Debemos estar claros en que el éxito macroeconómico es condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar el bienestar. En ocasiones, nos distraemos en demasía señalando el tiempo que mantenemos la inflación anual en un dígito, remarcando que el crecimiento del PBI –aún modesto–, sobresale en la región a pesar de la inestabilidad política, puntualizando que las reservas de nuestro BCR como porcentaje del PBI están dentro de las ocho más grandes del mundo a pesar de la volatilidad financiera global.
Debemos entender que dicho éxito no será sostenible en el tiempo en la medida en que no seamos capaces de emprender la ejecución de reformas estructurales a cabalidad. Requerimos con urgencia una mejora sustancial en la calidad del sector público, crear una verdadera institucionalidad y disponer de un mínimo de infraestructura física y humana.
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Hemos tenido reformas deficientemente planteadas y ejecutadas, tanto en el ámbito constitucional como político, de educación, salud, descentralización, pensiones, judicial, laboral, tributaria, entre otras. El común denominador es el mismo: resultados parciales y carentes de efectividad. Nuestra visión país es miope, desmemoriada y parapléjica. Tenemos que superar semejante limitación.
Si somos sinceros, podríamos concluir que las posiciones extremas de nuestra política, en el fondo, no quieren ejecutarlas a profundidad.
Uno de los extremos, disfrazado de ‘justicia social’, nos pretende convertir en un satélite de la mediocridad económica de la región como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia. Busca promover propuestas económicas, que, aunque suenan bien al oído del elector popular, son caducas y fracasadas, no son más que un canto de sirena. Lo que le interesa a este extremo es llegar y perpetuarse en el poder a costa de la misma clase vulnerable. Para ellos el pobre es solo un medio. Si hay que, subterráneamente, apoyar la ilegalidad, así lo hacen. Y, si hay que destrozar las arcas fiscales, también lo hacen.
El otro extremo, disfrazado de competencia y mercado se concentra únicamente en maximizar su margen de contribución, buscando obtener beneficios al amparo del legislativo. Para este grupo, si hay que poner ‘operadores’ como congresistas tras el camuflaje de un partido político, bienvenido. Claro está, lo que buscan es aprovecharse del poder, nada más. Si hay que pisotear y adecuar la ley para beneficio propio, así lo hacen. En este caso, tampoco debería sorprender que cierto segmento esté articulado con la misma ilegalidad.
La ausencia de reformas estructurales bien diseñadas y ejecutadas generan costos tremendos al país. La OCDE estimó recientemente que nuestro PBI per cápita durante los próximos 25 años podría casi duplicarse en un escenario donde se ejecutan con seriedad las reformas hasta hoy pendientes.
Lo que debemos demandar, en el actual entorno electoral, es que los diferentes partidos políticos nos detallen el conjunto de reformas que ejecutarían, cómo se articularían a través de un plan estratégico para los próximos cinco años, cuál el cronograma para lograrlas, cómo sería su financiamiento, cuál su prioridad y cómo se obtendrían consensos con las fuerzas vivas de nuestra sociedad.
Un acápite especial deberá contener la propuesta para ejecutar una urgente reingeniería integral del sector público. Hoy es deficiente en todos sus frentes: organización, dimensionamiento, calidad de gestión, gobernanza.
Este 2026 el reto no será cuánto crecerá el PBI. El verdadero reto será disponer de un gobierno serio que emprenda el camino para la consolidación plena de nuestra economía a través de las reformas pendientes. Los riesgos de no hacerlo serán claros: hacer insostenible los resultados macroeconómicos y lanzarnos al precipicio.
