La tesis de la defensa de Keiko Fujimori, ejercida por la abogada Giulliana Loza, es que no se recibió dinero de parte de Odebrecht. En cuanto a los aportes de empresarios nacionales, sostienen que no se trata de dinero de origen ilícito, por lo que no puede haber lavado de activos y que, como máximo, estaríamos ante una falta administrativa.
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