Entre el legítimo derecho ciudadano a saber lo que pasa y el legítimo derecho de la prensa a informar se cruza, cada vez más, aquí en el Perú y en todo el mundo, una eficaz maquinaria de censura indirecta que pone a salvo, confortablemente, a gobernantes, legisladores, jueces, fiscales y funcionarios.
Los arrebatos autoritarios en democracia, que por supuesto los hay, no tienen que clausurar diarios o emisoras, no tienen que afectar ondas y antenas radiales o televisivas, no tienen que suprimir el ejercicio profesional de periodistas y corresponsales, no tienen que apelar a extorsiones publicitarias o financieras. No tienen que hacer nada que se parezca a los métodos comunes dictatoriales.
A los arrebatos autoritarios en democracia les basta y les sobra la censura indirecta de la penalización y judicialización de la prensa libre e independiente. Es eso lo que realmente les importa.
El aplauso ciudadano por revelar y demostrar el desbalance patrimonial de un magistrado o funcionario puede costarle a un periodista o a un medio de comunicación una demanda por acoso o difamación. El empleo de la ley no al servicio de la verdad y la transparencia, sino al servicio del ocultamiento de información y, lo que es peor, al servicio de la impunidad. La sanción direccionada al revés: no contra el magistrado o funcionario investigado o imputado, sino contra el periodista o el medio.
Ya no sorprende la evidente y alarmante desprotección legislativa, fiscal y judicial de periodistas y medios amenazados, intimidados y hasta extorsionados y asesinados, como en más de una ocasión lo ha advertido informativa y editorialmente El Comercio. Ahora sorprende la evidente y alarmante maquinaria de censura indirecta que invierte el papel de la acción fiscal y judicial: el infractor de la ley resulta protegido e intocable, y el periodista, desamparado e imputado.
Es probable que las investigaciones fiscales y judiciales abiertas a periodistas de Willax, Latina y otros medios bajo el rodillo de la censura indirecta no terminen en condenas, al no afectar la reputación de nadie ni la seguridad nacional, pero sí lograrán el cometido de sus promotores y ejecutores: el de tenerlos prisioneros de citaciones, comparecencias y diligencias que limiten su capacidad de informar críticamente.
El ejercicio de la censura indirecta desde el brazo amedrentador de la ley y los tribunales ha probado ser lo suficientemente eficaz como para impactar, demoledoramente, sobre el periodismo de investigación, imponiendo graves limitaciones restrictivas a sus revelaciones de corrupción y abusos de poder. La indiferencia del Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público ante los hechos evidentes de amenaza, intimidación y desprotección a la prensa en su derecho a informar es tan inaceptable y preocupante como la que se manifiesta contra el derecho del ciudadano a saber y entender lo que pasa, derecho fundamental que precisamente sustenta el trabajo de periodistas y medios.
El derecho a informar puesto en jaque por los poderes públicos no es un hecho que tengamos que pasar por alto si queremos conservar uno de los mayores pilares de nuestra democracia: la libertad de expresión.
