No se ha cumplido ni un mes desde el inicio del año, y el Congreso ya presentó un proyecto que busca nuevamente liberar la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) hasta fines del 2026. Esta es una práctica que se viene extendiendo desde la pandemia y que, desde entonces, se prolonga bajo el pretexto de incentivar la recuperación económica.
Tan repetidos como los argumentos que sostienen el referido proyecto son las advertencias que, desde organismos técnicos, se han hecho sobre esta liberación. El impacto en el consumo puede ser inmediato, pero su efecto sobre la economía es limitado. Además, los datos muestran que el destino principal de estos fondos suele ser el pago de deudas.
Resulta oportuno recordar las palabras del presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, quien, en una entrevista con El Comercio en septiembre de 2024, expresó estar “preliminarmente en desacuerdo” con una nueva liberación de la CTS. Si bien su comisión debatirá el proyecto, es evidente que la decisión final recae en las fuerzas políticas del Legislativo, cuya postura ha dado pase libre a la aprobación de los retiros anteriores.
Si bien no debería sorprender que la medida se vuelva ley, sí debería mantenernos prevenidos sobre dos puntos. El primero: esta podría ser la antesala de un año marcado por proyectos de la misma índole. El segundo, y quizá el más importante: la desprotección del trabajador formal. Sin CTS y con ahorros reducidos para la jubilación, los trabajadores formales enfrentan una situación cada vez más complicada a futuro.
Dado que el 2025 abrirá la cancha para la discusión sobre nuestros puntos de dolor como país, este –sin desmerecer otros que también son críticos– debe estar sobre la mesa. Un impulso al consumo para formales puede ser, hasta cierto punto, favorable para la economía; pero la mayor vulnerabilidad del peruano formal se vuelve una bomba de tiempo.
