Probablemente estemos ante la peor crisis y ante el peor callejón sin salida del Ministerio Público, en un momento que también resulta el peor de todos, porque la suerte de este organismo clave de la justicia peruana no parece ser de nadie.
En efecto, no parece ser una crisis que le importe directa y profundamente a la Junta de Fiscales Supremos, la llamada a resolverla. Tampoco una crisis que vaya a alterar las neuronas de los componentes de la Junta Nacional de Justicia, que hasta ahora no saben para qué están donde están. Y no yendo muy lejos, no parece ser igualmente una crisis que preocupe demasiado a la presidencia del Poder Judicial ni a la presidencia del Congreso ni a la presidencia de la República.
La voluntad política de poner las cosas en orden en democracia es hoy un valor tan escaso como la voluntad política de renuncia cuando el interés general prevalece sobre el particular.
Como en el Perú hemos descendido también a una crisis de institucionalidad, jerarquía y autoridad, la jefatura del Estado, que debiera estar por encima de la organización política del país, moderando y atemperando situaciones críticas y complejas, aparece pintada en la pared, mientras otros poderes, entre ellos la fiscalía, hacen de su autonomía jurisdiccional una trinchera política de desacato y desafío a la legalidad y constitucionalidad, contra su propia y natural condición: la de ser el respetable y reconocido titular de la investigación penal.
No siendo, pues, la crisis del Ministerio Público una crisis de nadie, muchos piensan, frente a otras crisis que igual no son de nadie, que lo mejor que puede pasar es que el 28 de julio del 2026 llegue alguien al ejercicio del poder presidencial con la voluntad política de salvar, no solo el Ministerio Público, sino además a Petro-Perú, Essalud, la minería en general, la red vial nacional en grande, los paralizados proyectos de irrigación, en fin… tantas otras cosas venidas a menos y en callejones sin salida.
Pero aquí viene lo previsible: tenemos una estructura presidencial que se ha vuelto con los años más frágil y vulnerable que nunca al punto que, debiendo ser el centro de gravedad de la gobernabilidad del país, resulta en mucho un poder invertebrado y ficticio.
De mantenerse el Ministerio Público como está, con todo el poder político construido en sí mismo y a pulso, lo primero que enfrentará el futuro nuevo presidente peruano, entre incómodo y sorprendido, serán sus primeras carpetas fiscales de investigación abiertas por el o la fiscal de la Nación. Imaginemos que, a una carpeta por mes, podría terminar su mandato con unas sesenta, a sabiendas, además, de que por ninguna de ellas tendría necesariamente que ser acusado.
Así las cosas, con un mandatario puesto en jaque desde un comienzo, la situación de crisis del Ministerio Público se prolongaría por cinco años más, con lo que todos tendríamos que estar de acuerdo, en verdad, en que vivimos una crisis que tal vez por largo tiempo no será de nadie.
