Lo que para ella es un proyecto vital y un centro de estudios único en el país, hoy enfrenta un escenario de amenaza: la zona viene siendo arrasada por operaciones de minería ilegal, como ha quedado registrado en fotos y videos, y en denuncias penales interpuestas.
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El río Yuyapichis, que cruza el área, presenta niveles de sedimentación y contaminación que lo han llevado a ser descrito como un río “prácticamente muerto”.
Desde hace poco más de un año se observa un cambio en cómo los mineros ilegales actúan en la zona. Lo que antes era trabajo con dragas habría dado paso a la entrada de retroexcavadoras y maquinaria pesada, que abren caminos clandestinos y alteran el cauce del río, según explica el abogado experto en temas ambientales, César Ipenza.
“Las operaciones están a lo largo del río y ya no es con dragas como se hacía antes, es con maquinaria pesada. Más aún porque es una temporada seca. Solo en Panguana habría al rededor de 35 retroexcavadoras que están ya destruyendo todo el bosque. En las imágenes se observa cómo entran, cómo cada una trabaja y eso es todos los días”, indica.
Siete denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali. Algunas de ellas motivaron operativos, pero estos se habrían frustrado por la falta de presencia sostenida de la Marina y la Policía Nacional, así como por limitaciones logísticas, como la ausencia de combustible, embarcaciones y explosivos para neutralizar maquinaria.
La comunidad de Pampas Verdes, anexo de Nuevo Unidos de Tahuantinsuyo, se ha convertido en un punto de conflicto. Allí, familias que antes cooperaban con el trabajo que realizaba la estación ahora aparecen divididas: algunos aceptan los pagos ofrecidos por los mineros, que según Ipenza pueden llegar hasta los S/40 mil por hectárea.
Este escenario ha generado un clima de tensión y presuntos amedrentamientos contra Koepcke, quien reconoce haber recibido amenazas.
Aunque la estación ha solicitado garantías personales y estas han sido otorgadas el último 18 de setiembre por la Subprefectura Distrital de Yuyapichis, la presencia policial en la zona sigue siendo escasa.
Estado ausente
Las denuncias hasta ahora no han tenido resultados concretos. De acuerdo con Ipenza, los mineros reciben alertas antes de los operativos, esconden las máquinas y regresan apenas las autoridades se retiran. La efectividad de las acciones es limitada.
El último 28 de setiembre, la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali informó que, junto con la Policía, llegaron al lugar e incautaron únicamente tres dragas, tres excavadoras y una camioneta, pero para Koepcke resulta insuficiente.
Para agravar el panorama, el negocio del oro ilegal refleja una expansión considerable. Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), para 2025 las exportaciones ilegales de oro podrían igualar o incluso superar a las formales, con un valor estimado de US$12,000 millones. Esta proyección equivale a un incremento de más del 60% respecto al año anterior y refleja la creciente presencia de esta actividad en distintas regiones del país, especialmente en zonas con limitada fiscalización estatal.
Como salida ante lo que acontece en Panguana, Koepcke e Ipenza han planteado que la estación misma sirva de base para la Policía y la Fiscalía, con el fin de realizar acciones de control.
“Ese es solamente un sitio pequeño, pero en todo el Perú es igual. La deforestación es enorme y una vez que ese sistema colapse, va a cambiar el clima totalmente, habrá sequías y hambre en muchos sitios porque ya no se podrán sembrar los productos que se tenían antes”, advierte Koepcke.
El destino de Panguana, reconocida como Área de Conservación Privada en 2011, que concentra más de mil especies de plantas y al rededor de 500 aves registradas, y con más de seis décadas de registros científicos únicos en el país, está en juego.
