Según el documento aprobado en el pleno, la propuesta busca “reducir la inseguridad ciudadana […] frente al incremento considerable de la delincuencia, hecho que ha ido en aumento, donde se aprecia una notable participación de jóvenes adolescentes”.
No obstante, las denuncias presentadas cada año ante la fiscalía contra jóvenes de 16 y 17 años no son ni siquiera el 1% del total, de acuerdo a información oficial del Ministerio Público analizada por ECData.
Incluso en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación –los recintos como ‘Maranguita’, a los que son enviados los menores que cometen faltas contra la ley–, ese grupo no representa la mayoría: se trata de 637 internos, el 34% del total.
“El argumento que mencionan es mentira: la realidad te muestra que el universo [de infractores de la ley] al que afecta es muy limitado. El problema no está en las normas. No veo que esta pueda tener algún efecto positivo, pero sí muchos efectos negativos”, considera Arturo Huaytalla, especialista en seguridad ciudadana.
Antes de su aprobación final, está pendiente de resolverse una reconsideración presentada por tres legisladores contra la norma.
El 3 de julio último, en la legislatura previa, el dictamen fue aprobado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Heidy Juárez, exministra de la Mujer y entonces integrante de la bancada de Podemos Perú, fue una de los ocho legisladores que respaldaron el dictamen.
En diálogo con El Comercio, Juárez –ahora no agrupada– afirmó que los menores de 16 y 17 años deberían ser enviados a cárceles para adultos en caso de que hayan cometido delitos graves, tales como “sicariato, secuestro y crimen organizado”.
Pero 48 de los 69 centros penitenciarios del país están hacinados y en 30 de ellos, la población carcelaria es el doble o más de lo que la capacidad del recinto permite. Por otro lado, más del 60% de internos aún no ha recibido sentencia.
Juárez no respondió al ser consultada sobre esa crítica realidad.
En tanto, Beatriz Gamarra, oficial de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef Perú, explicó que la posibilidad de que menores de edad compartan prisión con mayores de edad atenta contra la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fija, en su artículo 37, cómo debe abordarse la reclusión de los adolescentes.
“Los menores que llegan al sistema penal juvenil ya están marcados por la pobreza y la exclusión. La privación de su libertad junto con adultos no solo es cruel y degradante, sino que está prohibido. […] Además, no tendría impacto contra la delincuencia. La experiencia ha demostrado que las políticas punitivas no funcionan”, añadió la experta.
Al respecto, Arturo Huaytalla aseveró que en las cárceles, “se estaría llevando a un espacios con muchos más factores de riesgo”. Añadió que en la reclusión de menores de edad, el tratamiento es muy distinto al que se efectúa con adultos.
El legislador Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, aseguró que en su bancada “aún no hay unanimidad, hay posiciones encontradas” respecto del dictamen.
“Lo único que vamos a lograr [con esa ley] es que los adolescentes salgan de la cárcel como avezados delincuentes. Deberían ser juzgados bajo una normativa especial y llevados a centros destinados a su rehabilitación”, indicó.
Por otro lado, el Consejo de Estado anunció este mes que trabajará en “acciones conjuntas enfocadas en la prevención del delito”. Una de ellas –informó el grupo encabezado por la presidenta Dina Boluarte– será “establecer un régimen excepcional para el caso de los menores que incurran en hechos criminales”.
Consultado al respecto por El Comercio, Abraham García, asesor del despacho ministerial de del Ministerio de Justicia, aseguró que esa cartera está en contra de que se sancione a los adolescentes de 16 y 17 años como si fuesen adultos. “Los adolescentes no son inimputables, son responsables [de las faltas que cometen], pero el tratamiento es otro: se enfatiza en una justicia restaurativa, antes que sancionadora”, destacó.
Agregó que el “régimen excepcional” al que se hizo en referencia en el que trabaja el Ejecutivo está relacionado con la aplicación de un código penal para adolescentes y la selección adecuada de “jueces especializados para atender casos en material penal juvenil”.
