`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) propone reducir los montos de 41 infracciones muy graves correspondientes a los servicios de transporte regular y especial. El proyecto plantea que determinadas sanciones que actualmente alcanzan 1, 2 o hasta 4 UIT pasen a montos de entre 0,5 y 1,5 UIT, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) propone reducir los montos de 41 infracciones muy graves correspondientes a los servicios de transporte regular y especial. El proyecto plantea que determinadas sanciones que actualmente alcanzan 1, 2 o hasta 4 UIT pasen a montos de entre 0,5 y 1,5 UIT, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
La propuesta fue prepublicada por la entidad para recibir comentarios antes de su eventual aprobación. Las 41 infracciones corresponden a distintas modalidades del transporte especial y regular: 16 están vinculadas al transporte regular, siete al servicio de taxi y seis a cada una de las modalidades de transporte turístico, de trabajadores y de estudiantes.
La medida no plantea eliminar las sanciones frente a las conductas que la ATU considera de mayor riesgo. La entidad sostiene que continuará sancionando la informalidad, la falta de autorización, determinadas conductas que ponen en peligro a pasajeros y terceros, así como otras infracciones relacionadas con seguridad y condiciones de prestación del servicio.
El cambio, según explicó a Luis Rivera, subdirector de fiscalización y vocero de la ATU, durante una entrevista con El Comercio, responde a una revisión de los porcentajes establecidos en las tablas de infracciones. “Lo que nosotros estamos haciendo es un reajuste a los códigos de infracción, a los porcentajes que están establecidos en nuestras tablas de infracciones”, señaló.
¿Qué ocurre con quienes ya pagaron las multas más altas?
La principal interrogante que deja el reajuste es qué sucederá con los transportistas que fueron sancionados y pagaron sus multas cuando los montos eran mayores. Sobre este punto, la respuesta de la ATU es que no ha contemplado un mecanismo de devolución o compensación.
Rivera sostuvo que el reajuste no puede aplicarse retroactivamente. Además, diferenció la reducción de los montos de una eventual consideración de que las sanciones cobradas anteriormente hayan sido indebidas.
“Este trabajo del reajuste de las tablas de infracción, de los montos, de las sanciones pecuniarias, pues obviamente no podría ser aplicado retroactivamente”, indicó el funcionario.
Subdirector de Fiscalización y vocero de la ATU.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Según explicó, mientras los montos anteriores estuvieron establecidos en una tabla respaldada por la normativa vigente, las sanciones aplicadas bajo ese régimen se encontraban dentro del marco legal correspondiente. “Si está dentro de un marco normativo, tenemos una tabla que está con un dispositivo con un documento que sustente la aplicación pecuniaria de una infracción (…) obviamente está dentro de un marco legal permitido”, afirmó.
De esta manera, la reducción propuesta por la ATU no supone, según la entidad, reconocer que los montos que se cobraron anteriormente hayan sido incorrectos. La propuesta modificaría el régimen sancionador hacia adelante, una vez que concluya el proceso correspondiente y se apruebe la nueva tabla.
Expertos discrepan sobre una eventual devolución
La posición de la ATU contrasta con la opinión de algunos especialistas consultados por El Comercio. Para Patricio Portaro, gerente general de Taxi Directo, sí debería evaluarse algún mecanismo de devolución o compensación para los transportistas que pagaron bajo el esquema anterior.
“Totalmente. Sí”, respondió para El Comercio cuando se le preguntó si quienes ya habían pagado las multas deberían recibir algún tipo de compensación. El especialista reconoció que establecer cómo funcionaría una eventual devolución podría ser complejo, pero consideró que debería buscarse una solución.
Patricio Portaro, gerente general de Taxi Directo. (Foto: Difusión).
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Portaro puso como ejemplo el impacto de las sanciones elevadas sobre los conductores de taxi. Según explicó, conoce casos de conductores que tienen una capacidad de ahorro reducida y que pueden enfrentar dificultades importantes para asumir multas de varios miles de soles. “Es un jaque más que para su economía familiar”, sostuvo.
El representante de Taxi Directo también cuestionó que las sanciones elevadas necesariamente produzcan un mayor cumplimiento. En su opinión, una multa de 300 soles ya puede representar un impacto importante para un conductor, por lo que el efecto disuasivo no dependería únicamente de incrementar los montos.
Su propuesta es que las sanciones sean escalonadas y aumenten en función de la reincidencia. A ello debería sumarse, señaló, una fiscalización con mayor alcance y continuidad.
Para otros especialistas, el pago previo no necesariamente genera derecho a devolución
Una posición distinta expresó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT). Para él, quienes pagaron las multas bajo el régimen anterior no tendrían, en principio, sustento para exigir una devolución, debido a que el pago supone el reconocimiento de la sanción y el cierre del procedimiento.
“Cuando alguien paga, reconoce la multa y el proceso se archiva”, sostuvo en entrevista con El Comercio. En ese sentido, consideró que una eventual aplicación favorable de la nueva regulación tendría mayor relevancia para aquellos casos que todavía se encuentran abiertos o en ejecución y no han sido cancelados.
Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) y vocero gremial del sector transporte formal
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Ojeda respaldó, en términos generales, la revisión de los montos bajo criterios de proporcionalidad, aunque advirtió que no todas las infracciones deberían recibir una reducción. A su juicio, las conductas vinculadas con informalidad, alcohol o responsabilidad por accidentes deben mantener un tratamiento severo.
El especialista también cuestionó que las multas elevadas hayan logrado por sí mismas mejorar el comportamiento de los conductores. Según indicó, los niveles de pago de las sanciones pecuniarias siguen siendo bajos y una política sancionadora efectiva debería concentrarse también en la capacidad de fiscalización y cobro.
La reducción puede beneficiar a expedientes que todavía estén en trámite
Una de los puntos que todavía deberá ser precisado es la situación de los procedimientos administrativos sancionadores que no hayan concluido cuando entre en vigencia la nueva tabla.
Rivera señaló que ese escenario será materia de una evaluación legal dentro de cada procedimiento. “Eso entra a una evaluación ya legal dentro del procedimiento administrativo sancionador”, explicó.
Por ello, no se puede equiparar la situación de una persona que ya pagó y tiene archivada su sanción con la de un transportista cuyo procedimiento todavía se encuentra en trámite. La aplicación concreta del nuevo régimen dependerá de la situación de cada expediente y de la normativa que finalmente sea aprobada.
Roberto Vélez, abogado especializado en regulación de transporte e infraestructura y gerente general de la Asociación A Movernos. (Foto: Difusión)
/ SYSTEM
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Esta distinción también fue planteada por Roberto Vélez, abogado especializado en regulación de transporte e infraestructura y gerente general de la Asociación A Movernos. El especialista considera que, si un procedimiento continúa abierto cuando se apruebe una nueva regulación más favorable, el ciudadano podría beneficiarse del nuevo monto.
Sin embargo, Vélez tampoco plantea que deba existir necesariamente una devolución para quienes ya pagaron. Según explicó a El Comercio, no observa un riesgo legal evidente para la ATU por no devolver esos montos, aunque sí identifica un problema de equidad.
El escenario, sostuvo, puede generar una diferencia entre dos transportistas que cometieron la misma infracción: uno que pagó cuando la multa era más elevada y otro cuyo procedimiento se resuelva cuando ya rija el nuevo monto. “Es un mal mensaje porque termina favoreciendo al que no cumplió y perjudicando al que pagó oportunamente”, señaló.
ATU dice que mantendrá la fiscalización y el internamiento de vehículos
La ATU rechaza que la reducción de las sanciones implique una flexibilización de la fiscalización. Rivera, subdirector de fiscalización y vocero de la ATU, explicó que, además de la multa pecuniaria, los vehículos que incurran en determinadas conductas pueden ser internados en los depósitos de la entidad.
“Esto no debilita. Nosotros mantenemos las acciones de fiscalización en la misma intensidad que hemos venido trabajando”, afirmó a El Comercio.
La entidad sostiene que continuará realizando operativos contra vehículos informales y que el internamiento seguirá siendo una medida preventiva frente a determinadas infracciones.
ATU realizará revisión integral de tablas de infracciones y sanciones para los servicios de transporte. Foto: ATU.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Asimismo, señaló que existen mecanismos de reconocimiento de la infracción y de subsanación voluntaria que permiten, en determinados casos, acceder a beneficios o regularizar la situación.
En particular, la ATU cuenta este año con un programa de regularización de sanciones que contempla descuentos de 90%, 92% y 95%, dependiendo de la gravedad de la infracción, y que estará vigente hasta diciembre.
Según Rivera, alrededor de 1,300 vehículos o personas se han incorporado a la formalidad mediante los mecanismos disponibles. La entidad sostiene que su objetivo es que los conductores y vehículos que cumplen las condiciones puedan incorporarse al sistema formal en lugar de continuar acumulando sanciones.
Para Vélez, reducir las sanciones no resolverá por sí solo los problemas del sistema. Considera necesario revisar también los mecanismos de fiscalización, cobro y ejecución, pues multas muy elevadas que finalmente no se cobran pueden perder su efecto disuasivo.
El abogado propone que la ATU realice un benchmarking con los sistemas de países como Brasil, Chile y Colombia para comparar los niveles de las sanciones y, sobre todo, cuánto efectivamente se cumplen y pagan.
