Los jueces supremos salieron al frente tras la seguidilla de normas aprobadas desde el Congreso de la República relacionadas con el sistema de justicia —entre ellas, incluso, para encaminar una reforma integral del mismo— e hicieron un llamado a evitar la afectación de la independencia judicial, al tiempo que anunciaron una comisión para analizar las leyes promulgadas.
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A media mañana de este miércoles, once magistrados de la Corte Suprema, encabezados por el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se presentaron en el Salón de Juramentos, donde se dio a conocer un pronunciamiento aprobado en una edición extraordinaria de la sala plena. La presidenta electa, Janet Tello, quien asume funciones el próximo 1 de enero, estuvo presente en el acto.
La sala plena remarcó que, en la legislatura que ya concluyó, el Parlamento aprobó “varias leyes” en relación a las carreras fiscal y judicial, en materia penal y procesal, así como de comisiones “exclusivamente parlamentarias” que alcanzarán propuestas para una reforma integral del sistema y un nuevo Código Penal.
Todo ello —se subrayó— “sin la imprescindible reflexión y vocación de consenso” de los demás poderes, colegios de abogados y la academia, a pesar de ser asuntos “que comprometen la formulación, interpretación y aplicación de las leyes y la propia institucionalidad del ordenamiento judicial, piedra angular del Estado Constitucional”.
“El Poder Judicial hace un llamado de atención a los poderes públicos y a la colectividad para evitar la afectación de la independencia judicial y que se promueva una política legislativa acorde con los valores democráticos”, se señaló en el pronunciamiento.
Se incidió también en que “los grandes cambios que requiere el sistema de justicia no pueden realizarse excluyendo al Poder Judicial y justificando veladamente el intervencionismo al sistema de justicia que nada bueno traería consigo, como lo demuestra nuestra propia historia institucional”.
La Corte Suprema anunció, en ese sentido, que se ha conformado una comisión institucional “para analizar las leyes promulgadas, tomar las acciones correspondientes y adelantar una línea de reformas razonables”.
Las leyes controvertidas
A lo largo del pronunciamiento de la sala plena de la Corte Suprema, se pusieron esencialmente seis ejes bajo la lupa, los cuales han sido promovidos desde el Congreso, sin mayores cuestionamientos de parte del Ejecutivo, y que han venido generando controversias dentro del propio sistema de justicia y el reclamo de la sociedad civil.
“Estas leyes, lejos de solucionar problemas, han generado mayores complicaciones en la aplicación del sistema de justicia”.
En principio, se llamó la atención respecto a Ley N°32130, aprobada por el Congreso y promulgada en octubre, la cual permite a la Policía Nacional del Perú (PNP) el realizar las investigaciones preliminares, limitando así las competencias del Ministerio Público.
La Corte Suprema apuntó que la reforma desconoce la Constitución, la cual establece “la conducción desde su inicio” de la investigación del delito por parte de la fiscalía, “lo cual crea un desbalance” con la labor de la policía. También se cuestiona la serie de modificaciones al Código Procesal Penal y “la desnaturalización del recurso de casación”.
Además, se puso bajo la lupa las modificaciones a la figura de crimen organizado, las cuales se dieron a través de la poco célebre Ley N°32108, dada en agosto pasado y que generó el rechazo de la ciudadanía, así como su subsiguiente: la Ley N°32138, con la que se realizaron algunas modificaciones y que sigue aún vigente.
Al respecto, se incidió en que, a diferencia de la Convención de Palermo, se excluyen delitos y se incorpora elementos “de complicada concreción y reduce sensiblemente la posibilidad de una persecución procesal razonable y efectiva”.
El Comercio informó que, a pesar de la última modificación realizada por el Congreso, aún seguían quedando excluidos al menos 50 delitos, entre ellos, varios por corrupción, los cuales ya no pueden ser incorporados a la figura de crimen organizado.
También se mencionan la Ley N°32181 y la Ley N°32182. A través de la primera, entre otros, se eliminó de plano la detención preliminar en casos de no flagrancia, lo cual viene favoreciendo a varios investigados y sigue sin ser corregido. Mientras que con la segunda se establece como prevaricato, por parte de jueces y fiscales, el disponer la liberación de aquellos detenidos en casos de flagrancia.
El Colegio de Abogados de Lima, en un comunicado, mostró su preocupación respecto a esta última norma y advirtió que “constituye un grave riesgo de criminalización de la justicia y atenta directamente contra la independencia y autonomía judicial”.
Además, la Corte Suprema califica de “perturbadora” la reforma del Código Procesal Constitucional introducida a través de la Ley N°32153, “al limitar los poderes de control constitucional de las decisiones parlamentarias y generar un procedimiento especial que revela un claro desequilibrio de los principios de separación, equilibrio e independencia” de los poderes públicos.
También se pone bajo la lupa la creación de una comisión exclusivamente parlamentaria para elaborar un nuevo Código Penal, lo cual fue aprobado hace apenas unos días en segunda votación por parte del pleno Congreso.
Según la fórmula, la comisión estará presidida por un representante de la Comisión de Justicia, actualmente dirigida por Perú Libre, además de un representante de cada una de las bancadas. Se incidió desde la Suprema que “una visión tan reducida impedirá la elaboración de un Código Penal que genere consenso y asuma las corrientes político-criminales más idóneas para enfrentar la delincuencia”.
Sin embargo, sobre todo se incide en la segunda comisión creada por el Parlamento que estará a cargo de proponer una “reforma integral del sistema de justicia”. La fórmula fue presentada el 11 de diciembre y se aprobó en el pleno del Congreso ese mismo día. El plazo para que presente su propuesta es de 90 días.
“No solo noventa días calendario son insuficientes para definir un plan de reformas ordenado y democrático, sino que la transformación de la justicia no puede hacerse a espaldas o contra los jueces y fiscales”, se advirtió. Se remarcó que los jueces son parte de la solución y “no parte exclusiva del problema”.
Se incidió, en ese sentido, que los proyectos planteados, a lo largo de los últimos años, “no asumen lo más relevante del estado actual de la justicia y tienen una opción unilateral por intervenciones mayormente represivas, sin asumir un plan de acción de largo aliento”.
Luego de varias idas y vueltas y modificaciones de parte del actual Congreso, es la primera vez que la Corte Suprema realiza un pronunciamiento de este tipo.
