A pesar de la gran incertidumbre por el devenir del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el escenario internacional no podría ser más favorable para el Perú. Los precios de los minerales se sostienen, la agroexportación crece con dinamismo, y la demanda global por nuestros productos no da señales de colapso. En ese contexto, crecer al 3,2% no es un logro: es una señal de alarma. En ciclos previos de precios altos, crecíamos al 6%, 7%, u 8%. Que hoy no lo hagamos tiene una explicación que incomoda, pero que no podemos seguir esquivando: el Estado peruano lleva años debilitándose, y esa debilidad ya nos está pasando factura.
A pesar de la gran incertidumbre por el devenir del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el escenario internacional no podría ser más favorable para el Perú. Los precios de los minerales se sostienen, la agroexportación crece con dinamismo, y la demanda global por nuestros productos no da señales de colapso. En ese contexto, crecer al 3,2% no es un logro: es una señal de alarma. En ciclos previos de precios altos, crecíamos al 6%, 7%, u 8%. Que hoy no lo hagamos tiene una explicación que incomoda, pero que no podemos seguir esquivando: el Estado peruano lleva años debilitándose, y esa debilidad ya nos está pasando factura.
El problema no es la falta de proyectos. Tenemos yacimientos mineros con potencial real, inversiones privadas que podrían activarse, infraestructura que podría ejecutarse, y muchos proyectos paralizados en infraestructura. Lo que falta es la capacidad del Estado para acompañar esos procesos de manera creíble. No se trata de volver al modelo de hace treinta años, cuando el Estado simplemente se retiraba y le decía al privado “tú ve cómo lo haces”. Se trata de un liderazgo público capaz de convencer a los ciudadanos que viven en zonas de influencia, de articular instituciones, de generar confianza. Sin eso, el resultado es lo que tenemos: minería informal avanzando sobre concesiones formales, conflictos no resueltos, proyectos que nunca despegan.
A ello se suma una política fiscal que ha perdido el norte. El Congreso aprueba leyes de gasto sin análisis costo-beneficio serio. El Ejecutivo no las observa. Se asumen compromisos de gasto corriente —pensiones, aviones, Petro-Perú— sin que la recaudación ni la eficiencia del gasto estén a la altura. El resultado es un déficit que nos acerca peligrosamente a perder el grado de inversión. Ese sello de calidad —el equivalente, en términos simples, a no estar en Infocorp— nos costó décadas de disciplina macroeconómica. Perderlo significaría endeudarnos más caro, desalentar la inversión privada y, en el límite, volver a depender de organismos multilaterales que creíamos haber dejado atrás.
El próximo gobierno tendrá que actuar con claridad en varios frentes a la vez: cuidar la regla fiscal, articular política tributaria con seriedad y recuperar la inversión pública sin sacrificar la sostenibilidad. Pero hay una reforma que subyace a todas las demás y que los últimos gobiernos —en plural, porque hemos tenido demasiados— han desmantelado sin pudor: el servicio civil. Sin funcionarios técnicamente sólidos, con continuidad y con visión de largo plazo, cualquier política se diluye con cada cambio de administración. Un proyecto que una multilateral tiene que presentar cuatro veces en dos años a cuatro administraciones distintas no es una anécdota: es el retrato de un Estado que no aprende.
Las condiciones externas no durarán para siempre. La ventana está abierta, pero el tiempo no es ilimitado.
