La suspendida fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta se entregó el miércoles a las autoridades para cumplir los 18 meses de prisión preventiva dictados por el Poder Judicial por el supuesto delito de tráfico de influencias en el caso que involucra a Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Elizabeth Peralta se desempeñaba como fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio, y se le investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado. Según el Ministerio Público, Peralta habría recibido un millón de dólares, a través de Hurtado, para que Javier Miu Lei recupere 200 kg de oro incautados a su empresa entre diciembre del 2019 y enero del 2020.
A la suspendida fiscal, a quien Hurtado llamaba ‘madre’, también se le investiga por presuntamente solicitar US$80.000 por medio de Hurtado a Miu Lei para influir en que se le abra una investigación por lavado de activos a su competencia. Asimismo, se le sindica por el presunto pedido de US$100.000 para parar una investigación contra la empresa Quántico Servicios Integrados, de Iván Siucho Neira.Cabe recordar que, de los implicados, solo Peralta y Hurtado tienen una prisión preventiva vigente.
A Peralta se le variaron las medidas restrictivas a prisión preventiva por riesgo procesal. Cuando allanaron su domicilio se encontraron anotaciones con indicaciones para borrar mensajes de WhatsApp, historial de Google Maps y hasta llegó a decir que se le había perdido el teléfono, con tal de no entregarlo. Este caso resulta emblemático y evidencia la crisis del Ministerio Público. La fiscalía de Lavado de Activos es fundamental en la lucha contra las economías ilegales que se han instalado en nuestro país. La Primera Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Lavado de Activos tiene al fiscal Rafael Vela como coordinador y la integraban Peralta y Marcos Villalta.
Algunos expertos consultados sobre este tema apuntan a la falta de inteligencia en el interior del Ministerio Público, pues no se explica que las acciones de Peralta no hayan sido advertidas. Según “Cuarto poder”, hasta febrero del 2023, Peralta tenía en su cuenta bancaria cerca de S/500.000, cuando su salario era de S/18.000. Es inexplicable que no se haya advertido este desbalance. Al parecer, la crisis institucional del Ministerio Público no es solo una cuestión de pugnas de poder. Casos de corrupción en fiscalías emblemáticas como la de lavado de activos son inaceptables.
¿Se puede confiar en una institución diseñada para perseguir el delito que cuente entre sus miembros a personas investigadas por cometer delitos? Es urgente una reestructuración del Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tiene la palabra.
P. D. En la columna publicada el 22/11/2024, titulada “Golpistas nunca más”, utilicé el término ‘improcedente’ para referirme a la decisión del TC de enero del 2020 sobre la demanda competencial presentada por el Congreso. El término correcto era ‘infundada’.
