Keiko Fujimori: la historia y claves del “Caso Cócteles”, cuyo juicio acaba de ser anulado por el Poder Judicial

Quizás se trata del proceso judicial más mediático y complejo que ha tenido la política peruana en la última década.

El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, acusó a la lideresa de Fuerza Popular de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Por ello, pidió 30 años y 10 meses de condena, así como 15 años y 5 meses de inhabilitación. La defensa rechazó todos los extremos de la acusación y cuestiona la forma en que el caso llegó a esta fase.

En tanto, la Procuraduría contra el lavado de activos plantea una reparación civil total de S/ 151′063,509.84.

Para el juicio, que inició el 1 de julio del 2024, la fiscalía tenía una lista de 1,031 testigos; mientras que la defensa de Keiko Fujimori 91. Las pruebas documentales también se contaban por los miles. Por ello, estimaba que será un juicio largo y complejo, cuya velocidad final dependía de la frecuencia con que el juzgado realice las audiencias.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional está integrado por Juana Caballero García (presidenta), Nayko Coronado Salazar y Max Vengoa Valdiglesias, quienes fueron los que resolvieron por mayoría el pedido de las defensas para aplicarles la resolución del Tribunal Constitucional a favor de José Chlimper.

A través del juzgamiento, finalmente se buscaba establecer -al menos en primera instancia- si la lideresa de Fuerza Popular es culpable o inocente de estas acusaciones y si los supuestos aportes constituyen lavado de dinero. En el camino, el proceso judicial estuvo marcado por múltiples incidentes y, por el protagonismo político de su principal acusada, ha estado bajo un constante ojo mediático.

La fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal que lavó más de US$ 17,307,359.72 y S/ 18,000. Así consta en al auto de enjuiciamiento, documento judicial de más de 6 mil páginas que resume la acusación y que revisó El Comercio. Ese documento es, además, el que ordena que el caso vaya a juicio.

Según la tesis fiscal, la mayor parte del dinero habría ingresado a través de sus campañas electorales del 2011 y del 2016. Entre ese monto está el presunto aporte de US$ 1 millón de parte de la constructora brasileña Odebrecht, lo que vincula este caso a la trama Lava Jato en Perú. El resto provendría de empresarios nacionales.

Los montos de dinero lavado, según la acusación fiscal

La tesis de la defensa de Keiko Fujimori, ejercida por la abogada Giulliana Loza, es que no se recibió dinero de parte de Odebrecht. En cuanto a los aportes de empresarios nacionales, sostienen que no se trata de dinero de origen ilícito, por lo que no puede haber lavado de activos y que, como máximo, estaríamos ante una falta administrativa.

Las penas más graves solicitadas por la fiscalía son para los integrantes de la supuesta ‘cúpula’ de la organización criminal. Así como con Keiko Fujimori, también se piden 30 años y 6 meses de prisión para los acusados Jaime Yoshiyama, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, José Chlimper y Adriana Tarazona.

Para el resto se pedían penas que van de los 22 años y 8 meses a los 4 años y 6 meses. Entre esos otros acusados están Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, quien se enfrenta a un pedido de 22 años de prisión por organización criminal y lavado de activos, y la propia Giuliana Loza, para quien solicitan 6 años y 6 meses por obstrucción a la justicia.

También figura como acusado el partido Fuerza Popular como persona jurídica, para el que se ha solicitado su disolución. Sin embargo, una ley aprobada por el Congreso este año, con el apoyo de la bancada fujimorista, podría evitar que esa sanción sea impuesta.

*Tras el inicio del juicio el agosto pasado, se retiró la acusación por obstrucción a la justicia

El largo camino del Caso Cocteles

Si bien las indagaciones en torno a las campañas de Keiko Fujimori se pueden rastrear hasta el 2015, el caso como se le conoce hoy tiene su origen en el año 2017. Ese año, en medio del estallido del caso Lava Jato, la fiscalía peruana tuvo acceso a una anotación encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht: ‘aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita’

Conocida esta noticias, el fiscal Germán Juárez Atoche, quien por entonces ya investigaba a Ollanta Humala por presuntos aportes de Odebrecht, inició una investigación preliminar a la excandidata presidencial. Por entonces, Fuerza Popular dominaba el Congreso con una mayoría de 70 congresistas, liderados por Keiko Fujimori.

En septiembre del mismo año, sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez fue asignado a la investigación. Con el correr de los meses, las pesquias no solo se limitarían al presunto aporte de Odebrecht, sino también otros presuntos aportes no registrados en las campañas del 2011 y 2016.

La investigación estuvo marcada por distintos acontecimientos y diligencias. En diciembre del 2017, el fiscal Pérez allanó los locales de Fuerza Popular y en octubre del 2018, obtuvo la detención preliminar de Keiko Fujimori y los principales investigados. Si bien esa medida fue revocada, luego logró una prisión preventiva de 36 meses que sí fue confirmada en segunda instancia.

En el 2019, la Corte Suprema confirmó esa primera prisión preventiva, aunque la redujo a 18 meses. A inicios de ese mismo año, el juez Richard Concepción Carhuancho, inicialmente a cargo del caso, fue apartado y reemplazado con el juez Víctor Zúñiga. Y en noviembre, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de la excandidata.

Poco después, sin embargo, la fiscalía ratificó su pedido de prisión preventiva. En enero del 2020, el juez Zúñiga dictó la medida por segunda vez. Pese a ello, en mayo de ese año y en medio de la pandemia, la sala de apelaciones revocó la decisión. Desde entonces, Keiko Fujimori es procesada bajo libertad con restricciones. Actualmente, no tiene impedimentos para salir de Lima o viajar al extranjero.

En marzo del 2021, el fiscal cerró la investigación y presentó su acusación ante el Poder Judicial. Por entonces, Keiko Fujimori estaba en plena campaña presidencial de primera vuelta. El juez Víctor Zúñiga inició las audiencias de control de acusación en agosto de ese año.

En el control de acusación, el juez devolvió en varias ocasiones el requerimiento a la fiscalía para que se hagan correcciones. Toda esa primera etapa del control terminó en agosto del 2022. Luego, el magistrado rechazó los recursos presentados por Keiko Fujimori y sus coacusados para que el caso sea archivado allí, sin que se llegue a juicio.

Todo ese proceso duró hasta mayo del 2023, cuando terminaron las audiencias de control de acusación. Seis meses después, en diciembre, el juez emitió el auto de enjuiciamiento. En enero del 2024, el juicio fue asignado por sorteo al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la CSNJPE y se programó el inicio para el 1 julio del 2024.

A nivel estrictamente jurídico, el juicio apunta a dar una respuesta a una pregunta que lleva casi siete años abierta: si los presuntos aportes de campaña que recibió el fujimorismo ocurrieron y si son lavado de dinero. Por ahora, el Poder Judicial solo ha autorizado que el caso vaya a juicio para que allí se decida todo. La responsabilidad penal o no de los acusados se decidirá en esta etapa.