En la recta final de la campaña electoral, la tecnología se ha instalado como un eje transversal en los planes de gobierno, en medio de un debate dominado por la seguridad, la economía y la gobernabilidad. Sin embargo, especialistas advierten que su incorporación aún carece de una hoja de ruta clara. Esa es una de las principales conclusiones de los foros técnicos organizados por Síntesis Instituto y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en marzo pasado.
Durante dos jornadas, equipos técnicos, especialistas y representantes de la prensa analizaron propuestas en salud, educación, transporte y seguridad. Según el informe, la tecnología ha ganado espacio en el discurso político, pero su implementación sigue siendo heterogénea y poco detallada en términos operativos.
Propuestas tecnológicas: coincidencias y límites
Entre las iniciativas destacan el reconocimiento facial, el uso de inteligencia artificial en procesos administrativos, historias clínicas electrónicas interoperables y sistemas de transporte con sensores y geolocalización. En varios casos, coinciden entre partidos, especialmente en la digitalización de servicios públicos.
Especialistas de Síntesis Instituto advierten limitaciones estructurales. En salud, menos del 20% de los médicos cuenta con firma digital, lo que condiciona la viabilidad de sistemas como la historia clínica electrónica universal.
El desfase es mayor en educación: el 70% de los colegios públicos carece de servicios básicos como agua, desagüe o electricidad. En zonas rurales, el acceso simultáneo a estos servicios es aún menor. Bajo estas condiciones, la tecnología enfrenta límites si no se atienden primero estas brechas.
Eficiencia del Estado: consenso con restricciones
Las agrupaciones coinciden en mejorar la eficiencia del Estado mediante herramientas tecnológicas. Entre las medidas más recurrentes figuran la simplificación de procesos, el uso de decretos de urgencia u Obras por Impuestos y la digitalización de la gestión pública.
Se plantean cámaras inteligentes, mapas predictivos y sistemas de monitoreo para seguridad; sensores y GPS para transporte; y telemedicina con interoperabilidad de datos en salud.
Pese a ese consenso, especialistas advierten restricciones operativas. Uno de los casos más críticos es el de las comisarías: entre el 80% y más del 90% no cuenta con saneamiento legal, lo que impide invertir en infraestructura tecnológica en esos espacios.
Diferencias en el rol del Estado
Las divergencias se concentran en el rol del Estado. Algunas propuestas apuntan a funciones regulatorias, mientras otras plantean mayor centralización mediante compras unificadas o instancias anticorrupción.
También difieren los enfoques en seguridad: desde el apoyo de las Fuerzas Armadas en el orden interno hasta modelos de policía comunitaria o intervenciones focalizadas.
Aun así, la tecnología se mantiene como eje común. Especialistas de Síntesis Instituto advierten que su implementación requiere reformas estructurales previas para asegurar su efectividad.
Brechas pendientes para implementar
El informe identifica vacíos clave: saneamiento legal de infraestructura pública, reducción de brechas en servicios básicos y marcos normativos para la digitalización. También se advierte la falta de propuestas para masificar la firma digital en salud y regular el uso de datos en aplicaciones ciudadanas.
A ello se suma un desafío de gestión: la necesidad de perfiles técnicos especializados quelideren la implementación de políticas tecnológicas dentro del Estado.
