La creciente presión sobre los recursos hídricos en el Perú está obligando a replantear la forma en que se gestiona el agua en el país. Más allá de su dimensión ambiental, especialistas coinciden en que la seguridad hídrica se ha convertido en un factor clave para sostener la actividad económica y garantizar la continuidad de las operaciones empresariales.
Este fue el enfoque que tuvo el “Conversatorio Internacional: Agua, Garantía de Crecimiento Económico”, organizado por Aquafondo, el Fondo de Agua para Lima y Callao, que reunió a representantes de Fondos de Agua de Latinoamérica, incluyendo experiencias de México, Colombia, Chile y Ecuador, así como especialistas de España y Brasil, además de actores del sector público como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Durante el conversatorio se planteó una reflexión de fondo: si el agua sostiene la salud, la producción, las ciudades y la economía, ¿por qué sigue siendo planificada como un sector aislado? Los especialistas coincidieron en que este enfoque limita la capacidad de respuesta frente a la crisis hídrica. En su lugar, se propuso priorizar inversiones en función del impacto territorial, especialmente en cabeceras de cuenca y soluciones basadas en la naturaleza, donde se genera el recurso, y que estén orientados a resultados que permitan conocer si se está contribuyendo al desarrollo de las comunidades.
“Hoy el agua atraviesa todas las actividades económicas. Si la retiramos de cualquier modelo productivo, simplemente deja de funcionar. Por eso, la conversación ya no es solo ambiental,sino económica”, señaló Mariella Sánchez Guerra, directora ejecutiva de Aquafondo, Fondo de Agua para Lima y Callao.
También se buscó responder una pregunta crítica: si ya existen soluciones que funcionan, ¿qué está impidiendo escalarlas?
Las intervenciones evidenciaron que el principal obstáculo no es técnico, sino estructural.
Factores como la desarticulación institucional, la falta de financiamiento sostenido y una frágil coordinación entre actores limitan la expansión de iniciativas exitosas.
“Hoy ya no estamos en un momento de diagnóstico, sino de acción. Existen soluciones probadas, pero todavía hay brechas que impiden implementarlas a la velocidad que la crisis exige”, señaló Andrea Yáñez, directora del Fondo de Agua Bogotá Región – Agua Somos, de Colombia.
Desde la experiencia internacional, representantes de Fondos de Agua miembros de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua coincidieron en que la articulación público-privada es indispensable. En ciudades como Quito, por ejemplo, se han logrado mecanismos de financiamiento conjunto que permiten sostener la conservación de fuentes de agua en el tiempo.
“El reto es demasiado grande para que lo asuma un solo actor. La única forma de avanzar es articulando esfuerzos entre sector público, privado y comunidades”, destacaron durante el encuentro.
En el caso peruano, el trabajo desarrollado en Arequipa con participación de la Sociedad Minera Cerro Verde fue presentado como un ejemplo de cómo la inversión sostenida puede generar impactos estructurales en la seguridad hídrica.
A través del fortalecimiento del consejo de cuenca y la implementación de infraestructura hídrica, se ha logrado incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en la región en aproximadamente 30% en las últimas dos décadas, permitiendo mejorar la disponibilidad del recurso para uso poblacional, productivo y ambiental. Este enfoque, basado en planificación de largo plazo, ha contribuido además a generar reservas que permiten proyectar una mayor resiliencia hídrica para la región frente a escenarios de escasez.
“La seguridad hídrica no se construye en el corto plazo. Requiere planificación, inversión sostenida y una mirada territorial que permita generar beneficios para toda la cuenca”, señaló Pablo Castañeda, superintendente de Asuntos Públicos de Minera Cerro Verde.
Si todos reconocen la crisis hídrica, ¿quién debe asumir el liderazgo para que las soluciones ocurran? Las conclusiones apuntaron a un modelo de gobernanza compartida, donde el Estado cumple un rol articulador, pero en coordinación con el sector privado, la sociedad civil y las comunidades.
“Estamos en un momento donde no solo necesitamos mejor agua, sino más agua. La presión sobre el recurso es cada vez mayor y eso obliga a replantear cómo gestionamos la oferta y la demanda”, agregó Mariella Sánchez Guerra, directora ejecutiva de Aquafondo.
En escenarios de escasez, advirtieron los especialistas, la regulación tenderá a priorizar el consumo humano, lo que redefine el entorno para sectores productivos intensivos en agua.
Finalmente, los expertos coincidieron en que el Perú enfrenta un problema de gestión más que de disponibilidad total de agua. La desigual distribución del recurso, las pérdidas en sistemas de infraestructura y la falta de articulación institucional limitan la capacidad de respuesta frente a una demanda creciente.
En ese contexto, la seguridad hídrica se posiciona como un desafío estructural que requiere inversión sostenida, planificación de largo plazo y, sobre todo, coordinación entre actores.
“Todos somos parte del problema y de la solución. La seguridad hídrica no depende de un solo actor, sino de la capacidad de trabajar juntos y sostener ese esfuerzo en el tiempo”, concluyó la directora ejecutiva de Aquafondo.
