Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Kevin Arley Acosta, de apenas 7 años, llevaba 24 horas en el hospital, sangrando por la nariz y por un oído después de haberse golpeado la cabeza al caer de su bicicleta en el departamento del Huila, en el centro de Colombia.
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Según le contó la madre del menor al diario El Tiempo, el drama de Kevin y su familia empezó cuando en diciembre de 2025 recibieron una carta de la Nueva EPS, su empresa prestadora de salud, diciendo que el medicamento que el niño recibía para prevenir los episodios de sangrado que le producía la enfermedad ya no iba a estar cubierto por su plan.
El medicamento puede alcanzar un costo de hasta US$11.000 al mes y sirve para reducir los episodios de sangrado que causa la hemofilia, una afección que se caracteriza por que la sangre no produce suficiente agente coagulante, con lo que aumenta el riesgo de hemorragias.
Cuando Kevin se cayó el domingo 8 de febrero y empezó el sangrado, Yudy Katerine corrió al hospital del municipio de Palestina, en el Huila, pero ahí se dio cuenta de que su hijo iba a necesitar ser trasladado a Bogotá.
“Cuando tuvo la caída en la bicicleta, supliqué por el medicamento, supliqué para que me lo trasladaran a Bogotá y no, no fue posible”, le dijo la madre del menor a Caracol Radio, y añadió: “el niño duró 24 horas sangrando por el oído, sangrando por la nariz y ellos no hicieron nada”.
Yudy Katerine Pico tuvo que esperar casi hasta las 5 de la tarde del lunes para que trasladaran a su hijo, quien falleció al poco tiempo de llegar a la capital.
La mujer dijo que culpaba a las directivas de la EPS por la muerte de su hijo: “Ellos son los culpables de la muerte de mi hijo y del dolor que estoy sintiendo porque ellos prácticamente no sienten nada”.
Los comentarios de Petro sobre la responsabilidad de la muerte del niño han generado indignación. (Presidencia Colombia).
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
Gracias a que Pico acudió a las redes sociales para pedir ayuda con su hijo, el caso llegó a los medios de comunicación y terminó siendo discutido en el Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro el 16 de febrero.
“Kevin llegó a un hospital público en el Huila, después de un accidente, desafortunado, porque montó en bicicleta”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”.
El ministro además aceptó que debían esperar a los resultados de la autopsia para saber qué responsabilidades podían atribuirse, en el caso de que hubiera un caso de negligencia.
“Ningún niño se puede morir por negligencia, ni médica, ni porque le falte un medicamento”.
Pero tanto los comentarios del ministro como los del presidente generaron un profundo rechazo en distintos comentaristas, miembros de gremios médicos y, en un país que se acerca a elecciones presidenciales, de opositores al gobierno.
El que fuera ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria, le respondió al presidente en su cuenta de X, diciéndole “cínico y desvergonzado” por “culpar a la mamá y a la familia”.
“Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables”, escribió.
Y para la Defensora del Pueblo, Iris Marín, “Kevin fue una víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud”.
La crisis de la salud ha afectado a todas las EPS del país. (Getty Images).
`; document.body.appendChild(modalWrapper); let figcaption = modalWrapper.querySelector(«figcaption»); if(figcaption) figcaption.style.display=»none»; modalWrapper.querySelector(«.s-multimedia__close-modal»).addEventListener(«click»,()=>{modalWrapper.remove(); e.style.display=»flex»; if(caption) caption.style.display=»block»;});})})});});
El caso de Kevin muestra una problemática que viene en crecimiento, según reportó la Procuraduría en diciembre de 2025: cada vez más colombianos están teniendo que acudir a la acción de tutela para poder recibir los tratamientos que las EPS deberían estar cubriendo.
Para entender qué papel juegan esas EPS, es importante saber que Colombia tiene un sistema de salud mixto, dividido en dos regímenes: el contributivo y el subsidiado.
Eso quiere decir que, según la ley, todos los ciudadanos deben estar afiliados a una EPS dependiendo de su nivel de ingresos.
Estas empresas prestadoras de salud reciben del gobierno una cifra por cada afiliado que tienen, y la idea es que usen esos fondos para cubrir los gastos médicos de sus afiliados ante las IPS, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
El problema en el que actualmente se encuentra el sistema es que las EPS dicen no tener la plata suficiente para cubrir los gastos de sus pacientes, a pesar de que el gobierno nacional dice estar pagando cifras históricas a las EPS.
Una de las acciones más polémicas del gobierno Petro fue intervenir a varias EPS -incluida Nueva EPS, la más grande del país y la que cubría a Kevin Arley- argumentando que la razón por la cual el dinero de los pacientes no alcanza es por los sobrecostos y casos de corrupción.
Pero el reporte de diciembre de la Procuraduría dice que las intervenciones solo sirvieron para empeorar la situación: “En la Nueva EPS, después de la intervención, el costo de prestación de servicios de salud superó los ingresos, pasando del 95,6% en 2022 al 121% en 2023, con un patrimonio que se tornó negativo en -$4,4 billones en 2024”.
