que necesitan para enfrentar la escalada terrorista en La Libertad, y cuando fiscales y jueces no siempre representan el acompañamiento probo, idóneo y eficaz que las circunstancias requieren.
No sabemos a ciencia cierta si debemos y podemos apartarnos del sistema interamericano de justicia o continuar dentro de él con algunas reservas precisas. Esto, que podría formar parte de la necesidad o de la realidad, tendría asidero si tuviéramos claro a quién pretende servir no el gobierno sino el Estado: a su soberano ejercicio nacional de justicia, a su compromiso de respeto y adhesión a la justicia internacional o a un sistema propio de defensa legal que resulta incapaz de lidiar exitosamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Justicia.
Estamos en principio ante el planteamiento de retiro del Sistema de Justicia Interamericano como decisión de gobierno, más que de Estado, con el agravante de que el Estado, sin una jefatura definitivamente firme y reconocible, parece más bien acéfalo. Lo complicado de la presidencia es que no puede decidir como gobierno lo que le compete hacer como Estado. De modo que, con una jefatura de gobierno real y una jefatura de Estado inexistente, la presidencia resulta a la postre ficticia.
La isla de la fantasía en el Perú se completa con una pugna entre los poderes ejecutivo, parlamentario, fiscal y judicial, bajo la a veces forzada instancia de arbitraje del Tribunal Constitucional. La separación de poderes deviene así en ficción, mientras se acrecienta la politización de la justicia y la judicialización de la política.
En el colmo de la impunidad, tan generalizada como la criminalidad, la corrupción y la informalidad, un expresidente como Pedro Castillo y una ex primera ministra como Betssy Chávez buscan ser absueltos del delito de rebelión, argumentando que el golpe de Estado que perpetraron el 7 de diciembre del 2022 fue algo así como un acto teatral de ficción para sorprender a una audiencia supuestamente idiota.
