Cayó el dictador que se creía eterno. El tirano que devastó y dejó en escombros un país que alguna vez fue próspero. El autócrata que manipuló elecciones. El causante de la mayor crisis humanitaria de la historia del continente, con millones de desplazados acogidos en diversos países, entre ellos el Perú. El cabecilla de un régimen corrupto que recurrió al fraude, el terror y la persecución de sus rivales políticos para aferrarse al poder que nunca quiso dejar.
El destino de la nación venezolana es aún incierto. Lo que está claro es que la caída de Nicolás Maduro significa también el fin del chavismo y que sus secuaces se encuentran negociando las condiciones de su salida. Genera incertidumbre el anuncio de Donald Trump de que Estados Unidos dirigirá el país hasta que se pueda garantizar “una transición segura”. Lo ideal es que este proceso sea rápido y que se respete la voluntad que el pueblo venezolano expresó en las urnas.
Cuando una dictadura cae, es motivo para celebrar. No por ello se puede omitir que la operación desplegada por el gobierno de Donald Trump no respetó el derecho internacional ni al propio Congreso de su país. Y que genera un peligroso precedente. Pero también es cierto que durante décadas los países de la región fueron incapaces de hallar una solución consensuada a la crisis venezolana. La mitad de los gobiernos fueron aliados cómplices y la otra mitad opositores que solo expresaban su indignación a través de inocuos comunicados. La OEA estuvo pintada en la pared.
Como era previsible, aquellos políticos peruanos que durante años desplegaron acrobacias verbales para evitar llamar dictador a Maduro han salido como un coro de plañideras a lamentar la caída de su aliado ideológico. En cuestión de minutos, quienes por estrategia electoral intentaban mostrar una careta de centro o moderada se autosabotearon.
Venezuela inicia una nueva era de esperanza democrática, pero el camino hacia la recuperación económica e institucional aún será largo y arduo.
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